Mieres: servir a quien sirvió

Encierro en el Ayuntamiento de Mieres de los representantes de los trabajadores. Acabó poco antes de las vacaciones navideñas. Foto / Fernando Geijo.

Carmen Basteiro / Periodista.

Parece contradictorio, pero el Ayuntamiento de Mieres está viviendo bajo el mandato de Izquierda Unida el conflicto laboral más tenso que recuerdan los muros de la casa consistorial. Ni los sindicatos ni los responsables municipales saben poner fecha al inicio de su enfrentamiento: bien pudo ser la supresión de la “hora de la paga” o la instalación de cámaras de vigilancia en el lugar de trabajo. Quizás el anuncio de las primeras medidas de recorte o el despido de tres trabajadores del telecentro. Sea como fuere, ambas partes coinciden en que la situación se ha hecho insostenible. Tanto, que representantes del comité de empresa y la Junta de Personal han vivido durante más de cuatro semanas en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. Un encierro en señal de protesta que las centrales llamaron asamblea permanente.

En el ecuador del encierro, iniciado el 24 de noviembre, la situación llegó a ser muy tensa. Sentados alrededor de la mesa de la Sala de Juntas del Consistorio, repleta ahora de enseres personales y termos, los representantes sindicales recuerdan su primer encuentro con el flamante alcalde de Izquierda Unida, Aníbal Vázquez. Dicen que en 2011, cuando el regidor puso el pie en el Ayuntamiento, reunió a los miembros de la plantilla para prometer su futuro. “Nos dijo que estaba dispuesto a tener  un Ayuntamiento con paredes transparentes y puertas de cristal. Que iba a cambiar la imagen de los trabajadores públicos, tan denostada en los últimos años”, asegura Inmaculada Lomba, delegada del CSIF en el comité de empresa.

Así empezó una luna de miel que se amargó demasiado pronto. Sebastián Toledano, representante de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), recuerda que una de las primeras aportaciones del Gobierno local fue suprimir la “hora de paga”. “Era un derecho de una parte de la plantilla. Salían una hora antes los días que tocaba cobrar. Un recordatorio de los tiempos en los que el sueldo se entregaba en mano, y no se ingresaba directamente en el banco”, destaca. Eso fue “el chocolate del loro” para todo lo que les esperaba después. Cuenta que, unos meses más tarde, el concejal de Personal, Juan José Menéndez, repartió entre los vecinos un formulario para que “vigilaran” los trabajos de los empleados de Obras. Explica que “era una hoja donde tenían que apuntar la hora a la que llegaban, lo que hacían, cuándo paraban y a qué hora se iban”. Los vecinos se negaron a participar en ese “control”. “Así actúa un Gobierno que se nos prometió de izquierdas”, añade.

Le interrumpe de inmediato el presidente del comité de empresa, Fabián Álvarez (UGT). “Aquí ya teníamos un Gobierno de izquierdas”. Desde que se instauró la democracia, y hasta 2011, el Ayuntamiento de Mieres había estado gobernado por el PSOE. Aníbal Vázquez llegó y venció a la última candidata socialista en el municipio: Diana González, ahora sin cargos en la política municipal y miembro del gabinete del presidente de Asturias, Javier Fernández. Fabián Álvarez aclara por qué se convocó la asamblea permanente. Dice que no fue solo porque el convenio laboral, aprobado en mayo, aún no haya entrado en vigor por ilegalidades en algunos puntos, sino por la negativa de Aníbal Vázquez a reunirse con los miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa con la asiduidad que marcan los estatutos y “poniendo condiciones al número de personas que podían asistir a esas reuniones”.

Despotismo y testosterona

Una muestra más, dicen desde la CSI, de lo que ha sido el comportamiento de Izquierda Unida durante sus años de mandato. “Han abanderado una actitud déspota, una exhibición de testosterona, una posición de sí por mis cojones”, añaden desde el sindicato. De hecho, la central no llegó a firmar el convenio laboral: “Así que, si la asamblea permanente tuviera como objetivo la puesta en vigor del acuerdo, no participaríamos”, matizan.

“¿Y qué opinión tiene Comisiones Obreras?”. La pregunta va dirigida a María Jesús Fueyo, representante de la central afín a IU. Durante todo el encuentro, ha mantenido la vista puesta en la pantalla de un iPad, pero ahora levanta la cabeza para responder: “Estamos totalmente de acuerdo en que falta comunicación y diálogo. No esperábamos esto”, reconoce. Asegura que lleva poco tiempo  trabajando en el Ayuntamiento, “pero sé que es una situación sin precedentes”.

Una situación que, según Carlos Nabal (SIPLA), incluye “el mayor número de apertura de expedientes y sanciones a los trabajadores que se recuerda hasta la fecha. Aunque cabe decir que la mayoría se han resuelto a favor de los integrantes de la plantilla”. La relación IU-SIPLA (Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias) en Mieres nunca ha sido buena.

Hablan los datos. El cuerpo de seguridad local impuso durante 2012, en el año en el que se produjeron los enfrentamientos por la bajada de salarios a los trabajadores, menos de la mitad de multas que se habían registrado en 2011. El balance cayó de 4.100 a 1.862 sanciones. “No quiero que estos tengan ni un duro de más”, afirma un integrante de la central policial en referencia a la recaudación del Ayuntamiento. En el punto más alto de aquella polémica, un coche cedido por la Dirección General de Tráfico al Cuerpo municipal de Mieres apareció saboteado en unas instalaciones a las que solo tienen acceso los policías. Un hecho del que se desmarca el SIPLA y el resto de sindicatos. “No estamos de acuerdo con esa forma de actuar, desde luego”, se apresura a aclarar Inmaculada Lomba.

El alcalde de IU, Aníbal Vázquez (drcha.), discute con algunos trabajadores municipales en el Ayuntamiento mierense. Foto / Fernando Geijo.

No apoyan los actos vandálicos, pero tampoco aprueban la instalación de cámaras de vigilancia en los puestos de trabajo. El sistema se puso en marcha hace más de un lustro y se reforzó hace tres años, casi al mismo tiempo que empezaron a funcionar las máquinas para fichar con huella digital. “Supuestamente están ahí para vigilar que nadie rompa el sistema, como ya había ocurrido varias veces, pero consideramos que vulneran nuestra intimidad”, señala Sebastián Toledano. Algunos dispositivos enfocan a lugares del ámbito personal, como la entrada a los vestuarios o las máquinas de café. La situación era incómoda y pasó a ser denunciable cuando se repartió entre la plantilla una circular “amenazante”.

El texto, firmado de puño y letra por el concejal de Personal, advierte de que “las grabaciones obtenidas podrían ser utilizadas con fines disciplinarios desde el Ayuntamiento, en el supuesto de que se detectaran conductas irregulares”. Los sindicatos han presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Tampoco ven justo que el Gobierno local intente terminar con las asambleas sindicales en horario laboral: “Es un derecho básico de los trabajadores del Ayuntamiento”.

Una deuda heredada

La otra versión de los hechos, la del Gobierno local, espera a menos de doscientos metros de la Sala de Juntas del Ayuntamiento. En su despacho, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, espera para dar la cara por él y por sus concejales. El pasillo para llegar hasta allí está empapelado con pancartas de protesta: “Juanjo, eres la vieja del visillo”, “Aníbal, mientes más que Pinocho” y “Alcalde, cumple como un paisano”, son algunos de los lemas que adornan ahora la casa consistorial de Mieres.

Vázquez, que fue secretario general de CCOO en Nicolasa y responsable de seguridad y minería a nivel estatal, deja claro que “los trabajadores tienen libertad para actuar como quieran”. No obstante, no entiende su actitud en este caso: “Siempre he estado abierto a reunirme con ellos, sin preguntar ni siquiera qué querían. El día que empezaron el encierro pretendían que el concejal de Personal no estuviera en el encuentro. Yo me negué, porque no me parecía lógico, y ellos decidieron empezar con esto”, añade.

Sabe que la situación es muy tensa y asegura que el Gobierno local ha tomado “medidas dolorosas para todos” con el objetivo de “salvar un Ayuntamiento que estaba hundido”. Cuando IU llegó al Gobierno, el Consistorio acumulaba una deuda de casi treinta millones. Ahora, a falta de cerrar informes de 2014,  ronda los dieciocho millones. “Ha sido un camino muy largo. Había mucho que hacer, porque aquí ni siquiera se fichaba”, asegura.

El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, afirma que cada sindicato ha presentado “una reclamación distinta, una excusa diferente de cada sigla para seguir con este encierro o como ellos lo quieran llamar”. “En la calle, donde hay EREs, recortes de plantilla y amenazas de cierres en las empresas, no se puede entender la actitud de los sindicatos dentro del Ayuntamiento”, destaca. Reitera que el equipo de Gobierno está dispuesto a acercar posturas.

Y lo intentaron. Tras veinte días de asamblea permanente, el alcalde, Aníbal Vázquez, mantuvo un encuentro con los representantes sindicales para escuchar sus reivindicaciones. Los delegados del CSIF y SIPLA, tras conseguir  “pequeños gestos” por parte de IU, decidieron abandonar “temporalmente” la asamblea permanente. “Han reconocido lo desafortunada que fue la circular sobre las cámaras y también han permitido la celebración de asambleas en horario laboral”, señalaron desde el CSIF. En cuanto al convenio, “el Gobierno de Aníbal Vázquez solicitó ayuda de los servicios jurídicos de los sindicatos para limar los artículos que puedan resultar controvertidos, manifestando su voluntad de darle salida al documento firmado”.

Tres puntos que han contentado, a medias, a dos sindicatos. UGT, Comisiones Obreras y la CSI se mantienen firmes. “Ya hemos cedido suficiente”, destacan desde la Corriente. Afirman que los recortes del Gobierno local han ido más allá de lo justo y necesario. Recuerdan que se han recortado dos puestos en la escuela de bebés, se ha rebajado la jornada a varios profesores del Conservatorio y se ha extinguido el contrato de tres trabajadores del telecentro. Sobre estos últimos se acaba de dictar una sentencia que considera ilegal el despido y que reclama su vuelta al Ayuntamiento o una indemnización. “El Gobierno, por supuesto, tiene la clara intención de dejarlos en la calle”, subrayan los representantes sindicales.

Había tres reivindicaciones claras sobre la mesa para terminar con la asamblea permanente: reuniones con la Junta de Personal y el comité de empresa con la asiduidad marcada en los estatutos del Ayuntamiento, la retirada o modificación de la circular repartida sobre las cámaras de seguridad y medidas disciplinarias justas.

Los días fueron pasando y las reivindicaciones aflojaron. Finalmente se desconvocó el encierro con el compromiso firme de IU de modificar el texto de la circular. También con el compromiso de un mayor diálogo, pero, alertan los sindicatos, aún quedan demandas por cumplir. La Sala de Juntas quedó vacía el 18 de diciembre. Más que un acuerdo, parecía una tregua navideña.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 36, ENERO DE 2015