Ilustración / Javier Marinas.

Entre los años 2012 y 2015 la fundación de la multinacional Aguas de Barcelona (Agbar), implicada en los casos de corrupción Pokémon y Púnica, impartió en Barcelona cursos de formación a jueces de toda España sobre Derecho de Aguas. Una organización de abogados logró suspender el convenio entre la empresa y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Carlos Mier / Periodista.

“El agua es un bien escaso que dentro de muy poco tiempo no podrá sostenerse. Eso de los usos generales, gratuitos, a los que todos, más nuestros abuelos que nosotros, estábamos acostumbrados, no será posible. Por eso debemos trabajar todos juntos en una única dirección, poner en común obligaciones, necesidades y esos problemas que tiene el poder judicial para aplicar la normativa. No es sencillo. Hacer llegar esas dificultades al sector económico o al sector que se ocupa de la gestión de las aguas tiene su importancia y su valor”. Este podría ser perfectamente el discurso interesado de cualquier director de cualquier empresa privada a la espera de poder hincarle el diente a la ansiada tarta de la gestión del agua. Hasta aquí todo parecería lógico, si no fuera porque son palabras pronunciadas por un cargo público.

En concreto, salieron de la boca de la exconsejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, también abogada del Estado en excedencia, Pilar Fernández Bozal, ante una treintena de magistrados de alto rango (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia de diferentes Comunidades Autónomas y Audiencia Nacional) y la plana mayor de la multinacional Agbar (Aguas de Barcelona) allá por el año 2012. También andaba por allí el mismísimo Isidre Fainé, presidente del Grupo La Caixa, copropietario de la citada empresa. El escenario no estaba escogido al azar, sino que se trataba del acto de apertura del curso de ‘Derecho de Aguas’, impartido en las instalaciones de la empresa en Barcelona.

Se trataba del primer encuentro programado tras la firma en diciembre de 2011 de un convenio en materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar para “ampliar el conocimiento de los jueces en materia medioambiental y para crear un foro estable sobre Derecho de Aguas” donde el fin último era “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica en un tema que afecta a todos los ámbitos de la vida personal y social”.

El acuerdo, que se vendía por aquel entonces como “sin precedentes en Europa”, buscaba “avanzar en la unificación de criterios sobre una realidad normativa diversa que va desde el ámbito local hasta el comunitario, para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho al agua”. Traducido: una empresa gestora de un recurso de primera necesidad sugiriendo a los jueces qué decisiones hay que tomar cuando tengan que fallar sobre un conflicto entre ciudadanía y, muy probablemente, la empresa en cuestión (Agbar oligopoliza la gestión del agua en España junto a FCC-Aqualia y Acciona).

Todo se podría justificar en la buena voluntad empresarial si no fuera porque Aquagest (filial de Agbar) fue bautizada como “una verdadera asociación ilícita”  por la jueza del Caso Pokémon, Pilar de Lara, en un auto el pasado septiembre. En dicho auto dejaba constancia de la supuesta obtención de contratos por medio de sobornos, entregas de dinero, enchufes de allegados, regalos y viajes a personas con poder de decisión en las Administraciones, entre ellas muchas asturianas. Una de las propietarias de Agbar, la francesa GDF Suez, también aparece en el centro del sumario del Caso Púnica. El zorro formando a las gallinas.

Cursos gratis total

ATLÁNTICA XXII ha tenido acceso al convenio firmado entre Agbar y el CGPJ. Entre la información recabada se encuentran las actividades realizadas anualmente, pero sin detalles sobre presupuesto y participantes. Las “aportaciones” realizadas por la Fundación Agbar consistían en “gastos relativos a los docentes, alojamiento de los participantes, almuerzos y cenas de trabajo” e incluso “una estancia en la empresa Aguas de Barcelona” en el año 2015. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del Consejo General del Poder Judicial indicaron a esta revista que es “imposible” ofrecer datos sobre los participantes basándose en la necesidad de la protección de datos de los jueces. Esta revista pudo saber que asistieron jueces de toda España, de diferentes Tribunales Superiores de Justicia.

La propia fundación, en su página web, recoge una serie de conferencias integradas dentro de las actividades promovidas por el convenio. Allí se incluyen los nombres de algunos de los ponentes, entre los que destacan Dimitry Berberoff, magistrado y jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Jacobo Quintans, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Manuel Taboas, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, César Tolosa, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, o Antoni Bayona, letrado mayor del Parlamento de Cataluña.

Ruptura del convenio

Según ha podido confirmar esta revista, el convenio dejó de tener efecto el pasado 1 de enero. Pero, a pesar de la implicación de la multinacional del agua en casos de corrupción, no fue el CGPJ el que tomó la decisión de manera unilateral, sino que se necesitó la denuncia de una organización para que el convenio dejara de ser efectivo.

Fue el partido político Soberanía, formado por un grupo de abogados, el que solicitó al CGPJ la ruptura de las relaciones por “contravenir el principio de la Ley de Incompatibilidades de que ningún funcionario puede incurrir en actividades que pongan en peligro su apariencia de imparcialidad”. Su representante, José Luis Mazón Costa, señala que “sobre todo tras el auto en el que se describen los métodos de sobornos, pagos en negro, compra de voluntades que presuntamente usa Agbar para ganar los concursos de aguas con los Ayuntamientos y otras entidades públicas, ver a los magistrados de los TSJ acudiendo a actos de su fundación es como ver a jueces que acuden a reuniones de un grupo presuntamente mafioso”.

Una reunión del Consejo General del Poder Judicial en 2012.

Caso práctico

Tras los cursos de Barcelona no falta quien relaciona numerosas sentencias judiciales con su contenido, según personas contactadas por esta revista para la elaboración de este reportaje. Una de ellas se hizo pública hace un año en Murcia y fue favorable a Agbar y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Aguas de Barcelona gestiona el agua en Murcia a través de su participación en el 49% de la Empresa Municipal de Aguas de Murcia (Emuasa). En 2012, un grupo de ciudadanos denunciaban a la citada Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento de su capital y a Emuasa por una subida de tarifas en el agua potable. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Región de Murcia desestimó la demanda en abril de 2015, basándose en una lectura invertida de las dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se basaba la citada demanda (STS 8015/2009 de 20/7/2009 y STS 8249/2009 de 12/11/2009).

Curiosamente, muchas de las sentencias de los TSJ han ido en el mismo sentido a favor de Agbar y en contra de la interpretación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en la que se señala que las tarifas del agua son tasas y no precios (y por lo tanto sujetas a control público aunque el agua esté gestionada de manera privada), un contratiempo que la empresas gestoras no parecen dispuestas a tolerar. Ahí está la principal batalla.

Tasa o precio

Ganar la pelea judicial es fundamental para las empresas gestoras del agua (entre ellas la citada Agbar) de cara a asentar su tesis de la existencia de un “poder tarifario” de las empresas concesionarias y gestoras del agua, frente al poder tributario de los Ayuntamientos. El abastecimiento domiciliario del agua potable es un derecho en España. La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, establece en su artículo 26 su prestación obligatoria en todos los municipios, y en el 86.3 su carácter esencial, estableciendo la reserva obligatoria a favor de las entidades locales y su prestación en régimen de monopolio, respetando una tradición municipalista y su carácter público. También lo fueron los suministros de energía eléctrica y gas. Sin embargo, España ha pasado de un 63% de gestión pública del agua en 1996 a un 60% en manos privadas actualmente.

Siendo el servicio municipal del agua potable domiciliaria el más importante por su cuantía económica, llama la atención que en los casos de gestión indirecta mediante concesionarios (Aquagest/Agbar, Aqualia/FCC y Acciona), sus ingresos y gastos no figuren habitualmente en los presupuestos municipales, a pesar del principio constitucional de la universalidad de los ingresos y gastos públicos (art. 134 CE). Sin gastos y sin facturas, no es posible realizar control alguno por las intervenciones municipales y los del Tribunal de Cuentas de España y los autonómicos ni están, ni se les espera.

Resulta también fundamental la diferencia de trato en caso de impagos por falta de medios económicos y patrimoniales. El impago de una tasa solo podrá exigirse por el procedimiento de apremio, que deberá pararse en caso de insolvencia probada, caso de los receptores de ayudas de emergencia social. El gestor debe continuar prestando el servicio aunque no exista el pago, lo que no sucede en el caso de tarifas mediante precios, cuyo impago puede conllevar el inmediato y drástico corte.

Por tanto, no hay control público, como resultado exitoso de la estrategia del lobby del agua de mantener las tarifas como precios privados; incluso en los Ayuntamientos que las tienen en sus ordenanzas fiscales como tasas consiguen que se tramiten como precios, sin cumplir la Ley de Haciendas Locales.

Los ‘abrelatas’ del Caso Pokémon

En las conversaciones recogidas en los pinchazos telefónicos, los investigados de la firma Aquagest, una de las filiales del grupo catalán Agbar, se referían a los “conseguidores”, personas con tentáculos en los Ayuntamientos o militantes del partido de turno que intermedian a favor de empresas a la caza de contratos, como “abrelatas”. Tan poderosos abrelatas encontró la juez Pilar de Lara, instructora desde Lugo del Caso Pokémon sobre corrupción política y sobornos, que acabó creando piezas separadas para seguir su rastro tanto en Galicia como en Asturias. El caso se encuentra en estos momentos en la Audiencia Nacional.

La magistrada enumera a los “abrelatas” supuestamente utilizados en las distintas Comunidades Autónomas donde opera Agbar. En la rama asturiana del caso, según expone De Lara, desde 2009 Agbar “dispone de una persona, Joaquín Fernández, excoordinador del PP en la comarca del Nalón, trabajando para el grupo como captador de contratos con influencias en un número importante de Ayuntamientos” gobernados por su partido. También fue salpicado por la trama el expresidente del PP en Avilés, Joaquín Aréstegui, y entre los otros políticos “agasajados» por Agbar” se encontrarían Agustín Iglesias Caunedo, cuando era alcalde popular de Oviedo, y Manuel Pecharromán Sánchez, en la época en que era concejal del PP en Gijón, con el famoso caso de los viajes a Nueva York y Croacia. Todos están siendo investigados.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 44, MAYO DE 2016