La concertada vuelta al cole

Una escena de la vuelta al cole. Foto / Mario Rojas.

Este curso es más concertado que nunca, pero no precisamente porque la LOMCE, la contestada Ley Wert que entra en vigor este curso, haya traído consenso a la comunidad educativa. El Gobierno del PP potencia y blinda los conciertos educativos, o sea, los negocios privados en las aulas y la financiación indirecta de la Iglesia católica.

Patricia del Gallo / Periodista.

En un país laico como España, donde la educación por derecho constitucional ha de ser pública y gratuita, han ido aumentando en los últimos años las unidades en los colegios concertados, la mayoría católicos, una mixtura jurídica entre el negocio y el tutelaje de las instituciones que solo prospera en nuestro país, convertido, también en esto, en una isla dentro de Europa. En los últimos cinco años la media de alumnado en la educación pública ronda el 68 %. En países como Finlandia o Alemania llega al 95%.

Gobiernos de distinto signo justifican desde hace años los conciertos educativos en el supuesto derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y en que la pública no cubre la demanda. Así, en España se ha ido tejiendo una tupida malla de centros privados que viven gracias a los acuerdos con el Estado, desde que en 1985 da rango legal a los conciertos educativos. Las subvenciones se justificaban como complemento a una red pública que no era capaz de atender una creciente demanda de plazas escolares, primero por el fuerte crecimiento demográfico -era la época del “baby boom”- y también por la ampliación de los años de escolarización obligatoria.

Hoy en día sindicatos y colectivos como el Movimiento por la Escuela Pública en Asturias aseguran que los Gobiernos han ido perpetuando los conciertos porque les interesaba mantener el sistema clasista imperante, donde la educación concertada lleva implícito un cierto estatus social, por lo que supone de contribución indirecta a la Iglesia y por el negocio incipiente en que se han convertido las aulas. Este sistema, sumado a los recortes constantes a los que la crisis económica está sometiendo a los colegios públicos en España (los sindicatos cifran en 61.000 los profesores perdidos desde 2009), provoca que sean cada vez más las voces que están cuestionando la figura del concertado.

Moyano, Franco y el PSOE

Para la Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada, en cambio, este modelo forma parte ya de la cultura de nuestro país. Y eso es cierto. Data de 1857, cuando se aprueba la Ley Moyano. Se pretendía con ella poner fin al analfabetismo que por entonces había en España. Para lograrlo se permitió la proliferación de un gran número de centros de enseñanza privada bajo el paraguas católico, que siguió en auge hasta la llegada de la II República. Hubo un parón hasta el franquismo, una época en la que se volvió al modelo Moyano, vigente hasta que en 1970 se aprueba la Ley Villar Palasí, también por el nombre del ministro del ramo, que potenciaba esos centros. La escolarización era todavía muy baja por aquel entonces y las autoridades educativas argumentaban que el Estado no sería capaz a corto plazo de atender a la cada vez mayor demanda de plazas.

Y así hasta la actual Constitución, que otorga potestad al Estado para garantizar la enseñanza abriendo la puerta a los colegios concertados, pero “ni mucho menos obligando a que exista este sistema de provisión pública con producción privada, ni tampoco comprometiendo un determinado y concreto grado de financiación por parte de los poderes públicos”, como sostienen en un detallado trabajo (“Estudio sobre los colegios concertados y selección de escuela en España”) los profesores de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera y Manuel Muñiz Pérez. El Tribunal Constitucional sobre este asunto ha sido claro al señalar que “el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”.

En todo caso, el funcionamiento de esos centros sostenidos con fondos públicos debe ser de­mocrático y estar abierto a toda la comunidad escolar, algo que en la práctica no ocurre. Deben someterse al mismo currículum educativo y garantizar la igualdad en el acceso, pero respetando la libertad religiosa. A cambio reciben del Estado los recursos necesarios. Pero estos centros eligen a dedo a sus profesores y escogen a sus alumnos indirectamente, como demuestra el hecho de que apenas tengan inmigrantes y niños con necesidades especiales o de etnia gitana.

Con el Gobierno socialista de Felipe González, en 1985 se aprueba la LODE, punto de partida de los conciertos, tal y como los conocemos hoy. Según han explicado los socialistas en más de una ocasión, se establecieron los conciertos para racionalizar las subvenciones que recibían los colegios privados, sobre todo los religiosos, durante la dictadura. Incluso en el periodo constitucional, desde 1978 a 1985, recibían esas ayudas sin ningún tipo de control ni condiciones concretas a los centros. Tras esta ley llegó la LOGSE y luego la LOE. Unas y otras fueron ampliando los años de escolarización obligatoria y gratuita hasta fijarla en los 16, bajando la ratio de alumnos por aula de 40 a 25.

Pero el sistema, decían los gobernantes, seguía siendo insuficiente para dar cobertura a los alumnos y así se fue consolidando bajo esa excusa el sistema de la concertada. Incluso la última ley, que entra en vigor este curso, la polémica LOMCE del ministro Wert, va más allá, al blindar el mecanismo de ayudas a los colegios que segregan por sexos, y ello a pesar de que la Constitución señala que “en ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento”.

La Iglesia católica se financia indirectamente con los conciertos educativos. Foto / Mario Rojas.

El Opus y la Ley Wert

Asturias lleva cinco años intentando acabar con los conciertos a dos centros vinculados al Opus Dei que segregan a sus alumnos, Los Robles (masculino) y el Peñamayor (femenino), donde estudian 400 escolares, pero sin lograrlo de forma efectiva, a pesar de sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dan la razón al Principado al considerar que la denegación de los conciertos no supone una vulneración del derecho a la educación ni a la libertad religiosa. La LOE amparaba al Gobierno asturiano al no haber “vulneración del derecho a la educación ni a la libertad ideológica”, pero la Ley Wert se preocupó de blindar a estos colegios de cara a futuros cambios de Gobierno e incluye un artículo para que los centros que hubieran perdido esos conciertos en virtud de sentencias judiciales desfavorables, como en Asturias, los recuperen de inmediato, lo que de cara al próximo curso hace más que probable que sigan recibiendo subvenciones. Ya las han pedido. El asunto parece que llegará al Tribunal Supremo, pero en el caso andaluz la Justicia ya ha obligado a la Junta a pagarles las ayudas, mientras se resuelve si éstas son legales o no. Las Autonomías tienen las competencias en educación pero, como reconocen desde el Principado, el marco general que regula todo el sistema de enseñanza lo fija el Gobierno.

Pero lo cierto es que el mismo partido que gobierna en Asturias hoy lo hizo durante años en España y los datos hablan solos: el PSOE y el PP impulsaron la enseñanza concertada. En los últimos 20 años en nuestro país el número de unidades en centros públicos aumentó un 30,4%, mientras que en los privados lo hizo en un 45%, lo que supone un millón y medio de alumnos más. El fenómeno destaca en la ESO, según el estudio elaborado por Llera y Muñiz. Las unidades en centros privados se multiplicaron por nueve. Para los defensores de la escuela pública, “hemos asistido en los últimos años a una privatización silenciosa de la educación”. Lo dice Luis Fernández, del Movimiento por la Escuela Pública en Asturias. Asegura que la educación se ha convertido en un negocio más, en una mercancía.

Este movimiento de hecho nació ya en 2001, cuando se hizo patente que los conciertos educativos aumentaban mientras la educación pública iba perdiendo peso. “Hubo un tiempo en el que el argumento de que no había suficientes plazas en la educación estatal servía, pero ya no. Si se hubiera invertido en la pública al ritmo que se incrementaron las unidades en la privada, ahora mismo el sistema sostendría al 90% de nuestros alumnos, solo en Asturias, teniendo en cuenta el descenso de población”. Y con la crisis y los recortes que supuso en la enseñanza pública cada vez se oyen más voces como ésta que piden la supresión de los conciertos.

Negocio en las aulas

Gobiernos de distinto signo se defienden argumentando las preferencias mostradas por los padres bajo ese “derecho a la elección del centro escolar”. Desde la Conferencia Episcopal siguen sosteniendo que sus centros concertados le resultan más baratos al Estado. En España hay 2.465 centros concertados pertenecientes a la Iglesia. Los curas aseguran que solo en 2011 le ahorraron al Estado 4.091 millones de euros, una cifra que, extrapolada a los 30.000 alumnos asturianos de colegios religiosos, supondría un ahorro anual de 60 millones de euros. La Conferencia Episcopal cifra en unos 2.000 euros al año el coste de cada alumno, cantidad que, aseguran, se duplica en la pública.

La Organización de Trabajadores de Enseñanza de Asturias (OTECAS) dice que los conciertos educativos solo cubren los sueldos de los profesores. Según la “Memoria anual de actividades de la Iglesia en España”, en sus centros trabajan 120.196 personas, de las que 97.435 son docentes (6.485 religiosos), cuyos salarios son muy inferiores a los de la pública. Pero las cuentas no salen. Aunque tienen prohibido el pago de cuotas, los sindicatos UGT y CCOO llevan años denunciando que el alumno paga. Unos centros piden donaciones, en teoría “voluntarias”. Otros fijan actividades extraescolares (pero dentro del horario lectivo) que hay que abonar, cuotas a asociaciones de padres, revistas del centro, pagos a fundaciones, transporte escolar o comedor, -generalmente unos 30 euros más caro que el de la pública-. De media, entre 50 y 200 euros por alumno al mes.

Pero los colegios privados no hacen negocio únicamente con las cuotas. Muchos se encargan de la compra de los libros a editoriales del grupo. Otro extra está en los uniformes. Algunos centros exigen su compra en determinados centros comerciales. Según la Organización de Consumidores, el 30% de los colegios concertados vende los uniformes directamente a los padres y el 50% lo hace a través de una única tienda, que, en la mayoría de los casos, es El Corte Inglés. Algunos de estos colegios reconocen ganar entre un 10% y un 15% del precio de venta de estas prendas al ceder la exclusividad.

Solo la enseñanza pública atiende la demanda educativa de las zonas rurales. Foto / Miki López.

El pasado mes de junio se presentó en el Congreso de los Diputados un informe titulado “El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada”, elaborado por el área de Educación de Izquierda Unida, que sigue levantando ampollas. Con datos del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Estadística de 2011, concluye que el coste de ambos modelos, público y privado-concertado, si prestasen los mismos servicios, sería prácticamente igual. Y señalan varios argumentos. Uno la ratio: en la pública la media en 2011 fue de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por clase, mientras que en la privada-concertada fue de 23 estudiantes atendidos por 1,68 profesores. Otro, el menor interés de esta última por escolarizar a alumnado con necesidades especiales o inmigrantes (solo acogen al 18%). También en su desinterés por situarse en áreas poco rentables, como las rurales, donde el coste por alumno es mayor. A ello hay que añadir que a los asesores, inspectores, personal de Consejerías y del Ministerio de Educación los paga el Estado. Teniendo todo esto en cuenta, el informe cifra en 4.185 euros la plaza en un centro público y 4.184 en uno concertado.

Según ese estudio los datos no son comparables. Y menos en Asturias, donde hay 72 conciertos educativos, la mayoría con centros católicos, que se sitúan mayoritariamente en el área central y en apenas 20 de los 78 concejos asturianos, mientras que la pública mantiene una amplia red de escuelas rurales, con unos costes de profesorado, comedor y transporte muy superior por niño. También acoge al mayor porcentaje de alumnos con necesidades especiales o inmigrantes.

Si atendemos a la premisa de que la escuela pública debe garantizar una educación de calidad igual para todos los alumnos y debe compensar las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, y que además lo puede hacer sin que ello suponga mayor coste real para el erario público, ¿qué sentido tiene entonces seguir sufragando a la privada? La respuesta la han dado en los últimos años grandes empresas y empresarios que han entrado de lleno en el negocio de la educación. Fondos de capital riesgo, empresas de limpieza, empresarios como Florentino Pérez o el vicepresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández han querido aprovechar un negocio que se veía rentable, pero para ello, como pidió éste último públicamente, “había que modificar el modelo educativo fuertemente intervenido por el Estado”.

Y lo consiguió en Madrid, que lleva al resto de Comunidades mucha ventaja en esto de la privatización de las aulas. La llegada de Esperanza Aguirre a la Comunidad facilitó el impulso que el negocio necesitaba y empezó por desgravar a las familias con hijos en la privada. Desgravaciones que, según los sindicatos de esta Comunidad, sacan del erario público unos 90 millones de euros al año que se podrían haber destinado a inversiones en la pública. Así se han ido trasvasando año tras año millones de euros de la pública a la privada. Según los datos del Ministerio de Educación, si en 2001 llegaron a los concertados poco más de 3.000 millones de euros, en 2011 la cantidad había ascendido a 5.779 millones. Este flujo de euros empezó a frenarse con la crisis, pero a un ritmo muy inferior a la caída de la inversión en la pública.

Aún así nadie niega el negocio, ni siquiera la propia Consejería madrileña de Educación, que cifró en 200 millones de euros el beneficio de la concertada, solo en la capital. Y ello a pesar de que la crisis ha desplazado a gran parte del alumnado de la privada a la concertada y de esta a la pública, aunque a un ritmo menor de lo que sería previsible. Y es que, según la Organización de Consumidores, las familias se resisten todo lo que pueden a perder lo que califican de “estatus educativo de sus hijos”. Pero pagado por todos.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 34, SEPTIEMBRE DE 2014