La Fiscalía investiga una compra de HUNOSA de 3 millones a una empresa sin actividad

Descarga de mineral en la central térmica de La Pereda. Foto / Fernando Geijo.

No tiene empleados ni actividad y su dueño estuvo detenido por la trama carbonera, pero HUNOSA adjudicó a Carbones de Linares el suministro de estériles de carbón por más de 3 millones de euros, una operación que investiga la Fiscalía. El propietario de la compañía es Juan José Cachero, un empresario próximo al PP. La hullera pública interrumpió el suministro poco antes de la presentación de una denuncia.

Aladino F. Pachón / Periodista.

Mediante el concurso público “C3728-16 – Compra de estéril. Lavadero Batán”, HUNOSA licitó el 22 de agosto de 2016 la compra de estéril con destino a su térmica de La Pereda por importe de adjudicación de 2.585.000 euros (3.127.850 euros, impuestos incluidos). Ante la mesa de contratación, integrada por diez personas que representaban a la empresa y a los sindicatos SOMA y CCOO, concurrieron las ofertas presentadas por un buen número de compañías del sector carbonero español. La adjudicación a Carbones de Linares le resultó entonces insólita al Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN). Esta empresa, única carbonera privada de la comarca del Caudal, protagonizó un presunto fraude de subvenciones estatales al carbón seis años atrás.

En efecto, en el mes de febrero del año 2010, en la operación “Bola Negra” de la Policía Nacional, fueron detenidos varios directivos de Carbones de Linares por organizar una trama económica fraudulenta. Consistía en vender como propio a la central térmica de Soto de Ribera carbón que en realidad importaban a Asturias por el puerto gijonés de El Musel, y así cobrar las subvenciones a la producción estatal establecidas entonces, llegando a alcanzar el montante ilegal de 8,7 millones de euros.

Entre los detenidos estaba el empresario mierense Juan José Cachero Alonso, propietario de Carbones de Linares, persona que además ya estaba imputada por una actuación muy semejante en el Caso Mina La Camocha en el año 2001. Dos episodios de la llamada “trama carbonera”.

José Ángel Gayol, miembro del Consejo de Administración de HUNOSA en representación de Podemos, presentó ante la Fiscalía Superior del TSJA de Asturias el pasado 6 de abril como presidente de OCAN, asociación vinculada al partido morado, un escrito de denuncia de esta operación de HUNOSA. Antes, tras ser alertado de una adjudicación que considera sorprendente, inició una investigación que provocó gran nerviosismo entre los directivos de la empresa pública, según le pareció observar. En uno de los párrafos finales de la denuncia define el sentido de su acusación al manifestar literalmente que “podríamos estar ante posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias u otros tipos penales que se engloban de manera genérica en la denominación de delitos de ‘corrupción’, por lo que requiere que se investiguen estos hechos producidos en la hullera”. Fiscalía abrió diligencias indagadoras pocos días después de la presentación de la denuncia.

Adjudicación bajo sospecha

El empresario minero Juan José Cachero. Foto / Fernando Geijo.

En esta licitación de HUNOSA las empresas concurrentes deberían, según el presidente de OCAN, superar tres fases: “la primera, acreditar solvencia financiera para poder contratar con la Administración; la segunda, que el estéril sea recurso sección B, es decir, de “yacimientos de origen no natural” con documentación que lo acredite antes de la compra; y la tercera que el suministro sea adjudicado a la empresa que presente la oferta más ventajosa, una vez acreditados los dos extremos anteriores”. Respecto al cumplimiento de estas fases por parte de Carbones de Linares, Gayol entiende que “pudieron existir irregularidades”. Y así lo hace constar en su denuncia.

Indica que “a la vista de la información a la que se ha podido acceder, la empresa adjudicataria cuenta con un patrimonio de un millón de euros (muy inferior al importe del contrato que supera los 3 millones). De acuerdo con las cuentas de la empresa, se desprende que no ha tenido gastos de personal, por lo tanto no tiene empleados. Es más, carece de actividad desde el año 2009, lo que indicaría, al menos indiciariamente, que no tiene solvencia. También consta que en el ejercicio anterior ha sufrido pérdidas de acuerdo con los resultados económicos patrimoniales de su balance. Otras empresas licitadoras (Tyc La Mata, por poner un ejemplo) llevan los tres últimos años de beneficios y actividad continuada”, por lo que “Carbones de Linares no debería haber pasado la primera fase, ante su indiciaria falta de solvencia económica y financiera”.

En estos hechos, “que pudieran ser constitutivos de infracción penal”, observa también OCAN “irregularidades durante la ejecución del contrato”, ya que “surgen problemas para proceder a la entrega de materiales y tan solo se realizan dos entregas, correspondientes a enero y febrero de 2017. En ambos casos, el laboratorio del lavadero de El Batán, que dirige María Gutiérrez González, efectúa análisis antes de que se acepte por parte de la térmica el estéril suministrado”, y en los dos análisis realizados “no se cumplen las especificaciones técnicas del pliego de contratación”.

Según informaciones recogidas por esta revista, esta técnica se opuso a la adjudicación en la mesa de contratación, de la que llegó a haber trece reuniones. Gutiérrez se fue posteriormente de vacaciones un viernes y al lunes siguiente, estando ausente, se aprobó la adjudicación. Posteriormente, según fuentes bien informadas, fue ascendida, alejándola del cargo que hasta entonces ostentaba. Pese a sus reiterados intentos, ATLÁNTICA XXII no logró hablar con María Gutiérrez.

“No podía soportar la presión”

Fuentes de la dirección de la hullera que preside desde 2012 la ingeniera de minas allerana María Teresa Mallada (afiliada del Partido Popular y expresidenta del PP de Aller) manifestaron a ATLÁNTICA XXII su desconocimiento de la denuncia: “hasta la fecha en HUNOSA no tenemos conocimiento oficial o notificación de la denuncia”.

En cuanto al proceso de contratación, agregan que “todos nuestros contratos están sometidos a controles por distintos organismos y administraciones. Que como el resto, éste se adjudicó cumpliendo todos los requisitos que establece la Ley de Contratación, con información pública”, y siguiendo “todas las exigencias en la Ley de Transparencia”.

Estas fuentes muestran también su extrañeza por la denuncia “dado que se trata de un contrato que se suspendió el 1 de febrero por otra circunstancia: un problema de humedad excesiva en los estériles. Al tratarse de un defecto subsanable, se esperó dos meses para ver si el estéril secaba y se hicieron nuevos análisis que determinaron que el nivel de humedad seguía siendo superior, así que, tal y como recogía el mismo contrato, se rescindió el acuerdo”.

Sin embargo, el empresario Juan José Cachero ha manifestado a esta revista que HUNOSA suspendió el suministro “a petición mía”. Dice una y otra vez que “no es que me hayan echado, soy yo el que no quiero estar ahí; no quiero suministrar: soy yo el que me marcho”.

Estas declaraciones de Cachero no concuerdan con el contenido de un correo electrónico que HUNOSA le dirige el 3 de febrero de 2017 en el que se le pide que cese el suministro y se le recuerda que ha sido solicitado este cese “repetidamente”.

Manifiesta el propietario de Carbones de Linares que “empecé a suministrar a La Pereda a finales de diciembre de 2016”. “Ante los problemas que me ponían, yo no podía soportar aquella tensión y decidí no suministrar más: lo comuniqué verbalmente a HUNOSA el 31 de enero de 2017”, aclaró a ATLÁNTICA XXII. La tensión, según dice, se la provocaban “los técnicos de La Pereda”, en especial “la ingeniera María Gutiérrez”. Además, “tardaban muchísimo en pagarme”.

Teresa Mallada, presidenta de HUNOSA. Foto / Fernando Geijo.

Tras la adjudicación, el contrato firmado por Cachero con HUNOSA suponía el suministro de 110.000 toneladas de estériles a La Pereda al precio de 23,50 euros la tonelada. Hasta antes de la interrupción suministró 8.000 toneladas, por las que facturó 188.000 euros, de los que cobró “una parte”, según ha manifestado. Este cobro podría ser, según una fuente jurídica conocedora del caso, un nuevo problema pues tal y como está el asunto, denunciado ante Fiscalía y no resuelto, llevaría también implícita una presunta malversación de fondos públicos.

Los estériles que ofertó a HUNOSA Cachero “son un material que yo tengo en la zona de Guardo”, localidad palentina donde adquirió en el año 2000 unas amplias instalaciones remodeladas en 2011. “En el año 2000 compré unas balsas y unas escombreras ahí, que están a 18 kilómetros de la térmica de Iberdrola”, dice. Y añade: “lo tengo amortizado”. Esto fue lo que sirvió a La Pereda.

Juan José Cachero, también conocido porque preside la Federación Asturiana de Baloncesto, se queja de la mancha y el recuerdo recurrente al fraude de subvenciones de 2010, que supuso su detención y su puesta en libertad con cargos. Asegura que la causa está ya archivada desde julio de 2011: “la Fiscalía solicitó el archivo y el abogado del Estado no se personó en la causa”, explica. Y lamenta: “¿Me vais a estar encerrando siempre por esto?”.

Otra denuncia

Antes de la denuncia de OCAN hubo una anterior de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), por contener el contaminante alúmina el suministro de los estériles, que no corrió la misma suerte. Hace un mes la archivó la Fiscalía porque “no ha quedado mínimamente acreditado que el uso de alúmina sea potencialmente peligroso para el medio ambiente”, según nota oficial del ministerio público.

Juan José Cachero pasa por ser un empresario cercano al PP y no niega amistad con algunos de sus dirigentes, como el expresidente del partido en Asturias Isidro Fernández Rozada, aunque desmiente que tenga nada que ver con la polémica adjudicación. Sí dice que tras aprobarse “la presidenta (de HUNOSA) sí lo comenta con Isidro, amigo mío, que me llama y me dice: Juanjo ¿qué es eso del concurso?”.

Cachero no seguirá suministrando a La Pereda y solo espera que le devuelvan la fianza de más de 387.000 euros que depositó. En tal caso HUNOSA tendría que volver a licitar, no se sabe cuándo. José Ángel Gayol piensa que la denuncia de OCAN, aún sin resolverse, ya está teniendo efecto.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 51, JULIO DE 2017