La transición energética, en cifras

La política de «descarbonización» afecta a miles de empleos en Asturias, sin que exista un plan alternativo aún ni aquí ni en Madrid

Asturias tiene la mayor concentración de centrales térmicas de España, lo que influye en su elevada contaminación, que a principios de este año causó alarma. Foto / Pablo Lorenzana.

Artículo publicado en el número 59 de la edición de papel de Atlántica XXII (noviembre de 2018).

Redacción
@AtlanticaXXII

El concepto Transición Energética describe el cambio de una economía sostenida por energías tradicionales, como el carbón y el petróleo, por otra con energías que no destrocen el planeta. Es decir, adiós a los combustibles fósiles para 2030. La transición afecta a todos los ámbitos, desde la industria o el transporte hasta los hogares, y obviamente modificará en extremo el negocio de la electricidad, que habrá de volcarse en las renovables para reducir las emisiones de CO2. En el plano administrativo, la Transición Energética fue pactada en 2015 en el llamado Acuerdo de París, que suscribieron 200 países. España cuenta ya hasta con un Ministerio de Transición Ecológica con un objetivo inmediato: llegar a 2025 con una dependencia mínima del carbón. Eso implica cerrar la mayoría de las centrales térmicas, que utilizan dicho combustible. El impacto en Asturias será mayúsculo. Para hacernos una idea, sirvan las siguientes cifras extraídas de un exhaustivo informe de Comisiones Obreras titulado El impacto de la transición energética en Asturias:

• En 2017, el 72% de la energía generada en Asturias se produjo con carbón.

• Esa cantidad equivale al 22% de toda la energía eléctrica generada con carbón en España.

Reducir esos porcentajes supondrá eliminar puestos de trabajo. Actualmente, en Asturias funcionan las siguientes centrales térmicas:

• Aboño, de EdP. Tiene una plantilla de 135 empleados, que se eleva a 175 con los los subcontratados.

• Soto de Ribera, de EdP: 105 empleados directos, o 140 con los subcontratados.

• Lada, de Iberdrola: 95 trabajadores, que suman 150 con subcontratados.

• Soto de la Barca (Narcea), grupos 2 y 3, de Gas Natural Fenosa: 94 empleados, más otros 34 subcontratados.

En total, CC OO calcula 600 empleos entre fijos y subcontratas. Más otras 300 personas que trabajan en el mantenimiento y las paradas técnicas. A los que, lógicamente, hay que añadir «los puestos de trabajo vinculados al carbón y los servicios asociados». Esta es su radiografía:

• De los 2.300 los trabajadores afiliados al Régimen Especial de la Minería del Carbón en España, 1.800 cotizan en Asturias.

• Están repartidos en las cuatro empresas que permanecen abiertas en la región: la pública Hunosa, y las privadas Asturleonesa (en liquidación), Carbonar y Uminsa (ambas en concurso de acreedores).

• En los últimos veinte años las industrias extractivas han amortizado 11.290 empleos en Asturias: ocho de cada diez existentes.

• Por zonas, eso significa 3.650 empleos desaparecidos en la cuenca del Caudal, otros 3.650 en la cuenca del Nalón y 1.380 en la del Narcea.

La Transición Energética también afectará al siguiente eslabón de la cadena económica: la llamada industria electrointensiva, a la que le saldrá más cara inicialmente la factura. La presencia en Asturias de este tipo de industria se sustancia en estos números:

• ArcelorMittal, con plantas siderúrgicas de Gijón y Avilés y unos 5.500 trabajadores.

• Alcoa Avilés, que acaba de anunciar su cierre y el despido de los 317 trabajadores.

• Asturiana de Zinc, con unos 870 trabajadores en la metalurgia del zinc.

Con el resto de sectores productivos, CC OO vaticina un impacto igual de preocupante. En general, «la industria asturiana tiene un consumo eléctrico elevado, tanto en comparación con el resto de sectores como con la media estatal». Esa incidencia es especialmente alta en la industria manufacturera. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno asturiano ante esta encrucijada inmediata? El presidente Javier Fernández ha decidido liderar un frente político en defensa del carbón junto con los ejecutivos autonómicos de Castilla y León y Aragón, más las federaciones de empresarios. En febrero de este año firmaron una declaración institucional. En junio, nada más estrenarse en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, remachó que «el carbón no tiene futuro». El Ejecutivo central acaba de presentar un plan ahora donde compromete la recolocacion de empleados de la minería o su jubilación antes de 2027, así como nuevas inversiones en energías renovables. Pero no concreta proyectos, plazos ni dinero.

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