José Ángel Fernández Villa en la sede del SOMA en 1988. Foto / Ferrogio.

Carlos Mier / Periodista.

¿Podría cualquier obrero de, pongamos por caso la construcción, retirarse a los 53 años con categoría de oficial de primera y recibir la pensión máxima libre de impuestos de por vida? ¿Podría conseguirlo, además, sin haberse subido a un andamio en los últimos 20 años de su carrera profesional? Sería, sin duda, toda una hazaña administrativa que a buen seguro llevaría aparejada una cruenta batalla judicial con los guardianes del tesoro de la Seguridad Social. Sin embargo, cuando se habla de minería y de aquellos ‘locos años noventa’ con las primeras hornadas de indiscriminadas prejubilaciones apuntalando el incipiente desmantelamiento de la industria asturiana, todo es mucho más sencillo. Sobre todo si en el encabezamiento del expediente laboral aparece el nombre de José Ángel Fernández Villa.

El dorado retiro laboral del ilustre minero del Pozo Candín de Tuilla, que ‘logró’ alcanzar la invalidez permanente absoluta en el año 1997 con la suculenta categoría de vigilante, siempre ha estado cubierto por una alargada sombra de sospecha. En buena medida porque el ‘gran inválido’ siguió con buena forma “en primera línea de este negocio” hasta que un milloncejo y medio irregular y una oportuna filtración -para casi todos, incluido el PSOE asturiano- lo convirtieran en el amnistiado público pionero de la terna actual (junto a Bárcenas y Rodrigo Rato) y precipitaran su caída en desgracia.

En las arenas movedizas de susurros y medias verdades en torno a la vida laboral más escrutada de Asturias, siempre se ha mencionado un accidente supuestamente inventado, una alta categoría laboral conseguida merced a su incontestable poder y la sempiterna historia de unas cajas de sidra que habrían caído sobre la espalda del ‘jefe’ en aquella fiesta de Rodiezmo de infausto recuerdo celebrada en 1985. Nunca ha sido de extrañar, por tanto, que las discusiones ‘de chigre’ sobre el tema en las cuencas mineras siempre murieran en la misma frase: “Pero si esi nun bajó al pozu en su  vida”.

Ahora, abierta la veda del tigre, resulta más sencillo obtener datos que arrojen algo de luz sobre las oscuras galerías de la biografía del atribulado sindicalista. Según unos documentos de Hunosa que obran en poder de ATLÁNTICA XXII, la historia laboral de Villa contendría una pequeña pero tal vez esclarecedora incongruencia que alimentaría el aire rancio que se respira en torno a la figura del ahora defenestrado líder minero. Y es que, en las entrañas documentales de la empresa pública hullera, dos amarillentos y olvidados papeles hacen referencia a un accidente laboral ocurrido el 14 de mayo de 1993 en el Pozo Candín de la localidad langreana de Tuilla. Un suceso que, por el contrario y como ha podido comprobar esta revista, no aparece en el libro de bajas por accidente de la empresa pública. Pero vamos por partes.

La leyenda de Rodiezmo en la Junta

La comisión parlamentaria del caso del sindicalista más importante de nuestra historia reciente, una producción circense que ha copado portadas en intensas semanas de desternillantes devaneos hacia ninguna parte, cerraba en falso una supuesta investigación política que de tantas ganas de vivir acabó por nacer muerta.

Pero entre chascarrillo y chascarrillo de los ponentes e invitados estrella, entre pregunta y pregunta -ya capciosa, ya vacía de contenido-, pudo rescatarse alguna pala que quizás puede servir para desenterrar el pasado y, de paso, separar el grano de la paja si se realiza una concienzuda lectura entre líneas. Una de las aristas sería, sin duda, el caso de la jubilación del sindicalista bajo la lupa.

El 30 de enero, el diputado del PP, Fernando Goñi, realizaba en sede parlamentaria la esperada interpelación a la actual presidenta de Hunosa, su compañera de partido María Teresa Mallada, sobre los motivos de la baja definitiva de Villa como trabajador de la hullera pública, consumada el 27 de septiembre de 1997. Goñi quería que se le explicase si se debía a las secuelas que habría producido la caída de una caja de sidra sobre el sindicalista durante la fiesta de Rodiezmo o a algún accidente o dolencia anterior. Buscaba lo que al final encontró. Insinuaciones.

Mallada explicó que en el expediente de Villa “se hace referencia a algún accidente anterior”, aunque acabó por venirse arriba y bromear irónicamente: “No sé los riesgos que se corrían por asistir a la fiesta”. Aunque mucho más directo fue Luis Manuel Tejuca, ex presidente de la empresa también nombrado por el PP: “¡Pero si jamás trabajó!”, exclamó, tras precisar que “como no trabajaba, pensé [en 1996, cuando asumió la presidencia] que ya había causado baja”.

Presidentes aparte, si hay alguien que mantiene abiertamente -también lo hizo en la comisión de investigación- que Villa “simuló un accidente para conseguir una mejor jubilación”, ese es el ex secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT y ex parlamentario autonómico Antón Saavedra. Para él, se trató de “un fraude en el que hubo connivencia de la Seguridad Social y de Hunosa”.

Información publicada por La Voz de Asturias en la que se hace alusión al «error administrativo» en la categoría laboral de Villa.

Un golpe contra una escalera

Villa comenzó a trabajar en Hunosa en junio de 1961, en labores en el exterior del Pozo Candín, como maquinista. Fue despedido en 1969 tras una huelga y volvió a la empresa con la amnistía laboral de 1976. Muy poco tiempo después, en la transición sindical -con la famosa Comisión de los 16- Villa pasa a ser liberado y, según sus compañeros de la citada explotación minera, entre los que se encuentra el que fuera cofundador y responsable de la Corriente Sindical de Izquierdas en Candín, José Álvarez ‘Pola’, “no se le volvió a ver el pelo por el pozo”.

En 1978, Villa es elegido delegado por el SOMA-UGT en las elecciones en el Pozo Candín y entra como miembro del Comité Confederal de la UGT, formando parte de la CECA. También es el inicio del periplo político del ‘tigre’ como el ‘hombre fuerte del socialismo asturiano’, con su elección como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la FSA. En 1979 fue designado secretario general del SOMA-UGT, cargo que ocupó hasta 2013. También fue senador por Asturias entre 1999 y 2003 y diputado de la Junta General del Principado entre 1983 y 2007 de forma ininterrumpida.

Y entre negociaciones con el Gobierno y sesiones parlamentarias, llega la fiesta de Rodiezmo de 1985. Las crónicas periodísticas de la época hicieron referencia a un accidente en el que unas cajas de sidra se caen sobre la espalda de Villa provocándole una lesión ósea que arrastraría el resto de su vida. Pero ocho años después tiene otro percance mucho menos conocido, concretamente el 14 de mayo de 1993. Esa es la fecha en la que se referencia un accidente laboral en un parte de Hunosa al que ha tenido acceso ATLÁNTICA XXII. En el documento, firmado por el jefe de personal del Pozo Candín, Constantino Bahamonde, se certifica una recidiva (recaída) de José Ángel Fernández Villa tras un suceso que fue categorizado como “leve” por el médico de la explotación minera, Avelino Ordiz. Al ser un parte de recaída, la fecha del mismo es posterior, del 19 de octubre de 1995.

De vuelta al 93 y según la descripción recogida en la documentación, el accidente se habría producido a las 10 de la mañana y en el lugar habitual de trabajo, concretamente en la tercera hora del turno. Se detalla que Villa había resbalado “por una escalera y cayó flexionando y rotando la columna, golpeándose contra la propia escalera”, y que ésta era “fija y de servicio”. En las fechas inmediatamente posteriores a este suceso Villa permanecería ingresado en el Sanatorio Adaro, en Sama de Langreo.

Sin embargo, otro documento al que ha tenido acceso esta revista no certifica el accidente detallado en el citado parte. Algo que abre de par en par las puertas de la sospecha. En el libro de bajas por accidente de Hunosa, concretamente en la hoja que recoge los sucesos de mayo de 1993, no aparece ni el nombre del sindicalista, ni ninguna alusión al citado accidente. ‘Pola’ precisa que Villa no participaba en labores propias de su puesto, ya que estaba liberado desde 1978, y en los años que el citado picador y responsable sindical de la CSI trabajó en el Candín, entre 1980 y 1997, “Villa no pasaba por el pozo ni para las asambleas”.

Esta revista se ha puesto en contacto con la empresa pública Hunosa con el objeto de corroborar y ampliar los datos del expediente laboral de Villa, pero la compañía ha declinado ofrecer información a ese respecto y tampoco ha querido realizar ninguna valoración. En este sentido, conviene indicar que Hunosa asegura que su sistema contable fue modificado y modernizado y que los datos anteriores a 1999 son “de difícil acceso”, como indicó la propia presidenta Mallada en la reciente comisión de investigación del ‘caso Villa’.

¿Qué sacó Villa de todo eso?

La pregunta es obligada. ¿Qué habría llevado a José Ángel Fernández Villa, en aquella época con los suficientes años cotizados para poder prejubilarse, a presuntamente simular un accidente en el pozo, como señala Antón Saavedra? El ex sindicalista de UGT lo tiene claro. “Lo que Villa pretendía era marchar para casa con el 100% de la base reguladora y la categoría de vigilante, y con la situación de invalidez permanente absoluta tras un accidente laboral que le permitiera cobrar la pensión máxima de por vida y además estar exento de tener que pagar impuestos. No le resultó difícil, al contrario que a otros muchos que sí sufrieron accidentes de verdad”.

Concretamente, según Saavedra, Villa percibe una pensión de 2.596 euros al mes, una cantidad bastante superior a la que le habría correspondido de haberse prejubilado con la categoría que -en opinión del propio Saavedra- hubiese sido la correcta (maquinista de tracción, la que tenía antes de quedar liberado). Y también una paga bastante más alta que a la que hubiera tenido derecho si la invalidez hubiera sido permanente total, aquella que te permite cobrar una pensión mucho más modesta pero compatibilizarla con otros puestos de trabajo que no implican el esfuerzo físico de la actividad minera. Además, Villa no se ha visto obligado a entrar en ‘caja’ al cumplir los 65 años, algo que sí hubiera pasado de haberse prejubilado.

Por otro lado, ‘Pola’ también opina que prejubilarse a principios de los años noventa hubiera supuesto tener que abandonar el comité de empresa de Hunosa, algo a lo que Villa “no estaba dispuesto, ya que no quería renunciar al control que ejercía desde el comité”. Sin embargo, “en el 97 era otra cosa”. Gobernaba el PP con Aznar y ya estaba a punto de entrar en vigor el primer Plan de la Minería que ampliaba las ayudas a otras materias más allá de la mera actividad minera, el de 1998-2005, considerado el pistoletazo de salida oficioso a los denominados ‘fondos mineros’.

Pero la cosa no queda ahí. Según ha podido saber ATLÁNTICA XXII de la confesión de un minero prejubilado que estaba en la plantilla del Candín y militaba en el SOMA, Hunosa podría haber abonado una suculenta indemnización a Villa al salir de la empresa, en concreto varios millones de pesetas. Un dinero que ningún vigilante recibía al retirarse. Hunosa tampoco ha confirmado ni desmentido esa información, ni ha querido ofrecer datos sobre la ficha personal del ex sindicalista, documento donde tendría que reflejarse la indemnización.

En el Libro de Bajas por Accidente de Hunosa no se recoge ningún suceso protagonizado por Villa en todo el mes de mayo de 1993.

Error administrativo, circulen por favor

Otro de los puntos calientes en el ‘historial laboral’ del líder sindical hay que buscarlo en las condiciones que rodearon la consecución de la categoría con la que se retiró, la de vigilante. El 29 de octubre de 1993, el diario La Voz de Asturias publicaba a toda página que “un error administrativo” había dado a Villa la categoría de vigilante en Hunosa, presidida entonces por Eduardo Abellán.

En la ficha personal publicada por el periódico, la antigüedad en el puesto se remontaba al 1 de agosto de ese mismo año. En aquel momento, la empresa se limitó a excusarse por el fallo administrativo y a asegurar que Villa seguía ostentando la categoría de maquinista de tracción. Sin embargo, pasó el tiempo y nadie volvió a pedir explicaciones. Como se puede comprobar en el parte del accidente anteriormente expuesto, la categoría de Villa en el año 1995, con 25 meses de antigüedad, es, efectivamente, la de vigilante de segunda.

La chequera sindical

Tradicionalmente, en los pozos mineros siempre ha existido mucha polémica en todo lo que se refiere a las decisiones acerca de las categorías laborales de los trabajadores, elevándose aún más la discusión cuando el protagonista del ascenso era un liberado, como en el caso de Villa. Sin embargo, sería injusto concluir que el caso del líder minero fue algo aislado y particular. Ni mucho menos.

Es más. El ‘juego de las categorías’, sobre todo en los años de las primeras prejubilaciones masivas (el tiempo en el que el Gobierno de Felipe González ‘limpió’ Hunosa a golpe de talonario), actuaba como “la gran chequera sindical para comprar voluntades”, como asegura  ‘Pola’. Y es que el procedimiento carecía de ningún tipo de control o baremo objetivo, algo que la CSI se cansó de denunciar. La decisión se llevaba a cabo en los pozos, a propuesta de los sindicatos o por iniciativa del jefe de la explotación minera, y tenía que ser refrendada por el comité.

De esta manera, se hicieron “auténticas barbaridades, como meter en los pozos a trabajadores del exterior y también cargar nocturnidades en los últimos seis meses antes de causar baja definitiva [los que computaban para la prejubilación] para subir el dinero a percibir en la pensión”. También se produjeron prejubilaciones masivas de personal sanitario, de oficinas y también de directivos (en el ‘pozo moqueta’, sede de Hunosa en Oviedo), “con coeficientes reductores que no les correspondían”, recuerda ‘Pola’. Además, el factor riesgo también jugaba su papel, debido a que muchos trabajadores aceptaban operar en zonas muy complicadas en los últimos meses de trabajo para sumar el plus de peligrosidad.

Con los comités fuertemente controlados por el SOMA, “los tratos de favor eran constantes”, continúa ‘Pola’. “Al que metía ‘caña’ a los sindicatos mayoritarios, primero se le intentaba comprar con la categoría y, si no cejaba en su empeño, llegaba el efecto contrario. Nosotros llegábamos a decir a los chavales jóvenes que empezaban como ayudantes mineros que no se afiliaran a la Corriente hasta que no consiguieran la categoría, porque si no lo iban a pasar muy mal”.

Pero nadie parece libre de culpas en estos oscuros asuntos del sindicalismo minero. Según el minero prejubilado anteriormente citado, estos apaños laborales de Villa coincidieron con un pacto entre la dirección del pozo, Hunosa y los sindicatos para una “promoción global que afectó a ocho o diez personas”. La CSI participaba en el acuerdo, con el SOMA y CCOO. Tanta unanimidad explica tantos silencios.

Villa pertenecía a la plantilla del Candín, pero apenas trabajó en el pozo. Foto / Ferrogio.

El contraste con Gerardo Iglesias

Pero no todos corrieron la misma suerte que Villa con su jubilación. Gerardo Iglesias, otro reconocido referente -pero en esta ocasión de honestidad-, tuvo que vivir un auténtico calvario hasta conseguir que la Seguridad Social le reconociera la invalidez permanente absoluta -la misma de la que ‘disfruta’ Villa-, a pesar de haber sufrido un terrible accidente en el Pozo Polio en 1990, que le provocó una dolencia por la que se ha tenido que someter a múltiples operaciones de espalda.

Tras sus tres años como parlamentario -entre 1986 y 1989-, Iglesias volvió a su antiguo puesto de minero, algo genuino en la política nacional. Desgraciadamente, poco tiempo después se vio obligado a retirarse y a sufrir las secuelas de la grave lesión. Pero sus problemas no se quedaron solamente en la merma de su estado físico.

Según cuenta el propio Iglesias a esta revista, “al cabo de 18 meses de baja por el accidente, que la empresa certificaba y tras una dura intervención quirúrgica que estaba a la vista, Hunosa, a iniciativa propia, cursa la propuesta para pensionarme”. Sin embargo, la contestación del secretario general de la Mutualidad del Carbón en aquel tiempo, Juan Luis Cabal Alonso, refleja que la intención era otra: “Sería preciso conocer el estado del trabajador con anterioridad al accidente y muy concretamente cuando se incorporó a la empresa, puesto que pudieran tratarse de dolencias de carácter común”. Es decir, sugería abiertamente que se le enviara al Régimen Común de la Seguridad Social.

Ante el estupor de los médicos y de la propia Hunosa, que consideró “inaudita e inexplicable” la solicitud indagatoria, Iglesias emprendió un arduo camino de reclamaciones -con multitud de informes médicos públicos y privados que certificaban su situación- que le llevaron a conseguir a duras penas la modesta pensión por incapacidad permanente total.

Con el paso de los años y ante el agravamiento de su dolencia, con cinco operaciones en total, Iglesias solicita la revisión de su situación. Pero, de nuevo, Juan Luis Cabal Alonso se cruzaba en su camino para denegar cualquier modificación. Afortunadamente, y dado lo “clamoroso” del caso, consigue, pasados 14 años del accidente, que le reconozcan la incapacidad permanente absoluta. Por el camino también tuvo que soportar una “persecución mediática” que llegó a poner en duda las causas de su enfermedad, “sobre todo en un reportaje publicado en La Nueva España basado en unos anónimos que incluso filtraban datos médicos con anotaciones denigrantes” sobre su situación, recuerda ahora el fundador de IU.

Asegura que jamás cruzó “una palabra” con Villa y que a día de hoy no entiende las razones de aquel empecinamiento por parte de la Administración con un caso tan obvio como el suyo. Diferentes varas de medir, se le antoja. “¿No hubiera pensado cualquier otra persona en mi situación que se trataba de un acto de persecución política? Siempre he pensado que tenía que ser cosa de uno o dos funcionarios y no de algo generalizado, porque de lo contrario sería verdaderamente preocupante para la sociedad que el futuro de las pensiones pasara por manos arbitrarias y tan poco profesionales”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 38, MAYO DE 2015