Caso Villa: Campelo colabora con la UCO

Laudelino Campelo y José Ángel Fernández Villa en 1997. Foto / Ferrogio.

Xuan Cándano / Periodista.

Mientras José Ángel Fernández Villa sigue recluido en su casa de Oviedo desde que estalló el escándalo al conocerse que se acogió a la amnistía fiscal con una cantidad de 1,4 millones de euros, la Fiscalía Anticorrupción sigue avanzando en sus investigaciones, centradas en la gestión económica del Montepío de la Minería mientras fue su presidente José Antonio Postigo.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que llevan el Caso Villa se desplazan continuamente a Asturias y ya han tomado declaración a numerosas personas, muchas de ellas citadas en los reportajes de investigación de ATLÁNTICA XXII.

Probablemente el colaborador más eficaz que encontraron hasta la fecha es Laudelino Campelo, durante años la mano derecha en el SOMA-UGT de Villa, hasta que se enfrentaron por motivos políticos. Campelo se desplazó a declarar a Madrid a mediados de marzo, pero posteriormente también lo hizo en Oviedo ante los agentes de la UCO en el cuartel de la Guardia Civil del Rubín (Oviedo), donde han establecido su centro de operaciones.

Preguntado por esta revista Campelo fue muy discreto. “Básicamente les conté lo de dije en la Junta General durante mi comparecencia en la Comisión de Investigación, con algunas informaciones nuevas para intentar esclarecer el origen ilícito del dinero de Villa”, se limitó a aclarar.

Pero ATLÁNTICA XXII pudo saber que las informaciones aportadas por el antiguo hombre de confianza del ex secretario general del SOMA son muy apreciadas por los investigadores de la UCO, que comprobaron su autenticidad. Campelo les entregó para corroborar sus palabras variada documentación y también facilitó la declaración de otras cuatro personas.

Entre las personas llamadas a declarar que pasaron por el Rubín también está Salvador Fernández, ex vicepresidente del Montepío minero por CCOO, que se ratificó en todo lo que manifestó en una entrevista a ATLÁNTICA XXII en el número pasado. Asimismo fue interrogado el secretario de administración del SOMA, Aquilino Ronderos.

Pero no todas las personas llamadas por la UCO colaboran en la investigación. No lo hizo por ejemplo Daniela Cosbuc, rumana y ex gerente del hotel del Montepío de Roquetas de Mar (Almería), nombrada y cesada por José Antonio Postigo, con quien tuvo una relación sentimental.

En una de las declaraciones, una de las personas que colabora en la investigación informó a los agentes de la UCO de una supuesta “mordida” de 30.000 euros que habría pagado el empresario minero Rodolfo Cachero a Villa a través de Postigo en el alto de Santo Emiliano, una información de la que ya se hizo eco esta revista (véase ATLÁNTICA XXII número 36, enero de 2015).

Las investigaciones que dirige desde Madrid la fiscal Carmen García Cerdá, que también se ocupa de los Casos Púnica y Terra Mítica, se encaminan hacia la gestión del Montepío y sus obras recientes, no solo las del geriátrico de Felechosa, también las de los centros que tiene en Ledesma (Salamanca), Roquetas y Los Alcázares (Murcia). Durante la presidencia de Postigo en obras en esos lugares se invirtieron unos 47 millones de euros, de los que 31 fueron para la construcción del geriátrico.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 38, MAYO DE 2015