Guerra sucia en el servicio de limpieza del HUCA

Una limpiadora en el HUCA. Foto / Mario Rojas.

El conflicto de las trabajadoras eventuales de limpieza en Lacera, la adjudicataria subrogada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), está desatando las desavenencias en el comité de empresa, integrado por la CSI, CCOO, UGT y USO. Las limpiadoras dicen sentirse envueltas en una batalla sindical que claramente perjudica a sus reivindicaciones.

Luis Feás Costilla / Periodista.

Las discrepancias surgieron después de que Lacera resultara adjudicataria del servicio de limpieza del nuevo HUCA en mayo de 2014. Antes del concurso, el comité de empresa había firmado un acuerdo de subrogación con Eulen, anterior adjudicataria del servicio en el antiguo hospital. La empresa haría las contrataciones que por causa de jubilaciones parciales, interinidades o eventualidades se produjeran en el mantenimiento del hospital conforme a una lista de empleadas por orden de antigüedad que Lacera se comprometió a respetar.

La mecánica de contratación hasta entonces consistía en entrar en el hospital como trabajador eventual para, en función de la antigüedad comprobable, acabar siendo fijo. Pero muy pronto se empezó a ver que la compañía no estaba cumpliendo su compromiso de incrementar su plantilla. Ni siquiera cubría las vacaciones y las bajas, como hizo el primer año, lo que podría tener como consecuencia el descuido de la higiene “de espacios críticos, como quirófanos, las UVI y las plantas”, según denunciaba ya en septiembre de 2015 la Corriente Sindical de Izquierda (CSI).

El personal eventual se contrataba para cubrir bajas o vacaciones. En ocasiones la lista de eventuales se agotaba y había que acudir a trabajadores externos para cubrir tales vacantes. Para las jubilaciones parciales se acudía a la lista de eventuales para cubrir al menos el 50% de los puestos, mientras que el porcentaje restante lo cubría la empresa, que pronto empezó a utilizar con preferencia este procedimiento, llamando a gente ajena al personal eventual de la lista, cuyo coste resultaba más rentable. Lacera dejó de contratar a personal eventual subrogado cuando se producían las vacantes, privando a este personal de la posibilidad de hacerse fijo.

Lo que hace Lacera, a través de su filial Lacera Integra, que contrata a personas con discapacidad, es “cambiar trabajo eventual con derechos por trabajo barato y subvencionado, enfrentando a las trabajadoras entre sí”, según denunciaron las afectadas y el diputado de Podemos Enrique López en una reciente comparecencia en la Junta General del Principado. Se incumplen las cláusulas de subrogación porque “se busca lo de siempre en estos casos: abaratar costes promoviendo contrataciones subvencionadas, con salarios muy bajos, incluso por debajo del SMI”.

Además, criticaron la “nula eficacia” de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, GISPASA, para controlar situaciones como ésta, al tiempo que mostraron su desacuerdo con la “absoluta permisividad” del Servicio de Salud del Principado de Asturias, SESPA, para permitir casos de precariedad laboral e incumplimiento de acuerdos y contratos firmados que obligaban a la subrogación sin trampas.

Hace tiempo que la Administración asturiana subcontrata estos servicios, que hasta hace no mucho eran plenamente públicos, pero el Gobierno socialista asturiano fue eliminando paulatinamente las plazas públicas, hasta poner en manos de subcontratas privadas la gestión de la limpieza en los centros hospitalarios, como también lo va haciendo en los centros educativos, en los del ERA, etc.

Conflicto colectivo

Tras las elecciones en el comité de empresa a principios de 2016, en las que la CSI obtuvo la mayoría simple, se decidió emprender un conflicto colectivo, al que no se adhirió el resto de los sindicatos representados, CCOO, UGT y USO. Al mismo tiempo, los trabajadores de Lacera, que son en su mayoría mujeres, denunciaban públicamente la existencia de personal nuevo que “no coincide” con el que ficha, la firma de “cursos de formación que no se hicieron” y una carga de trabajo “imposible de realizar”.

Se dan días, aseguran las empleadas, en que quedan hasta 15 puestos sin cubrir, lo que hace que el personal haya tenido que salir de zonas infecciosas para tener que atender otras zonas críticas como las UVI o los quirófanos, “con el riesgo que eso conlleva”. Asimismo señalan que las trabajadoras se ven obligadas a utilizar “productos tóxicos que producen erupciones cutáneas, irritación en los ojos y problemas respiratorios no solo al personal de limpieza, sino también al sanitario”.

El conflicto colectivo se resolvió en una sentencia de fecha 26 de noviembre de 2016 en la que la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, Paloma Martínez Cimadevilla, estimaba parcialmente la demanda interpuesta por las trabajadoras y la CSI. El fallo dejaba claro que Lacera debía cubrir sus contrataciones, “tanto de carácter indefinido como de obra o servicio”, con los eventuales subrogados del viejo hospital por orden de lista de antigüedad en el centro, como lo fijaron los acuerdos firmados en su día. Lo que no impidió que a principios de diciembre la empresa adjudicataria cubriera casi una decena de jubilaciones parciales con personal nuevo y no con las eventuales subrogadas por orden de antigüedad.

Según las portavoces de este colectivo, la empresa sigue a día de hoy sin respetar las sentencias judiciales y no está llevando a cabo la incorporación a su plantilla del centenar largo de operarios eventuales que trabajan en el centro sanitario, que en su mayor parte superan los 45 años y se ven condenados “a la precariedad” con salarios que en algunos casos no pasan de los 200 euros mensuales, a pesar de que algunas llevan más de 11 años de servicio en el HUCA. De los 3.823 contratos que Lacera realizó entre 2014 y 2016, 3.217 fueron de menos de un mes de duración. En 2016, el 42,8% de los eventuales subrogados no tuvieron ningún tipo de contrato.

Divide y vencerás

Pero lo que podría parecer un conflicto laboral más, librado en tiempos de privatizaciones, se está enconando especialmente por la guerra existente dentro y fuera del comité de empresa, que enfrenta no solo a la Corriente Sindical de Izquierda con los sindicatos hegemónicos, como viene siendo habitual de un tiempo a esta parte en muchas de las empresas más importantes de Asturias, sino a las trabajadoras y sus representantes legales con las centrales sindicales, incluida la CSI.

Las trabajadoras critican la actitud de CCOO, UGT y USO, que no quisieron adherirse al conflicto colectivo “aun sabiendo que Lacera debía respetar esos acuerdos, tal y como marca la ley de subrogación de empresas”. Aseguran que la razón ofrecida por estas organizaciones fue que las trabajadoras querían acudir con sus propios abogados y no obligatoriamente con los de los sindicatos, condición que no aceptaron las centrales.

Solo la CSI aceptó que la representación legal de las trabajadoras la llevaran Éfeso Abogados y además correr con el 50% de los gastos. Pronto comenzaron los enfrentamientos, con acusaciones como que por la demanda no iba a poder haber más prejubilaciones, ni contratar más indefinidos, junto a “bulos e informaciones falsas y tergiversadas”, que culminaron cuando, según las eventuales subrogadas, se celebró el juicio y en los pasillos los representantes de CCOO, UGT y USO se colocaron “físicamente y en animada charla” al lado de la empresa. “Es vergonzoso tener unos representantes sindicales que no solo no cumplen con sus obligaciones sino que encima se dedican a socavarnos el ánimo y torpedearnos de todas las manera posibles”, afirman.

Tras la sentencia, las discrepancias giraron en torno a la lista de trabajadoras eventuales subrogadas. La jueza solo admitió uno de los documentos que en su momento entregó el comité de empresa a Eulen, en el que faltaban 63 empleadas. Esto motivó un segundo conflicto colectivo presentado ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) el 21 de febrero de este año, en una mediación que se celebró en dos sesiones, la primera el 28 de febrero.

En la segunda, realizada el 16 de marzo, la empresa Eulen reconoció la existencia de un listado en el que hay registrados 145 trabajadores eventuales, al tiempo que dijo que en el acuerdo con Lacera había una lista de trabajadores “subrogables” en la que solo figuraban los 74 empleados eventuales que estaban prestando el servicio en la empresa en el momento de la firma, el 12 de mayo de 2014. Según las trabajadoras, eso se hizo así para que los sindicatos que entonces controlaban el comité de empresa “pudieran meter a los suyos”.

Lacera solicita que conste en acta que esa relación de 145 trabajadores no fue la que le fue entregada en el momento de la subrogación, pero dice estar dispuesta a considerar el cumplimiento de la contratación de eventuales que hayan acumulado más tiempo en el centro siempre y cuando la CSI “rectifique todas las acusaciones efectuadas contra la empresa por los incumplimientos de los acuerdos”. La sesión se cierra sin entendimiento y con una fuerte división entre quienes habían promovido el conflicto.

Las trabajadoras eventuales acusaron a la entonces presidenta del comité de empresa de Lacera, María Jesús Suárez, de la Corriente Sindical de Izquierda, de haber demostrado “su falta de capacidad de diálogo, de negociación, de proponer y de resolver, debido a su más que conocido afán de protagonismo y orgullo”. No “porque no haya aceptado firmar, sino por el desprecio con que nos trató a los trabajadores afectados que allí estábamos presentes e incluso a los propios abogados que han llevado el conflicto”.

Calificada de “dictadora y tirana”, Suárez dice entender la reacción, comprensible en gente que “se está jugando el pan de cada día”. El resto de los sindicatos presentes en el comité de empresa aprovechó la circunstancia para apartar a la CSI (que está en minoría, con 5 de los 13 representantes) de la presidencia y de la secretaría, que desde el 4 de abril pasaron a manos de CCOO y USO. Las acusaciones de connivencia con la empresa son cruzadas.

Ya no se trata pues de un conflicto con la Administración y la concesionaria, que también, sino dentro del propio comité de empresa. Y entre los trabajadores, promoviendo la disputa entre fijos frente a temporales. Las limpiadoras eventuales dicen sentirse muy, muy solas, mientras los responsables de la empresa subrogada se frotan las manos y se aprovechan, jugando hábilmente con el “divide y vencerás”.

El último episodio del conflicto al cierre de este artículo son varias reuniones entre comité y empresa tras las que parece que Lacera está dispuesta a cumplir pero cambiando la aplicación del acuerdo y computando el tiempo de permanencia según los días trabajados en el HUCA, en vez de seguir las vidas laborales y aplicar el día de entrada en el hospital, como siempre se había hecho. Con ello se pretendería dejar en casa y sin trabajar a quienes han encabezado la protesta, que dicen estar siendo “apartados, estigmatizados y represaliados”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 50, MAYO DE 2017