Asturias, rojos de vergüenza

La Guardia Civil poniendo a disposición judicial a los ugetistas detenidos en la operación de la UCO. Foto / Imanol Rimada.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Ya conocíamos, y si no Luis Bárcenas se ocupó estos días de recordárnoslo, que a los acusados se les concede el derecho a mentir para defenderse. Pero esta mañana Justo Rodríguez Braga aportó una novedad en su paso por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo, tras pasar la noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil: no declarar ante la jueza y mentir a la salida a los periodistas.

No fue el único entre los seis detenidos de UGT-Asturias en la operación de la UCO iniciada ayer que faltó a la verdad ante los medios en el Palacio de Justicia, pero sí el que lo hizo con más vehemencia, en presencia además de su abogado. Justo declaró que había sido puesto en libertad “sin ningún tipo de cargo”.

Al extenderse la información como la pólvora en las informaciones de los medios, el Tribunal Superior de Justicia se vio obligado a aclarar la evidencia en una nota pública al final de la mañana. Los detenidos no están en libertad sin cargos, sino que han pasado a ser “investigados” (antes “imputados”) en el sumario que se instruye por supuesta corrupción en UGT-Asturias, en relación a las subvenciones públicas a los cursos de formación.

La intervención del ex secretario general de UGT-Asturias ante los periodistas fue breve, pero a esa falsedad siguieron otras elucubraciones cuando menos discutibles. Aludió a un “operativo mediático” para tapar los casos de Bárcenas y el Yak-42, dándole a la noticia de su detención y la de sus compañeros una trascendencia nacional que distó de tener. También lamentó el trato que reciben “trabajadores, personas humildes”, algo curioso en un bon vivant que llevaba tres décadas liberado con un sueldo y un ritmo de vida que ya quisieran la inmensa mayoría de los asalariados. Y también recordó el “prestigio” de UGT “entre los trabajadores”, lo que no se comparece con lo que se oye en la calle ni con la opinión sobre los sindicatos y los sindicalistas de los ciudadanos, según las encuestas del CIS.

Como para juzgarlo se valore su credibilidad, la de Justo parece salir tocada hoy tras su visita a la jueza, aunque ante ella no haya pronunciado palabra.

De lo que nadie puede dudar es de la sorpresa que supuso la operación de la UCO, aunque el cuerpo anticorrupción de la Guardia Civil lleva desde 2014 investigando al sindicato socialista. Es habitual que estos registros se produzcan cuando los investigados ya no esperan por ellos y se encuentran relajados, pero en este caso poco parece que pueda haber de documentación interesante en las plantas superiores de la sede de UGT-Asturias en Oviedo, donde Justo y su gente de confianza se atrincheraron tras conocerse que la Guardia Civil les seguía los pasos. “La planta doce está cerrada a cal y canto, los jefes están nerviosos”, decía Fernando Romero en su artículo en ATLÁNTICA XXII hace algo más de dos años, el mismo que provocó cuatro denuncias judiciales de dirigentes ugetistas, de las que solo se ratificó una pendiente ahora de sentencia en el Tribunal Supremo.

Estaban más relajados, incluso Justo confesaba su aburrimiento jubilado y alejado del puesto de mando del sindicato, porque el tiempo pasaba y la instrucción de la jueza María Luisa Llaneza no avanzaba. Tras un año de investigación, el fiscal Gabriel Bernal había basado su denuncia en las ilegalidades con las subvenciones públicas del Principado a los cursos de formación, aunque la UCO analizaba otros muchos supuestos delitos, incluidos sobresueldos, pagos en B y adquisición de coches de alta gama. Pero la instrucción de Llaneza, en la Audiencia desde junio, parecía dormir “el sueño de los justos” hasta que su sustituta, Carmen Blanco, probablemente decidió reactivarla.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT-Asturias, frente a los periodistas en la sede del sindicato en Oviedo, mientras era tomada por la Guardia Civil. Foto / Imanol Rimada.

Pase lo que pase con la instrucción judicial, lo de la UCO es un duro golpe para UGT-Asturias cuando el sindicato está sumido en una crisis que lo desangra. En su cúpula la división viene de atrás. El sindicato minero SOMA, con José Ángel Fernández Villa también a la espera de juicio, tuvo históricamente una pésima relación con la UGT regional a la que teóricamente pertenece, controlada por la Federación del Metal. El cisma tenía una repercusión política en el PSOE asturiano y en el Principado, donde gobierna prácticamente desde el nacimiento de la Autonomía: minería contra metal, guerristas contra felipistas en los años ochenta y noventa, el interior frente a la costa. Las heridas nunca se curaron, hasta el punto de que ahora, tras la fusión de federaciones en UGT, el SOMA sigue resistiéndose a diluirse en el Metal del sindicato.

También en la propia cúpula de UGT-Asturias afloran hace tiempo las divisiones. Justo Rodríguez y su antecesor y también ex secretario general de la Federación del Metal, Eduardo Donaire, no se hablan desde hace años y eso que sus despachos estaban al lado hasta hace bien poco. El actual secretario general Javier Fernández Lanero, próximo a Donaire y proveniente del Metal, también está distanciado de Justo, hasta el punto de que no pone por él la mano en el fuego, según dijo a los periodistas en medio de la operación de la UCO.

UGT-Asturias afronta también una gravísima crisis económica, que lleva suponiendo numerosos despidos entre sus empleados, donde la endogamia, con contrataciones de parientes de dirigentes, es la tónica. Al corte en el chorro de dinero que supusieron para el sindicato los cursos de formación, a causa de los recortes y de la modificación de la ley por parte del Gobierno Rajoy, hay que sumar problemas como el pufo de Pomarada de la Costana, una promoción inmobiliaria que emprendió UGT en Ribera de Arriba y que se saldó con un enorme fracaso en las ventas.

Y, por si fuera poco, este mismo mes se supo que, por vez primera en 36 años, UGT perdió las elecciones sindicales en Asturias, en las que se impuso CCOO.

La crisis de UGT en Asturias es un capítulo más, pero muy importante, de la del PSOE. Justo Rodríguez era una persona cercana y afín al presidente del Principado y de la gestora socialista, Javier Fernández. Ambos son pesos pesados en la agrupación socialista más importante de Asturias, la de Gijón. UGT, a través de cargos públicos socialistas, controla o tiene gran influencia en numerosas instituciones, empezando por el propio Gobierno autonómico e incluyendo a importantes Ayuntamientos, como Avilés.

Tras el escándalo del Caso Villa, un triste epílogo a la mítica de los mineros como vanguardia de la clase obrera más combativa de España durante el franquismo, a UGT le llega ahora la puntilla con este otro, también aún pendiente de esclarecer. Asturias sigue roja, pero de vergüenza.