La zona azul en una calle de Oviedo. Foto / Imanol Rimada.

El descubrimiento por parte del gobierno tripartito local de Oviedo (PSOE, Somos Oviedo e IU) de cientos de tarjetas que permitían a políticos, empresarios, fuerzas del orden, curas y jueces aparcar por la ciudad sin pagar en la zona azul o circular por calles peatonales durante los años en los que el PP detentó la Alcaldía sigue dando sorpresas cada día. El escándalo ha provocado un serio enfrentamiento entre los populares y el equipo de gobierno, que acusa al exalcalde y actual concejal Agustín Iglesias Caunedo de ser uno de los privilegiados. ATLÁNTICA XXII dedicó un artículo a este asunto en el número 49, actualmente a la venta. Por razones excepcionales, dada la actualidad del «caso de las tarjetas blue», lo reproducimos a continuación antes de la salida del número 50 el próximo 5 de mayo.

CIENTOS DE PERSONAS LLEVAN AÑOS APARCANDO GRATIS Y CON OTROS PRIVILEGIOS INJUSTIFICADOS

Los “blues vips” de Oviedo

El Gobierno local dice que las está restringiendo y que está regularizando la situación, pero en Oviedo cientos de personas llevan años, desde la época de las Alcaldías del PP, disfrutando de unas “tarjetas azules” que les permiten evitar el pago del aparcamiento o acceder y aparcar en calles donde el resto de los ciudadanos lo tienen prohibido. Son los llamados “blues vips”. El Ayuntamiento no ha hecho públicos sus nombres, aunque algunos se conocen.

Redacción.

Que no todos somos iguales ante la ley ya lo intuíamos, incluso antes de conocer la sentencia del Caso Nóos. Pero en Oviedo eso es tan visible que viene en una tarjeta que permite a centenares de personas privilegiadas no pagar por aparcar en zona azul o hacerlo en zonas prohibidas al común de los mortales. No son visibles en cambio los nombres de los privilegiados, porque el Ayuntamiento de la capital asturiana no los ha hecho públicos, aunque asegura que ya eliminó muchas de las tarjetas de los llamados “blues vips” y que está regularizando una situación heredada.

Casos e instituciones

El escándalo estalló a finales del pasado mes de enero y el día 31 se conocieron los datos oficiales. Ricardo Fernández –concejal de Seguridad Ciudadana, del PSOE– convocaba a los medios para afirmar que en la actualidad existen 1.031 permisos en vigor y que en los casi dos años que lleva el Gobierno local tripartito al frente del Ayuntamiento se habían suprimido 400. Según sus estimaciones, en 2012, cuando el actual portavoz de la oposición del PP Agustín Iglesias Caunedo llegó a la Alcaldía, había más del doble de las actuales. Aseguraba, además, que hoy por hoy nadie es poseedor de una tarjeta que le permita estacionar en zona azul o calles peatonales, salvo las excepciones que contempla el artículo 2 de la ordenanza fiscal 123, que solo dispensa de pagar en esas áreas acotadas a las motos que estacionen en batería, las ambulancias que estén en servicio, los vehículos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, los de propiedad municipal, los de transporte público urbano en servicio y los coches conducidos o que transporten a personas con movilidad reducida.

Casi a la vez el periódico semanal Asturias Diario, en una información en la que asegura que accedió a los listados de la Policía Local, aumentaba esa cifra a más del doble, aludiendo a “2.395 tarjetas azules, como se conoce a los permisos firmados por José Manuel López”, el jefe del cuerpo.

Esa publicación citaba a numerosos gremios beneficiados –desde empresarios a jueces y curas, pasando por policías y guardias civiles, además de trabajadores municipales, incluyendo a familiares en algún caso– con varios nombres concretos. Entre ellos estaba el del coronel de la Guardia Civil José Raposo, con permiso para dos coches particulares a su nombre.

Desde el Tribunal Superior de Justicia, ubicado en una zona peatonal próxima a la Catedral, se negó cualquier tipo de privilegio. Su presidente, Ignacio Vidau, detalló que lo que tenían los jueces del TSJA desde 2011 era una autorización verbal para acceder y estacionar provisionalmente en la calle Schultz, para facilitar el traslado de documentación voluminosa entre el edificio judicial y los coches particulares de los magistrados, sobre todo los viernes y los lunes, porque muchos de ellos se llevan a casa trabajo los fines de semana. Esa autorización la revocó recientemente el Ayuntamiento, aunque en el TSJA dicen que no fueron informados de ello.

El TSJA tiene una plaza reservada cerca de su sede, frente al teatro Filarmónica, que ocupa el coche del magistrado José Ignacio Pérez Villamil, que pidió para ello autorización a Vidau, que se la concedió. Pérez Villamil, que no reside en Oviedo, paga por ello al Ayuntamiento 15 euros anuales y no dispone de tarjeta alguna que le permita eludir el pago en zona azul o aparcar o acceder a calles prohibidas. De hecho fue multado el pasado mes de octubre por aparcar en la calle Schultz. Desde el 1 de febrero todos los jueces del TSJA fueron informados por su presidente del fin del permiso que concedía el Ayuntamiento, para evitar las sanciones.

Una de las tarjetas azules en el interior de un coche. Foto / Mario Rojas.

El caso del magistrado de la Audiencia Provincial Javier Domínguez Begega, presidente del tribunal del Caso Marea, es bien diferente. Reacio a dar a esta revista su versión, ATLÁNTICA XXII está en disposición de asegurar que sí tuvo en su poder no una sino dos tarjetas para estacionar en calles peatonales y zona azul, que tuvieron validez hasta noviembre del pasado año. Ahora, desde el 18 de enero, hace uso de una tarjeta que solo le permite estacionar en las plazas reservadas para la Audiencia Provincial en la calle Concepción Arenal. Para concedérselas anteriormente se esgrimieron “razones de seguridad”, un argumento que, a la vista de los acontecimientos, ya no es válido.

De entre los supuestos privilegiados se llegó a hablar también de nueve concesiones a miembros de la Universidad de Oviedo. Desde la institución académica aclaran que disponen de dos tipos de autorizaciones: una afecta a los dos coches oficiales –nunca particulares–, para acceder y estacionar por un tiempo limitado en la calle San Francisco, y otra para las furgonetas, para que puedan acceder a los distintos edificios académicos y así facilitar el traslado del correo interno.

Y, como la Universidad, medios de comunicación, agentes comerciales o empresas solicitan cada año diferentes autorizaciones para permitirles, por ejemplo, estacionar en carga y descarga o en calles peatonales durante el tiempo indispensable para desarrollar las labores profesionales que tienen atribuidas.

Concejales y personal municipal

Pero si en algunos casos parece justificado el uso de las polémicas tarjetas, es obvio que en otros muchos no, empezando por el propio Ayuntamiento, lo que ya provocó protestas de vecinos del Oviedo Antiguo que no entienden que concejales, funcionarios y trabajadores puedan hacer en determinadas calles del barrio algo que a ellos no les está permitido: aparcar gratis de forma indefinida. Hay 27 concejales, pero la Policía Local concedió a los grupos municipales 60 tarjetas. La propia Policía se reserva 67.

Como es habitual en este asunto no reina el consenso entre los partidos municipales, ni siquiera entre los que forman el tripartito. El PSOE defiende a su concejal Ricardo Fernández y su decisión de acabar con prebendas y privilegios heredados, algo que también apoya Izquierda Unida. La vicealcaldesa Ana Taboada, de Somos, fue un paso más allá y, por aquello de practicar con el ejemplo, pidió a los veintisiete ediles, así como a sus respectivos asesores, no hacer uso de la tarjeta que les permite aparcar en las plazas reservadas para ellos en la zona del Campillín, sugiriéndoles, además, utilizar la bicicleta o el transporte público y caminar por la ciudad, una propuesta que pronto encontró el rechazo de sus propios compañeros de Gobierno. Taboada suele usar la bicicleta en sus desplazamientos.

En la oposición municipal tampoco hay precisamente unanimidad. En el PP restan importancia al asunto por la propia temporalidad –un año– de la vigencia de las tarjetas, pasan “la patata caliente” a los funcionarios del servicio y sus responsables no quisieron hacer declaraciones a esta revista para dar cuenta de lo sucedido durante su etapa en el Gobierno municipal.

Sin embargo, desde Ciudadanos se mostraron escandalizados con el tema, llegando a pedir nombres y apellidos de los beneficiarios y razones concretas por las cuales se habían expedido este tipo de tarjetas, añadiendo que la Policía Local no está autorizada para eximir del pago de ninguna tasa.

El jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, y el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández. Foto / Mario Rojas.

El conflicto en la Policía Local

Según diversos testimonios recavados para este reportaje y en numerosas fuentes municipales, la filtración ahora del escándalo de los “blues vips” es un nuevo ajuste de cuentas entre diferentes grupos enfrentados en el seno de la Policía Local ovetense, algo que viene de la época de Agustín de Luis, ahora encarcelado por un delito de prevaricación. De ser ciertas esas informaciones, la filtración se haría para perjudicar al actual jefe, José Manuel López, enemigo declarado de De Luis y los suyos.

Sea cual sea el origen de la filtración por la que se conoció tan peculiar sistema de funcionamiento en la Policía Local ovetense, lo verdaderamente escandaloso sería que se hubieran podido expedir de forma arbitraria concesiones contrarias a las ordenanzas. Eso sería corrupción, prevaricación en este caso. Incluso que, precisamente por contravenir las normas municipales y no poder justificar su expedición, no hubieran generado su correspondiente tasa de 15,27 euros anuales por matrícula. Es decir, que haya podido existir o exista una suerte de “registro B”, opaco, escondido, algo que pondría en una situación muy comprometida al jefe de la Policía Local de Oviedo, porque todas las tarjetas concedidas pasaban por la firma del comisario.

Preguntado por esta posibilidad, Ricardo Fernández responde que por ahora no descarta nada, que tendrá que estudiar caso por caso, cada uno de los expedientes, y comprobar no solo cuáles fueron los criterios esgrimidos para aprobar dichas concesiones, sino que todos ellos hayan generado su correspondiente tasa. En cuanto a la responsabilidad del comisario, prefiere mantenerse en la línea de la prudencia y no pronunciarse al respecto hasta contar con toda la información que ha solicitado a los funcionarios del orden público municipal.

Cada dos miércoles, a primera hora, se celebran Comisiones de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento. El edil socialista promete aportar nuevas informaciones en el seno de estas reuniones, conforme las vaya recopilando. Lo más previsible es que, por iniciativa propia del concejal o por requerimiento del resto de grupos políticos, desfilen por alguna de ellas los técnicos responsables del servicio o el mismo comisario. Pero también avanza Fernández que siempre respetará la protección de datos, por lo que puede que nunca lleguemos a conocer cuántos y, sobre todo, quiénes han sido los verdaderos privilegiados, los auténticos “blues vips”, otra élite en Oviedo, la vial.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 49, MARZO DE 2017