El plan para financiar a los sindicatos mineros

Villa tenía fama de gran negociador. Aquí aparece firmando un acuerdo con Hunosa, con José Antonio Postigo animándolo por detrás. Foto / Mario Rojas.

El tercer Plan del Carbón y los polémicos fondos mineros, una lluvia de dinero de medio billón de las antiguas pesetas, no consiguieron sus objetivos, pero sirvieron para financiar a los sindicatos mineros y a los propios sindicalistas que participaron en una negociación que duró un año. Lo cuenta en este artículo un testigo de excepción, el periodista asturiano Manuel Fernández, asesor en aquellas fechas del Ministerio de Industria.

Manuel Fernández / Periodista.

En mi primer encuentro -en diciembre de 1996- con el secretario de Estado, Nemesio Fernández-Cuesta, me hizo entrega del Plan de Comunicación del Carbón en el que, además de incidir en la idea de que ese mineral costaba al año más de 200.000 millones de pesetas a todos los españoles, era un combustible del siglo XIX, por lo que “el futuro pasa por exigir un desarrollo económico alternativo para las cuencas mineras”. 300.000 millones de pesetas iba a destinar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -propietaria de Hunosa- a crear un nuevo tejido industrial en las cuencas mineras españolas.

Ya sabía en qué iba a consistir mi trabajo y las dificultades con las que me podría encontrar con los políticos cuando me incorporé, a primeros del año 1997, como asesor para temas de Asturias y León, al Ministerio de Industria y Energía. La primera vez que me reuní con el jefe de Prensa del ministro Josep Piqué, el periodista vasco Iñaki Garay, me dijo sin inmutarse:

– El problema de los desórdenes de los mineros los resuelve la Guardia Civil.

Mi desaliento fue entonces muy grande al comprobar, además, que los periódicos asturianos no llegaban hasta la una de la tarde  y los leoneses ni se compraban, a pesar de la importancia de sus cuencas y de las nocivas influencias políticas del inefable Victorino Alonso, que utilizaba a los diarios leoneses como arma arrojadiza contra el Gobierno, y del que sabido era que mezclaba el carbón importado de sus minas en Ucrania con el extraído de sus empresas en León, para cobrar las subvenciones oficiales por producción, aunque el Gobierno del PSOE siempre había mirado hacia otra parte. Aunque el juez leonés Ireneo García Brugos ya había iniciado hacía años un procedimiento judicial por las graves irregularidades de este empresario que se había declarado insolvente -al declararse poseedor solamente de un viejo ciclomotor y un revólver marca Astra- a pesar de que su oculta fortuna estaba valorada en más de 20.000 millones de pesetas. En 1996 ya debía de tener algo más que eso porque hasta lanzó una temeraria propuesta para comprar Hunosa.

Pocos días después de mi llegada al Ministerio comenzaron oficialmente las negociaciones del tercer Plan del Carbón con vigencia entre los años 1998 y 2005, que, de manera discreta, ya se había pactado anteriormente.

Cuando se les hizo entrega a los sindicatos del borrador con el plan, le pregunté a la directora general de Minas, Paloma Sendín, si también se lo había hecho llegar al presidente del Principado, Sergio Marqués, al que no le iba a hacer gracia alguna enterarse por los periódicos. Sendín, de mala gana, me hizo caso mandándolo por fax. Pero se fue del despacho antes de que finalizara la transmisión del extenso documento, el fax se atascó y el presidente asturiano montó en cólera ante la descortesía institucional del Ministerio. Así que a la sorprendentemente larga lista de enfrentamientos de Marqués con el Arzobispado, la Universidad, los alcaldes mineros que coordinaba Vicente Álvarez Areces desde el Ayuntamiento de Gijón y los sindicatos añadió también a los responsables del Ministerio de Industria.

Horarios de conveniencia y formación

A mí me sorprendía que las largas reuniones no se iniciasen por la mañana, sino que solían empezar después de las cinco de la tarde y nunca acababan antes de las diez de la noche, lo que impedía a los representantes de los sindicatos mineros llegar a tiempo para coger el último avión de retorno a Asturias.

Como en el Ministerio no eran capaces de darme una explicación sobre el sorprendente horario de reuniones llamé a Asturias a un amigo experto en costumbres mineras y me lo dejó muy claro:

– A la salida de todos los pozos siempre hay un chigre y una casa de putas.

En Madrid había tenido la suerte de encontrar un magnífico piso en la otra acera del Ministerio, con alquiler a muy buen precio. Desde las ventanas de mi vivienda en el número 5 de la calle Alberto Alcocer podía observar, todos los días que había reuniones, cómo poco antes de las cinco de la tarde salían del lujoso restaurante navarro Señorío de Alcocer los representantes de los sindicatos mineros fumándose un puro tranquilamente camino del Ministerio de Industria. Este lugar era habitualmente frecuentado por Florentino Pérez y clientes del mundo financiero, por lo que conductores y guardaespaldas formaban siempre un grupo a las puertas del afamado restaurante, en el que nunca puse los pies.

Aunque las negociaciones oficiales con los sindicatos mineros las llevaban Fernández-Cuesta y Sendín, lo cierto es que, cuando se planteaba algún problema insalvable, Piqué se reunía a solas antes con el presidente de FIA-UGT, Jesús Urrutia García, y con el representante de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ya que eran amigos desde hacía muchos años. Fernández-Cuesta ese tipo de problemas los resolvía de otra manera. En las reuniones periódicas que mantenía el secretario de Estado con Iñaki Garay, el director de Comunicación de la SEPI Luis Hernández López y conmigo nos decía:

– Tengo un escollo en las negociaciones que creo voy a salvar dándoles 500 millones de pesetas más para cursos de formación.

Además de negociar, paralelamente los Ayuntamientos mineros presentaban sus solicitudes de proyectos con cargo a los fondos previstos para la reactivación de las comarcas afectadas por el cierre paulatino de los pozos. Cuando llegaban a mi mesa me quedaba perplejo por lo que solicitaban: polideportivos, quioscos de música, nuevos edificios para los Ayuntamientos, pavimentación de calles… Con esas obras, evidentemente, no se iba a crear un nuevo tejido industrial en las cuencas. Hasta que tomó cartas en el asunto el todopoderoso José Ángel Fernández Villa y fijó sus prioridades: un Campus universitario en Mieres y la autovía minera entre Langreo y Gijón.

Un día Piqué -una persona muy inteligente que sabe escuchar- me preguntó:

– ¿A cuánto está Mieres de Oviedo?

– A menos de diez minutos, ministro.

– No entiendo nada. ¡Si se tarda mucho más desde el Ministerio de Industria hasta la Universidad Complutense!

Entre los proyectos que fueron aprobados en aquellas negociaciones estuvo la concesión de una subvención, con cargo a los fondos mineros, de 100 millones de pesetas para la construcción en el Naranco de la nueva clínica de los oftalmólogos Fernández-Vega. A Oviedo se le consideraba municipio minero por Olloniego.

Jesús Urrutia tiempo después me contó que cuando Fernández-Cuesta puso sobre la mesa el primer borrador del susodicho plan, los sindicatos no se podían creer que un Gobierno de derechas les ofreciese de mano mucho más de lo que ellos esperaban conseguir durante las negociaciones. Atrás habían quedado los enfrentamientos con el Gobierno de Felipe González, las huelgas y hasta el famoso encierro en el pozo Barredo en las navidades del año 1991, como protesta por el cierre de las minas de carbón.

Pero eso nunca se lo contaron a los medios de comunicación que esperaban al final de cada reunión. Lo que hicieron los sindicalistas fue tirar del hilo y escenificar todo tipo de desencuentros con encierros en el Ministerio y manifestaciones de protesta con explosiones de petardos que alarmaban a los servicios de seguridad del Ministerio -que tenían un auténtico pánico a las concentraciones de los “bárbaros” mineros, como así los calificaban-, así como también paros y huelgas en los pozos, lo que hacía frotarse las manos a los responsables de la SEPI, ya que cada día de ausencia del trabajo, al no ser retribuida la jornada, la empresa se ahorraba mucho dinero.

El SOMA siempre combinó con éxito negociación y movilización. Foto / Pablo Lorenzana.

La impunidad de Victorino

Durante aquellos meses de interminables negociaciones, Fernández-Cuesta nos expuso a los asesores de Comunicación del Ministerio el problema que desde hace años existía con el empresario Victorino Alonso. Le animamos a exponer todos los datos ante el Congreso. Y así lo hizo manifestando en una comisión que resultaba “difícil de entender que un grupo de empresas mineras que en 1996 había ingresado 50.000 millones de pesetas tuviese unas pérdidas de 264 millones, a pesar de tener unos recursos propios de 10.000 millones. Y que, además, prosiga con su política expansiva con la adquisición de nuevas empresas mineras con una fe ímproba en su futuro, a pesar de que el negocio de la minería no tiene futuro porque la norma comunitaria marca un descenso de actividad”. El secretario apuntaba que la paradoja se explicaba por las subvenciones estatales, a pesar de que Victorino mezclaba el carbón nacional con el extranjero, lo que denunciaba Unión Fenosa, sin olvidar su habilidad para conseguir líneas de crédito en bancos gestionados por sus amiguetes. La clave está ahí: en otras vías. Pero -por razones que ignoro aunque me supongo- la valiente denuncia oficial de Fernández-Cuesta no tuvo la acogida esperada por parte de los congresistas, que volvieron a mirar hacia otra parte.

Así que con todo ese tinglado de pura teatralidad la negociación duró casi como un embarazo. El denominado “Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras” fue suscrito el 15 de julio de 1997 por el ministro y los sindicatos FIA-UGT (Jesús Urrutia) y CCOO (Ignacio Fernández Toxo). Con este plan se aseguraba el futuro de Hunosa, al menos hasta 2005, y se instauraba la creación de un cuantioso fondo que se acercaba hasta el medio billón de pesetas para compensar el ajuste que iba a sufrir la minería con el paulatino cierre de pozos y para tratar de crear un nuevo tejido industrial para las comarcas mineras. Uno de los capítulos a los que fue destinado el dinero fue el de los fondos mineros para la formación en las cuencas y, de manera muy especial, para tratar que las nuevas generaciones tuvieran unas perspectivas mejores que las de sus padres y abuelos. De ahí la creación del Campus de Mieres al que por entonces pensaban -el rector de la Universidad de Oviedo, Julio Rodríguez, entre otros- darle el nombre de José Ángel Fernández Villa.

Con el fin de gestionar tan cuantiosos fondos mineros fue constituida la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (Fundesfor) con la finalidad esencial de fomentar y facilitar la educación y la capacitación profesional en las cuencas.

De acuerdo con los trámites oficiales, el Gobierno de Aznar lo remitió a Bruselas para la aprobación de la Comisión Europea, pero solo fue aceptado en parte, ya que se reconoció su vigencia hasta 2002, cuando expiraba el tratado CECA por el que se regía la industria carbonera europea. Y la UE fijó una plantilla de 6.000 trabajadores en Hunosa para el año 2001, al no aceptar las 1.060 nuevas incorporaciones pactadas con los sindicatos. Asimismo, Bruselas rebajó en 600.000 toneladas la producción de la hullera asturiana, quedando en millón y medio de toneladas.

Sindicalismo gratis total

Parece oportuno recordar que aquel plan contemplaba 9.246 millones de euros para fondos mineros con ayudas para reducir la capacidad de producción, prejubilaciones a partir de los 52 años, ayudas como contraprestación por renuncia a los derechos laborales, al transporte entre cuencas, al almacenamiento, al desarrollo alternativo y a la formación, con becas para los habitantes de los municipios mineros.

Debido a la negativa de la UE, en el otoño de 1997 los sindicatos mineros volvieron a exigir al Ministerio el cumplimiento del pacto suscrito, por lo que a finales de noviembre se volvió a abrir una nueva negociación con el futuro de Hunosa como plato principal sobre la mesa.

Esto era algo que ya habían previsto los sindicatos dado que -anteriormente a la firma del tercer plan- en la primavera de 1997 se habían realizado unas discretas negociaciones paralelas entre la dirección de Hunosa y la SEPI sobre la continuidad de la hullera asturiana, a fin de evitar como fuera lo que se consideraba su cierre inmediato. En el chalet de la SEPI en Los Peñascales (Torrelodones), el 21 de mayo de 1997, habían firmado el llamado “Pacto de Los Peñascales”. Las bases para el nuevo contrato-programa establecían que Hunosa y Minas de Figaredo pasarían de los 10.000 puestos de trabajo a unos 7.000 en 2001. También estaba prevista la prejubilación de 4.000 trabajadores a partir de los 52 años y la contratación de 1.060 nuevos empleados en lo que se denominó “saca y mete”, además de la reducción a 2.100.000 toneladas de la producción.

Tres meses se tardó entonces en volver a llegar a un acuerdo final que pudiera ser aceptado por la UE. Aquellas últimas negociaciones no se realizaron en el Ministerio, sino que culminaron de nuevo en la finca de Los Peñascales, a la que no tenían acceso los periodistas. La partida ya había sido jugada y todos se sentaron para firmar el principio de acuerdo que luego fue refrendado en las asambleas celebradas en los pozos mineros. En aquellos tiempos Fernández Villa aseguraba que la actuación policial durante todo el proceso había sido “desmedida y sin precedentes” para reprimir a los trabajadores y no se olvidó de recordar el “alto precio” que habían pagado los mineros durante el conflicto, en el que falleció un picador cuando participaba en la colocación de una barricada en Ujo, arrollado por un automóvil.

Finalizadas las negociaciones de aquel tercer plan que, entre unas y otras cosas, se alargaron durante un año, Jesús Urrutia García no quiso aceptar la propuesta de ir a organizar a los sindicatos en Latinoamérica y dio un paso atrás. Después se pasó a la política, donde fue director general y consejero de Industria en el Gobierno de Vicente Álvarez Areces. Un aries como él, nacido un 6 de abril, vio tanto que optó por retirarse con toda la discreción del mundo a su casa natal de Prendes, en Carreño. Y no se ha sabido nada más de su vida pública.

También yo quedé estupefacto cuando me informaron en el Ministerio de Industria de que también habían pagado -no sé ni quién, ni cómo, ni cuánto- todos los cuantiosos gastos de “representación” de los líderes de los sindicatos mineros con viajes, hoteles, comidas, cenas y demás durante todo el largo proceso negociador. Tan desalentado como cuando llegué, entendí que ya había cumplido con la labor que me había pedido el vicepresidente primero del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos y cuando el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras Díez, me ordenó que me trasladase a la sede principal en el palacete de la plaza del Marqués de Salamanca no lo dudé. Y para allí me fui. Pero esa es otra historia.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 35, NOVIEMBRE DE 2014