Cerredo, el triángulo del poder negro

Mineros de Cerredo en una de sus muchas movilizaciones recientes. Foto / Marcos Merino.

Jaime Santos / Periodista.

La hulla de Cerredo tiene rentabilidad y gran calidad. Todas las centrales térmicas quieren el carbón de Cerredo por su buen rendimiento térmico, sobre todo ahora que la UE está apretando en los criterios de emisión de CO₂. Al final todo dependerá de cuánto estén dispuestas a pagar por el carbón nacional las multinacionales energéticas que operan en España.

Con el PSOE y el SOMA controlando el triángulo de Cerredo, todo favorecía a la política de explotación de Victorino Alonso, picar carbón de manera salvaje e indiscriminada para cubrir los cupos de producción que dan derecho a recibir las ayudas públicas, el verdadero negocio del carbón español en los últimos años. Por el camino, todo tipo de fraudes y abusos medioambientales y un colectivo, el de los mineros de la cuenca asturleonesa, condenado a vivir bajo la incertidumbre y el chantaje. Se anuncia el fin del carbón, ni Victorino ni el SOMA controlan ya el carbón de Cerredo, su único valedor es ahora el consejero de Industria Graciano Torre y el director de Minas Isaac Pola, ambos de procedencia somática, pero se enfrentan al rechazo general de la población contra Victorino, porque ya se agotó su paciencia.

En el Suroccidente asturiano se recibe el “Caso Villa” como el último clavo en el ataúd del sector, con un ojo puesto en las decisiones de los de arriba y otro en los datos de la Red Eléctrica Española: en agosto de 2014, récord de visitantes turísticos, el 25% por ciento del mix energético español fue carbón, datos que parecen de épocas pasadas. La Agencia Internacional de la Energía anuncia que de aquí al 2040 aumentará la quema de carbón en el mundo.

Pero no menos paradójico son los resultados de Cerredo en este último año en el que la explotación no estuvo gestionada por Victorino Alonso sino por un despacho de abogados concursales. 200 trabajadores de interior son capaces de extraer puntualmente 25.000 toneladas mensuales, que se envían directamente a las centrales,  y toda la plantilla cobra regularmente a final de mes, incluidos algunos atrasos. Son muchos los que se preguntan por qué durante los años de Victorino todo era ruina y conflictividad.

A pesar de haberse estrellado contra el Gobierno de Rajoy en las negociaciones de 2012, de haber perdido la presidencia de Carbunión y de que el comité de empresa de Cerredo ya no está controlado por CCOO ni por el SOMA, sino por la USO, Victorino Alonso y su mano derecha, Gerardo Biaín, apuestan muy fuerte al poner en concurso de acreedores sus principales empresas mineras, Uminsa y CMC, el coto de Cerredo. Uminsa está a punto de salir del concurso, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que las mayoría de las empresas acreedoras de Uminsa son del propio Grupo Alonso. Pero CMC es otra historia. Los abogados concursales de Insolvency & Legal, un despacho de Madrid, trasladaron a los trabajadores las ofertas de tres empresarios para comprar la explotación subastada. Los trabajadores de Cerredo votaron en contra de los intereses de Victorino. El Coto iría a parar al polémico empresario Rodolfo Cachero. Como en una peli de villanos, Alonso sintió que su archienemigo le había “levantado” su más preciada posesión.

El Principado y Victorino

Sin embargo no parece cercano el día en que Cachero ponga sus manos sobre el carbón de Cerredo. Victorino disputa en los despachos sus derechos sobre el Coto con dos únicos aliados, el consejero de Industria del Principado y su director de Minas, hombres de confianza del SOMA. Graciano Torre e Isaac Pola se reunieron este pasado verano con algunos  trabajadores del Coto afectados directamente por la gestiones del Principado. Allí se escucho a Torre desprestigiar a los abogados concursales y a la USO, y a Pola esgrimir intrincados argumentos técnicos para trasladar el mensaje de que “nos guste o no, hay que tragar con Victorino”. La última decisión de la Consejería prolonga aún más los plazos de adjudicación para que la mina vaya a parar a Cachero, más tiempo para que Victorino maniobre. Mientras Cachero, por su parte, aún no ha sido capaz de conseguir los avales para hacerse con la adjudicación, y eso que estamos hablando de menos de 3 millones en cuatro plazos. Su pasado tortuoso con Hacienda, que le llevó a la cárcel, podría estar detrás de estas dificultades para conseguir avales económicos.

El juez del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid que instruye el caso acaba de expresarse. La mina no irá a parar a Cachero mientras éste no ponga los papeles en regla, pero tampoco será de Victorino, de momento. “Si hay que seguir un año más bajo la administración concursal, por mí no hay problema, dijo el juez, al menos así se garantizan un año más los puestos de trabajo”. En el colectivo un deseo mayoritario: que sea el Estado a través de Hunosa quien se haga con los recursos de la mina más moderna y rentable de España.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 35, NOVIEMBRE DE 2014