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Atlántica XXII

¿Qué pagó Victorino a Villa?

Caso Villa

¿Qué pagó Victorino a Villa?

José Ángel Fernández Villa y Victorino Alonso, el sindicalista y el empresario con intereses comunes que confluyeron a menudo. Foto / Mauricio Peña.

José Ángel Fernández Villa y Victorino Alonso, el sindicalista y el empresario con intereses comunes que confluyeron a menudo. Foto / Mauricio Peña.

Jaime Santos / Periodista.

El ex jefe Villa, el ex presidente Zapatero y el capo de la minería privada Victorino Alonso son tres personajes que pueden parecer caducos pero sus huellas siguen presentes en el triángulo en el que convergen los intereses carboneros. En el vértice occidental de Asturias y León, el Coto Minero de Cerredo, la explotación minera más rentable y moderna de España, es el campo de batalla en el que ahora mismo se está gestando cómo será el nuevo triángulo de poder patronal/sindicatos/administración para hacerse con el control de la minería del carbón en España en los próximos años. Cerredo es un símbolo mas que un dato económico, pero también un negocio millonario en el se entremezclan los intereses del lobby energético español.

En el año 2012, el sindicato USO gana las elecciones en el pozo de Cerredo y se hace con la presidencia del comité de empresa. Siete delegados del sindicato son pieza clave para que la USO consiga representatividad suficiente para sentarse por primera vez en las mesas de negociación del Plan Nacional del Carbón. En aquellas mesas, controladas durante años por Villa y Victorino, con la connivencia de los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE, se negociaron los Fondos Mineros, esos 25.000 millones de euros que hoy son investigados por fraude y corrupción y juzgados por sus resultados.

“Bien os hemos pagado”

Uno de los representantes de USO, ojos nuevos en la mesa del carbón, el secretario de Acción Sindical  José Via, asegura que “desde el primer día noté que aquello apestaba a chanchullos”. Vía describe una de aquellas escenas en el Instituto del Carbón protagonizada por Victorino Alonso y José Ángel Fernández Villa. “Cuando desde USO propusimos pasar los 30 millones de formación a la producción, Villa nos descalificó diciendo ‘ya están los nuevos tratando de darnos lecciones’, pero entonces -continúa Vía- Victorino Alonso dijo estar de acuerdo con la medida. Villa estalló en gritos e improperios y encarándose con Alonso le dijo: ‘Cómo puedes hacernos esto, con lo que hicimos por ti, si nos mandabas a la huelga, a la huelga íbamos y ¿así nos pagas?’”. Según el testimonio de Vía, en aquel momento Victorino Alonso se puso en pie remarcando su diferencia de estatura con el ex lider sindical y le espetó: “José Ángel, todo lo que hicisteis por mí, bien os lo hemos pagado”. Villa enmudeció y se retiró a un sofá en el fondo de la sala donde permaneció en silencio durante el resto de la reunión. Tal vez en aquel silencio Villa barruntaba las causas que le habían hecho perder la complicidad de Alonso y en las que sin duda pesan la pérdida de control sindical sobre el pozo de Cerredo y el fracaso de la última movilización minera. O tal vez Villa pensaba  en las oscuras nubes que en Madrid se cernían sobre su figura, en aquel 2012 en el que “el Tigre” decidió regularizar 1,4 millones ocultos.

Pero también aquel fue un año horrible para Victorino, que perdió la presidencia de Carbunión y decidió poner en concurso de acreedores sus explotaciones mineras, Uminsa y la joya de la corona perdida, CMC, el Coto de Cerredo. Aquellos días Victorino supo en Madrid que el Gobierno de Rajoy, a través de Hacienda y Hunosa, le iban a buscar las cosquillas. Poco después Hacienda le demandó por incumplimiento y Hunosa por extraviar 500.000 toneladas de carbón. Pero el Grupo Alonso, acostumbrado durante años a salir indemne de todo tipo de abusos legales, laborales y medioambientales, apostó fuerte al anunciar un proceso concursal sobre el Coto de Cerredo. Una jugada muy arriesgada que está a punto de salirle mal. El equipo del director de Industria, Alberto Nadal, ya jugaba entonces con la teoría del árbol caído, “por muy grande que sea”. José Vía afirma haber sido testigo de una conversación en la que uno de los abogados del concurso de acreedores de CMC recriminaba públicamente a Victorino Alonso haberle ofrecido 1,5 millones de euros para mediar por sus intereses en Cerredo. Un presunto intento de soborno que da idea de las prácticas a que se estaba acostumbrado en estos círculos.

Durante otra negociación carbonera, esta vez en el Consejo Económico y Social (CES), José Vía describe otra escena bochornosa, también  relacionada con el maná de los fondos de formación. El secretario de FITAG-UGT para el carbón,  Víctor Fernández, recriminó soezmente al gerente del Instituto del Carbón, Juan Miguel Benítez, por haber acudido tarde a la reunión. Benítez le dijo: “Vengo del Tribunal de Cuentas de declarar por los fondos de formación de la minería, que vosotros sabéis muy bien cómo los gastasteis”. De nuevo un incómodo y grave silencio.

Fundesfor

Los fondos auditados por el Tribunal de Cuentas a los que Benítez hacía referencia son los relativos a Fundesfor, una fundación para el desarrollo y la formación en las comarcas mineras, en la que hasta 2012 estaban como patronos Carbunión (entonces presidida por Victorino Alonso), SOMA, CCOO y el Ministerio de Industria como fiscalizador. En el año 2006 Zapatero dotó a esta fundación con 280 millones de euros y en julio de 2012 el Tribunal de Cuentas presentó en el Congreso un informe demoledor en el que se mostraban todo tipo de irregularidades relativas a las becas mineras. Cientos de miles de euros sin justificar, adjudicaciones irregulares, subcontrataciones millonarias prohibidas por la ley y 39 millones de euros en caja de proyectos no ejecutados.

En el Suroccidente se recuerdan muy bien las becas de Fundesfor, fundación que hoy está en proceso de extinción. Un joven de Ibias, por ejemplo, cobraba 1.500 euros mensuales en concepto de transporte y manutención por acudir a un curso de formación laboral en Oviedo durante un año escolar. Hubo quien hacía dos cursos simultáneamente. En un entorno en el que las escuelas rurales subsisten con unos presupuestos cada vez más exiguos, son muchos los que se preguntan el sentido de aquel despilfarro. Es evidente que aquellos cursos no consiguieron paliar ni la sangría demográfica ni la lacra del paro en la cuenca asturleonesa, unas comarcas que hoy penden de un único hilo, la producción de carbón. Y ciertamente son muchos los que sospechan que aquella merienda cebó a la bestia oculta de la financiación ilegal y la corrupción, entre ellos el propio Tribunal de Cuentas, aunque éste al final dio carpetazo al informe sobre Fundesfor el pasado verano.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 35, NOVIEMBRE DE 2014

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