Ya no se trata de hipotecas entre ciudadanos y bancos, sino de ciudadanos enfrentados por un arrendamiento. El 80% de los problemas donde interviene la PAH son impagos por alquileres. Mientras tanto, el Gobierno regional carece de suficientes pisos de emergencia
Javier Fernández | Periodista
Artículo publicado en el número 61 de nuestra edición de papel (marzo de 2019)
La escena es difícil de digerir: cuatro personas, dos adultos y dos niños, viviendo todos juntos en el salón de la abuela de la familia. Han acabado allí tras ser desahuciados por no pagar el alquiler, sin tiempo ni recursos para encontrar otro piso o mudarse a un hogar de emergencia. Otra escena simultánea: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) peleando por evitar que desahucien a una chica con discapacidad que sufre además una enfermedad rara, aún sin diagnóstico concreto, pero incapacitada para trabajar. Y por lo tanto, para afrontar el pago del arrendamiento. El escenario de estos dos últimos dramas es Gijón, pero la historia, con matices, se repite por toda Asturias: una pareja de Mieres, de 21 y 19 años, sin ingresos y a punto de quedarse sin vivienda porque que no cumplen los requisitos para recibir una ayuda.
Los desahucios se producen ya mayoritariamente por incumplimientos con el alquiler, no con las hipotecas. La media el año pasado fue de dos al día. El 80% de los casos en los que intervienen los activistas de la PAH tienen por causa impagos en alquileres. La PAH cree que tanto el Gobierno autonómico como los Ayuntamientos podrían hacer mucho más para atajar esta problemática.
Paradójicamente, al mismo tiempo la Sareb, el banco malo al que fueron a parar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria miles de promociones con difícil venta o con préstamos de complicado cobro, todavía intenta deshacerse de 470 pisos en Asturias, aparte de 670 terrenos, y unos 960 trasteros y plazas de garaje. Sin embargo, el Principado no quiere utilizar esos pisos para aumentar su parque de vivienda de emergencia.
La Sareb le ofreció 25 residencias al Gobierno asturiano, al que no le convencieron unas condiciones que sí aceptaron otras administraciones en España, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander. El Principado debía abonar un alquiler mensual, pagar el 50% de los arreglos de aquellos inmuebles en los que se necesitase hacer obra y pagar el 100% del IBI. Fuentes de la Dirección Regional de Vivienda apuntan apuntan que la mitad de esas viviendas se encontraban ocupadas de forma irregular y le correspondería al Ejecutivo regional regularizar su situación. También, que la mayoría de los pisos se encontraban en zonas rurales con escasa demanda de viviendas de emergencia. Así que el Ejecutivo consideró más adecuado destinar los fondos a ofrecer en alquiler pisos.
“CONTROLAR EL PRECIO Y GENERAR EMPLEO ESTABLE”
Los números son bastante preocupantes: 584 desahucios por alquiler entre enero y septiembre del año pasado, frente a los 189 que se produjeron por impago de hipoteca en el mismo periodo, según recogen las estadísticas judiciales.
Para la PAH, las instituciones “no están dando respuesta y están dejando a la gente a la calle”. Miguel Ángel García, miembro de la plataforma, augura “un 2019 todavía peor que en el inicio de la crisis” si no se hace algo urgente. Y señala dos direcciones: propiciar empleo estable, por un lado, “y crear vivienda pública, algo por lo que nuestros gobernantes no apuestan”. Sin embargo, “en los lugares donde hay mucha oferta pública se consigue que los precios sean más asequibles”.
Muchas familias de las que se están quedando en la calle pueden afrontar la mensualidad de un arrendamiento, pero no otros gastos complementarios, o cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, la fianza que piden la mayor parte de los propietarios, un aval o una nómina con un sueldo que dé al dueño confianza suficiente y no le genere reticencias que impidan cerrar la operación. Para la PAH, habría que buscar salidas a estas dificultades que facilitasen el alquiler a ambas partes.
Asimismo, ante el aumento de los casos de desahucios los activistas han tenido que adaptar sus formas de actuar. En el caso de las hipotecas se enfrentaban a los bancos. Ahora, en buena parte de las ocasiones, los propietarios dependen del alquiler para pagar otra hipoteca o para afrontar gastos de primera necesidad: “Ya no tienes delante a una entidad que ha estafado a miles de clientes y te encuentras con un particular, lo que impide negociar que se siga viviendo en la misma casa a cambio de un alquiler social”, resume Miguel Ángel García, que pide mucha más implicación y atención por parte del Principado de Asturias que, por su parte, se compromete a “mantener la filosofía de atender siempre a la PAH, como ha hecho hasta ahora”.
LO QUE LA SAREB YA A COLOCADO
Al mismo tiempo que se intensifica la lucha contra los desahucios, la Sareb se esfuerza por vender sus pisos. Desde 2013 ha logrado vender 1475 unidades a cambio de unos 76,6 millones de euros por en Oviedo, Gijón, Avilés, Ribadesella, El Berrón, Colunga y muchas otras localidades. Menos de las 2100 que aún posee. En el último lustro sus mejores ventas se dieron en 2017, cuando se obtuvo 21 millones de euros por 392 unidades. Un ritmo de ventas que cayó el año pasado cuando, hasta septiembre, se habían vendido 96 inmuebles por 3,8 millones. Así, mientras unos intentan vender lo que les sobra, otros luchan para que a nadie le falte. Y la paradoja de las casas sin gente y la gente sin casas se perpetúa.
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