Aguas privadas que contaminan los Ayuntamientos del Occidente

Depuradora de Grandas de Salime. Foto / Iván Martínez.

Alcaldes y concejales de cuatro concejos del Occidente de Asturias, del PSOE y el PP, trabajan o tienen familiares directos trabajando para las empresas adjudicatarias del servicio del agua, Asturagua y Aqualia. En todos los casos, en San Martín de Oscos, Grandas, Pesoz y Tapia, se respeta la legalidad, aunque no parece que la ética política.

Javier Fernández / Periodista.

En San Martín de Oscos el alcalde en funciones, que llegó a la Alcaldía por la enfermedad de su antecesor , es uno de los empleados de Asturagua (antes Aquagest) en la zona y se encarga del mantenimiento y la gestión de las instalaciones de su concejo y también de Villanueva de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Taramundi. “No tengo nada que ocultar”, comenta con rotundidad Javier Martínez, del PSOE. “Llevo 10 años trabajando en la empresa del agua. Cuando empecé no tenía relación con ningún partido político”, explica. “En el Ayuntamiento llevo menos tiempo, dos legislaturas. Esta, en la que salí elegido teniente de alcalde y tuve que ocupar el puesto de alcalde por enfermedad del titular, y la anterior, en la que formé parte de la corporación municipal como concejal”. Durante este tiempo la adjudicación ha cambiado (Asturagua, Aqualogy o Sadyt han pasado por el servicio) pero los trabajadores han mantenido su puesto en las distintas empresas que han ido pasando por las depuradoras de la zona. Hasta el momento, pues la última adjudicación se ha producido en las últimas semanas y Sadyt aún no ha revelado sus planes.

Una situación que, dice, se produce en muchos otros concejos. “Para la empresa es lo más fácil. Seguir con los operarios que conocen el trabajo y las instalaciones”, argumenta para hacer hincapié en que en ningún momento utilizó su influencia para mantener el empleo ni alcanzar otro beneficio profesional. “Naturalmente, no se puede ser parte contratante (miembro de la Junta de Gobierno Local o de una Mesa de Contratación)  y ser trabajador del contratista”, explica Leopoldo Tolívar, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Real Academia Asturiana de la Jurisprudencia. Es por eso que Javier Martínez, pese a ser el alcalde, no participa en el Ayuntamiento en asuntos relacionados con su trabajo: “Ni siquiera tengo las competencias en materia de aguas. Están delegadas en otro concejal. Yo no intervengo en este tipo de decisiones”. El regidor expone también que realiza todo tipo de funciones para servir a los más de 400 vecinos de los que depende su Ayuntamiento, como retirar la nieve de carreteras y calzadas, y que todas las hace sin percibir sueldo.  Y los vecinos no parecen tener problema alguno con que trabaje para una empresa privada que es adjudicataria del Ayuntamiento. “Aquí nadie dice nada. En este concejo no hay quejas”, confirman desde la oposición.

Grandas: el marido de la teniente de alcalde

En Grandas de Salime la situación es ligeramente distinta. “Todo el mundo sabe que se le preparó el puesto”, comenta una vecina que asegura que, sin embargo, apenas existen críticas ni exigencia de explicaciones. Hablan del empleado del mantenimiento en la zona, gestionado por Asturagua. Es el marido de Mónica Fernández, del PSOE, que formó parte del gobierno municipal del alcalde socialista Eustaquio Revilla. En estos momentos ya no tiene cargo alguno en el consistorio pero cuando se produjo la contratación de su pareja, en 2008, era teniente de alcalde. “Llevo desde 2008 (contratado por Aqualia)”, relata el empleado en cuestión, Roberto Pérez: “Estaba trabajando en otro lado, eché algunos currículos y me llamaron de esta empresa para trabajar”. Su esposa prefiere mantenerse al margen, “no quiere dar opiniones de esto”. Pero ambos rechazan que se haya ejercido cualquier tipo de influencia política para favorecer una colocación. “Nos parece ridículo, sinceramente”, zanja con rotundidad.

“Todos los miembros del personal que se contratan pasan por un proceso de selección y se ajustan a las necesidades del puesto”, destacan por su parte fuentes de Aqualia, que rechazan cualquier injerencia política: “En ningún momento ese procedimiento está influenciado por nadie”.

Pesoz: el hijo del alcalde

Tampoco es muy diferente lo que ocurre en Pesoz. También se trata de un caso público y notorio que ni siquiera la oposición saca a debate. Y también Asturagua está presente. Al tratarse de concejos pequeños (Pesoz apenas cuenta con 200 habitantes) existe cierta intención de evitar posibles conflictos entre vecinos. “Aunque en el exterior pueda generar debate, a mí, a nivel de Ayuntamiento, lo que me tiene que interesar es que todo esté legal”, resalta José Valledor, alcalde de Pesoz del PSOE. Cuando su hijo comenzó a trabajar en el servicio del agua, Valledor ya era alcalde. Lleva en el cargo tres legislaturas y manifiesta tener “la conciencia totalmente tranquila”. Matiza que el gobierno local que dirige solo adjudica el saneamiento y realiza por su cuenta el resto de servicios y que su hijo, además de en Pesoz, trabaja también en Villayón y en Navia. “En los Ayuntamientos pequeños todo se hace de forma trasparente”, destaca el regidor, que responde a la posibilidad de que utilizase su cargo para influenciar a Asturagua a la hora de realizar la contratación con un “no rotundo: la duda ofende”. “El Ayuntamiento no intervino para nada. No hizo ninguna gestión ni intermedió de modo alguno”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 37, MARZO DE 2015