La fiscal del Caso Villa apunta hacia el Montepío

José Antonio Postigo a la salida de su comparecencia en la Comisión de Investigación del Caso Villa. Foto / Semeyapress – Eloy Alonso.

La Fiscalía Anticorrupción centra sus investigaciones del Caso Villa en el Montepío de la Minería durante la época en la que lo presidió José Antonio Postigo. También aprecia indicios de delito en supuestas “mordidas” en los economatos de Hunosa, pero ya podrían estar prescritas judicialmente.

Xuan Cándano / Periodista.

La posible relación entre supuestas comisiones ilegales o “mordidas” a proveedores de los economatos de Hunosa y la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa salió a relucir en varias ocasiones durante las comparecencias en la Comisión de la Junta General que investigó este asunto.

En su declaración ante los diputados autonómicos, el ex presidente de Hunosa Luis Tejuca, que presidió la empresa pública entre 1996 y 2004, dijo que había tratado de privatizar los economatos y adjudicarlos a El Corte Inglés, “porque querían los sindicatos”. Su sucesor en la compañía minera entre 2004 y 2012, Juan Ramón García Secades, declaró en la misma Comisión que algunos proveedores de los economatos “tenían situaciones de privilegio respecto a otros”. Y añadió que se cambiaron las mesas de contratación “coincidiendo con los rumores”, en referencia a los que circulaban por las cuencas mineras en relación a cobros ilegales.

Cuando se creó Hunosa en 1969 la empresa contaba con más de una veintena de economatos, que en la época dorada de la empresa tenían una alta facturación. Con la llegada de la democracia, como ocurrió en todos los ámbitos de la minería, los sindicatos pasaron a tener una fuerte presencia en la gestión de los economatos, que centralizaban sus compras, dependientes de una mesa de contratación controlada por el SOMA-UGT y CCOO, aunque también había representación de las asociaciones profesionales y de la propia Hunosa, a través de varios técnicos.

Joaquín Uría, histórico de CCOO de la minería y ex vicepresidente del Montepío, lleva tiempo apuntando hacia los economatos de Hunosa como fuente de corrupción a través de comisiones ilegales cobradas a los proveedores. E identifica incluso con nombre y apellidos a un delegado de economatos del SOMA desde los años ochenta, conocido en las cuencas por un llamativo apodo, que sería el gran responsable de una red de extorsiones. “Quiso entrar en CCOO antes de acabar en el SOMA, era el recaudador y el que hablaba con los proveedores para que pagaran”, asegura. Y añade que los rumores que confirmó en sede parlamentaria García Secades costaron hace años el cese a un presidente del Montepío, organismo férreamente controlado por el SOMA.

La vía del Montepío

A Carmen García Cerdá, de la Fiscalía Anticorrupción, la encargada de investigar el Caso Villa, la vía de los economatos le interesa mucho e indagó en ello cuando se desplazó a Oviedo en enero a tomar declaración al ex sindicalista Antón Saavedra. Pero no es su prioridad porque, aunque obtenga resultados en su investigación, los hechos son demasiado lejanos. Se centra en obtener todos los datos posibles de hechos que no estén prescritos.

Por eso se le ha oído decir que “lo más investigable es el Montepío”, en alusión a las obras más recientes en los centros de esta institución en Ledesma, Los Alcázares, Roquetas y sobre todo en Felechosa, donde está bajo sospecha la del geriátrico financiado con 31 millones de euros de fondos mineros, aunque 3 están retenidos ahora por el Ministerio de Industria, precisamente por el “Caso Villa”.

Para García Cerdá, el Caso Villa y el Caso Postigo son el mismo, como indica que ambos ex sindicalistas, estrechamente unidos en la dirección del SOMA, blanqueasen dinero a la vez en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal del ministro Montoro (1,4 millones y más de 400.000 respectivamente, incluyendo 60.000 de una hija de Postigo). Tanto es así que la fiscal está esperando que la denuncia de Manos Limpias a Postigo ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se sume a la que investiga ella. La Fiscalía asturiana presta ayuda y colabora con García Cerdá en este asunto. Con la información que obra ahora en su poder, en la Fiscalía Anticorrupción piensan que el ex secretario general del SOMA y hombre fuerte del PSOE en Asturias durante tres décadas “ha debido de ir poniendo la mano ahí donde ha participado”, según se desprende del cobro indebido de dietas que ya se ha destapado.

Púnica y Caso Villa

La investigación de la fiscal avanza muy lentamente, pese a su voluntad en agilizarla. Está asfixiada de trabajo, cuenta con pocos medios humanos y en los últimos meses tanto ella como su equipo estuvieron volcados con el Caso Púnica, la gran operación de corrupción por comisiones ilegales que llevó a la cárcel al ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero Francisco Granados, y que se saldó con otras muchas detenciones de constructores y políticos del PP y del PSOE en varias Autonomías.

Ese exceso de trabajo es la causa por la que el pasado mes de febrero García Cerdá se acogiera a una nueva prórroga de un año en el Caso Villa, autorizada por el fiscal general del Estado. Para la investigación sobre las fortunas ocultas de Villa y Postigo, García Cerdá cuenta con el apoyo de dos agentes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dependiente de la Audiencia Nacional) y dos agentes de la Agencia Tributaria. Éstos últimos ya le han pasado un informe completo. Los agentes de la UCO, el cuerpo de elite de la Guardia Civil contra la corrupción, que se ha ganado un merecido prestigio por sus actuaciones, ya han visitado Asturias en varias ocasiones.

La fiscal tiene prevista una ronda de declaraciones próximamente, tanto en Madrid como en Asturias, porque da facilidades a los declarantes para evitar desplazamientos. Entre los que citará pronto a declarar están el tesorero del SOMA, Aquilino Ronderos, y quien fuera durante años la mano derecha de Villa, Laudelino Campelo, que ya compareció ante la Comisión de Investigación de la Junta General. Además de Antón Saavedra, que lo hizo en Oviedo, ya declararon en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez Vigil y el actual presidente del Montepío minero, Juan José González Pulgar.

Consciente de la gran repercusión pública que ha tenido el caso, sobre todo en Asturias, la valenciana García Cerdá, con fama de tenaz y trabajadora desde que abordó el Caso Terra Mítica, quiere actuar con prudencia y aclarar la fortuna oculta de Villa, al que no piensa llamar a declarar hasta que no pueda sostener una imputación, aunque la salud del ex sindicalista plantea dudas al respecto. Las investigaciones y las publicaciones de esta revista son una de sus fuentes principales.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 37, MARZO DE 2015