José Ángel Fernández Villa era el hombre fuerte del SOMA-UGT y del PSOE en Asturias. Foto / Pablo Lorenzana.

La información publicada hoy por la edición digital del diario El País, sobre el origen de la fortuna oculta del sindicalista José Ángel Fernández Villa y la investigación al respecto de la Fiscalía Anticorrupción, fue adelantada por ATLÁNTICA XXII hace años y en varios números de la revista, sobre todo en el 35 y el 36, aparecidos en noviembre de 2014 y enero de 2015.

En el primero de esos números, aparecido un mes después de conocerse por una información de El País que Villa blanqueó 1,4 millones de euros con la amnistía fiscal del ministro Montoro, la portada llevaba por título “Caso Villa: dietas y maletines” y la información central, “Caso Villa, dietas fraudulentas y mordidas”.

En el número 36, en otro dossier sobre el Caso Villa, en un artículo titulado “El Montepío, un nido de corrupción desde hace 30 años”, se detalla la vinculación de los escándalos de esta mutua controlada por el SOMA-UGT con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, llevadas a cabo por la fiscal Carmen García Cerdá. Y se citaba concretamente la existencia de mordidas en las obras del macrogeriátrico de Felechosa, basándose en el testimonio de un empresario que participó en ellas con una subcontrata. Los artículos los firman el director de la revista, Xuan Cándano, y el periodista Fernando Romero, y contenían información recabada por otro redactor de ATLÁNTICA XXII, Jaime Santos.

ATLÁNTICA XXII, en cuyas informaciones basó su investigación inicial la Fiscalía Anticorrupción, publicó en relación al Caso Villa que García Cerdá se centraba en esas obras de Felechosa y no en otras anteriores en diversas instalaciones del Montepío en Ledesma (Salamanca), Los Alcázares (Murcia) y Roquetas (Almería) porque los supuestos delitos en estas últimas ya están prescritos.

Las informaciones sobre las irregularidades en las obras del macrogeriátrico de ATLÁNTICA XXII se remontan mucho más atrás, justo cuando se estaban efectuando, en 2012. En un reportaje de Jaime Santos se detallaban entonces las sospechosas relaciones entre el constructor Juan Fernández y el entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo, mano derecha de Fernández Villa, que también se acogió como su jefe a la amnistía fiscal de Montoro.

Por su actualidad reproducimos a continuación los reportajes publicados en los números 35 y 36.

Caso Villa, dietas fraudulentas y mordidas

Manifestantes con billetes con la cara de José Ángel Fernández Villa en Oviedo. Foto / Pablo Lorenzana.

Cuando José Ángel Fernández Villa le dijo a un policía en las movilizaciones mineras de hace dos años que llevaba “sesenta años en primera línea de este negocio”, solo exageraba con la fecha. Un lucrativo negocio fueron sus 35 años en la vida pública. Dietas millonarias sin control y mordidas a empresarios mineros podrían estar detrás del Caso Villa y de los 1,4 millones de euros ahora aflorados que ocultaba a Hacienda.

Fernando Romero y Xuan Cándano / Periodistas.

A un político o un sindicalista que acumule tal cantidad de cargos públicos durante 35 años, como tuvo José Ángel Fernández Villa, no le hace falta robar para enriquecerse. Secretario general del SOMA-UGT, diputado autonómico, senador, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, consejero de Hunosa (a lo que no quiso renunciar por los 6.500 euros anuales cuando abandonó la vida pública en 2012), Villa fue una máquina de ingresar dinero público durante estas últimas tres décadas y media.

Y a los sueldos hay que añadir otros ingresos extras, como las dietas, que el ex sindicalista cobraba por partida doble, e incluso triple en alguna ocasión, según coincidieron en manifestar a esta revista testigos presenciales de esos comportamientos. Una persona muy próxima al Villa de los años dorados dice que cuando asistía los lunes a las reuniones en Madrid de la ejecutiva federal del PSOE, generalmente en el coche del SOMA, cobraba luego las dietas del partido y del sindicato. “Yo lo vi cobrar por ventanilla a la vez el kilometraje y el billete de avión”, recuerda. También alude a pagos dobles por estancias en hoteles. Cuando acudía a negociaciones sindicales en Madrid, Villa se alojaba en el hotel Meliá Princesa, de cinco estrellas, y el resto de la comitiva del SOMA en un hotel de tres estrellas en Colón.

Talones nominativos

Antón Saavedra, ex secretario general de la Federación Estatal Minera de UGT y enfrentado a Villa desde que el de Tuilla empezó a acaparar cargos, corrobora ese cobro fraudulento de dietas, e incluso asegura que en algún caso fueron triples los ingresos. “Iba a las reuniones y pasaba las dietas al PSOE, al SOMA y a la Federación nuestra, hasta que lo corté”.

Es difícil calcular el dinero que pudo percibir Villa irregularmente por esta vía, pero muy sencillo en el caso del dinero que pagaba Hunosa mensualmente al SOMA y a CCOO a través del comité intercentros, eufemísticamente una asignación por los gastos sindicales, pero en realidad una especie de impuesto revolucionario que se prolongó durante más de treinta años, desde 1978. Esa asignación, primero en pesetas, era de 2.300 euros mensuales para el SOMA y 1700 para Comisiones Obreras. En la investigación interna que ha abierto tras estallar el escándalo Villa, el sindicato minero socialista intenta comprobar si ese dinero acababa en los bolsillos de su ex secretario general, como aseguran algunos de los que fueron sus colaboradores. Lo descubrieron en 1994, cuando Villa estaba hospitalizado en el Sanatorio Adaro de Langreo y llegó al sindicato un talón nominativo de Hunosa a su nombre. Varios miembros de la ejecutiva del SOMA plantearon enviar una carta a la empresa pública para aclarar el destino de esos pagos, pero ese escrito nunca se redactó. “El Tigre” era intocable y nadie movió un dedo ni pidió explicaciones. Un ex miembro de aquella ejecutiva asegura que esos talones nominativos siguieron llegando a nombre de Villa hasta 2010. Hunosa, que acabó con estos pagos cuando llegó a la presidencia Teresa Mallada, confirmó recientemente al PP que de esos pagos directos a Villa no hay duda alguna entre 1995 y 1998.

El 2% de la Caixa y los maletines

Personas próximas a Villa mientras atesoró el poder supremo en Asturias y otras que conocen bien la historia reciente de la minería apuntan hacia comisiones, mordidas y maletines para explicar su enriquecimiento. Ya se habla de ellas desde que resurgió el poder sindical en las cuencas con la democracia. A finales de los años setenta del pasado siglo la revista Interviú y el periódico asturiano Región publicaron listas de mineros que pagaban a los sindicatos por entrar a trabajar en Hunosa, con las cantidades incluidas.

Pero eso es nada en relación a los maletines cargados de dinero de la trama carbonera, según explica detalladamente en su libro de 2004 El secuestro del socialismo Antón Saavedra, que sostiene que por ahí viene otra vía de ingresos ilegales de Villa, de su sindicato y del PSOE. Según el ex ugetista y ex diputado autonómico eso era un secreto a voces en las cuencas que funcionó durante muchos años por los cupos del carbón, los topes de producción para incentivar el uso en las centrales térmicas del mineral autóctono, mucho más caro que el de exportación. Saavedra asegura que el SOMA manejaba los cupos, a través de su control político en la Consejería de Industria y en la Dirección Regional de Minas, donde Villa colocaba a los suyos. Y los empresarios, de minas de montaña y explotaciones a cielo abierto, pagaban su mordida al sindicato para obtener los cupos deseados. Saavedra dice que el SOMA tenía recaudadores en cada cuenca (Caudal/Aller, Nalón y Suroccidente) y da sus nombres, todos ellos personas de confianza de Villa. “Yendo con el recaudador del Suroccidente tuve una vez un accidente de tráfico y me enseñó 400.000 pesetas que llevaba en la guantera del coche de las mordidas”, detalla en su casa de Langreo.

Esas informaciones coinciden con otras recabadas por esta revista, donde se aportan nombres de empresas y empresarios. Un estrecho colaborador de Villa cita el apellido de un mensajero de un empresario que era presencia habitual en la sede del SOMA en Langreo. “Iba todos los meses al sindicato con el periódico y la mariconera”.

Antón Saavedra no se callaba sus denuncias, aunque caían en saco roto, e incluso se las espetaba a la cara al propio Villa. Cuando “el Jefe” del SOMA inclinó hacia La Caixa el pago de las prejubilaciones de Hunosa, un auténtico dineral y un gran negocio bancario, Saavedra lo llegó a acusar de comisionista. “Tú estás pillando aquí el 2%”, le dijo. Villa respondió: “Nos veremos en el Juzgado”. Pero nunca puso denuncia alguna.

Víctor Zapico y la trama carbonera

La trama carbonera asturiana, tras una espectacular operación de la Guardia Civil con numerosas detenciones, sentó por vez primera en el banquillo de los acusados este año, en un Juzgado de Gijón, a cinco personas acusadas de hacer pasar por carbón propio mineral de importación en la mina La Camocha, ya cerrada. El fraude investigado se produjo entre 1998 y 2000 y las toneladas de carbón fueron 98.686. Los acusados son Manuel García Brugos, administrador único de Hullas de Coto Quirós, la contable de esta empresa Margarita García, el apoderado Alfredo Honrubia, el presidente de La Camocha Manuel Martín y el apoderado de la mina gijonesa Víctor Zapico.

Éste último, falangista de joven, consejero del Principado por el PCA cuando se estrenaba la Autonomía y más tarde director regional de Minas y consejero de Industria con el PSOE, era un hombre de Villa que el líder minero colocó en La Camocha tras la dimisión de Juan Luis Rodríguez Vigil a costa del “Petromocho”, un timo en el que picó Víctor Zapico. Amante de la buena vida, con numerosas propiedades inmobiliarias y agraciado por la lotería, según sus allegados, Zapico, como los otros acusados, afronta la petición de varios años de cárcel. La sentencia, con la jueza Rosario Fernández Hevia extremando las medidas para evitar filtraciones, no se conocerá hasta el próximo día 21 de este mes de noviembre. Paradojas de la vida y muestra de la desesperante lentitud de la Justicia, los acusados podrían ser los primeros en acabar en prisión por la trama carbonera, que ya desapareció en Asturias sencillamente porque apenas quedan minas.

El Montepío, un nido de corrupción desde hace 30 años

El geriátrico de Felechosa con las obras inacabadas y sin inaugurar en 2012. Costó 31 millones de euros. Foto / Fernando Tablado.

El Montepío de la Minería está ahora en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción por el Caso Villa, que también es el de José Antonio Postigo, el ex presidente de una entidad supuestamente benéfica y sin ánimo de lucro controlada por los sindicatos, en especial por el SOMA-UGT. Pero en realidad es un nido de corrupción y excesos desde hace tres décadas. Un incesante trasiego de maletines, comisiones ilegales pedidas para el SOMA, extorsiones a proveedores, despilfarros escandalosos, enchufismo y endogamia en las contrataciones, sobornos, vacaciones gratis total para los sindicalistas… Eran los tiempos del derroche, el boom inmobiliario y el poder implacable del SOMA y el PSOE. Apenas hubo denuncias, y cuando las hubo, la Justicia miró para otro lado.

Xuan Cándano / Periodista.

Era ya a principios de este siglo y Maximino García empezó a caer de la burra durante una reunión en Madrid con José Folgado y Carmen Becerril, entonces secretario de Estado de Economía y directora de Minas y Energía del Gobierno de José María Aznar. El entonces secretario general de la Federación Minera de CCOO de Asturias les preguntó por la corrupción en la mina de La Camocha, que ahora acaba de ser sancionada en una dura condena judicial con penas de cárcel para cinco de sus responsables. Le dijeron: “No estamos en eso”. Y ‘Mino’ empezó a creer “en lo de los maletines”.

Lo de los maletines con dinero viajando de un sitio a otro por las cuencas mineras y por los lugares donde el Montepío minero tiene sus instalaciones de ocio (Ledesma, Roquetas de Mar y los Alcázares) era un secreto a voces entre la gente del sector del carbón. Pero no pasaban de comentarios de chigre, aunque la ostentación de algunos sindicalistas misteriosamente enriquecidos de una día para otro era realmente grosera.

Todo ese entramado de corrupción vinculado a la minería del carbón, y especialmente al SOMA-UGT, se está destapando ahora con el Caso Villa, porque el enriquecimiento del que fuera el Rey de las Cuencas no es precisamente reciente.

Soborno frustrado a Uría

Uno de los pocos sindicalistas que había aludido públicamente a esos episodios de corrupción fue Joaquín Uría, histórico de CCOO, ex alcalde de Morcín por IU y vicepresidente del Montepío entre 1989 y 1993. Ya lo había hecho en el número 19 de esta revista, en marzo de 2012, pero ahora es más explícito.

Era en 1991, en plena expansión inmobiliaria del Montepío bajo la presidencia de Ricardo López Estébanez, del SOMA, como todos los presidentes. Estébanez y los suyos querían comprar más de un centenar de apartamentos en Los Alcázares (Murcia). El presidente de la empresa que los vendía, Promociones Europa, y dos de sus directivos agasajaron a Uría en Orihuela. Lo invitaron a cenar y a un local de alterne, y le ofrecieron dinero por su apoyo a la venta, sin llegar a especificar la cifra. Uría se negó y contó el intento de soborno a dos relevantes cargos sindicales de CCOO de la minería, Marino Artos y Antonio Hevia. También al mismísimo José Ángel Fernández Villa, con el que Uría había compartido encierro en el pozo Barredo. No hubo reacción y aquella operación millonaria salió adelante con los votos en contra de CCOO. Uría piensa que “es fácil suponer que la oferta no me la hicieron solo a mí” y asegura que Ángel Fernández Noriega, hombre de Villa y expresidente de Cajastur, “estaba detrás de la operación”.

61 de esos apartamentos de los Alcázares fueron vendidos una década después en una extraña operación de compraventa que supuso que del Montepío se “evaporasen” 6 millones de euros, según cálculos de la actual dirección de la entidad, que encabeza Juan José González Pulgar.

Aquel episodio fue denunciado en los tribunales sin éxito por un grupo de mutualistas que formaron una plataforma. Fueron demonizados por la dirección del Montepío y en algunos casos expulsados. Hoy están rehabilitados socialmente y todo el mundo les da la razón. Pero parecía natural dársela entonces. Aquella operación era claramente ruinosa para el Montepío, pero también un verdadero pelotazo que llenó muchos bolsillos y convirtió en millonarios a varios de los implicados. En resumen (véase ATLÁNTICA XXII número 4, septiembre de 2009), en 2003 obtuvo por los 61 adosados murcianos vendidos 3.299.551 euros y gastó en la compra de 140 apartamentos en Roquetas de Mar (Almería) 10.818.217. Las empresas que vendían y compraban en la operación para el Montepío tenían al frente a la misma persona, un ex minero de Riosa, Sergio Díaz Gallego. Su suegro, Amado Hevia, había sido vicealcalde de Riosa cuando el alcalde era Alfredo Álvarez Espina, que presidía el Montepío cuando se produjo la curiosa y ruinosa compraventa.

El caso estuvo en juzgados de Murcia y Oviedo durante años hasta que fue archivado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza.

Sindicalista cesado

Para el único para el que tuvo consecuencias aquel episodio fue para Ricardo González Argüelles, sucesor de Joaquín Uría como vicepresidente del Montepío por CCOO, que fue de la mano de Álvarez Espina durante todo el proceso, negoció con los empresarios y facilitó la operación.

González Argüelles fue obligado a dimitir por la ejecutiva y el Consejo Regional de CCOO de Asturias, por las sospechas de cobro de una comisión de 150.000 euros por la operación de compraventa del Montepío. En representación de CCOO, el sindicalista Salvador Fernández visitó a González Argüelles en su domicilio de Siana (Mieres), una hermosa vivienda centenaria rehabilitada poco antes por su dueño. En una conversación dura y tensa, Salvador pidió explicaciones a Argüelles, que negó haber cobrado una comisión. Lo sigue negando hoy, como corroboró personalmente para este reportaje desde su despacho en la sede de IU en Mieres, donde ahora es secretario de organización. “A mí nadie vino a ofrecerme nada. Yo creo que no hubo pelotazo, pero no pongo la mano en el fuego por nadie”.

Pero sus explicaciones no convencieron en el sindicato y fue cesado como vicepresidente del Montepío, formalmente por haber aprobado la compraventa inmobiliaria. “Cometió un error”, dice Maximino García, que confirma que entonces las informaciones que manejaba el sindicato aludían a otra comisión idéntica para el SOMA. Salvador va más allá y dice que en aquella época “se repartieron en comisiones cerca de 1.200.000 euros, en billetes de 500 traídos del extranjero”.

Álvarez Espina dejó la presidencia del Montepío en 2006 a causa del ambiente enrarecido por estos episodios. Vive apartado de la vida pública en Villaviciosa y no quiso atender las llamadas de esta revista. A un amigo suyo le comentó, según confirmó éste a ATLÁNTICA XXII, que el SOMA le obligaba a cobrar para el sindicato una comisión del 10% a los proveedores del Montepío.

A Álvarez Espina le sustituyó José Antonio Postigo. Venía para limpiar la imagen del Montepío, pero la ensució mucho más. Ya antes de acceder al cargo le habían acusado de intentar cobrar una “mordida” a una empresa minera. Quien sufrió supuestamente la extorsión se lo comentó personalmente a Fernández Villa. Varios informantes aseguraron a esta revista que el empresario Rodolfo Cachero pagó una comisión de 30.000 euros a Postigo en el alto de Santo Emiliano, lugar donde conocedores del tema ubican un autentico trasiego de maletines. Un redactor de esta revista acudió personalmente a la sede de una de las empresas de Cachero en Madrid para pedirle su versión, sin éxito.

Lo de las comisiones parece que era la comidilla en las cuencas, pero nadie denunciaba nada. “Toda la vida oí que Villa tenía un cobrador del frac”, dice Ricardo González Argüelles. Joaquín Uría asegura que las comisiones se pedían en nombre del SOMA, pero que en muchos casos acababan en los bolsillos de los recaudadores. Y alude directamente a los economatos de Hunosa, aportando el nombre del recaudador de la comisión de los proveedores, un delegado del SOMA que trabajaba allí. “El que vendía tenía que pasar por caja”, afirma.

Proveedores y multas de Hacienda

Lo primero que hizo Postigo al llegar al Montepío fue cambiar a los proveedores. Y muchos de los servicios de sus centros los puso en manos de su amigo el empresario Juan Fernández, el constructor que a través de la empresa Alcedo de los Caballeros hizo la obra del macrogeriátrico de Felechosa, de casi 32 millones de euros. Salvador Fernández, cuando era vicepresidente del Montepío, se quedó de piedra cuando en Roquetas el empresario que llevaba la limpieza en los apartamentos de la mutualidad le preguntó si eran “tontos o ricos”. Era una subcontrata de Alcedo de los Caballeros.

El grandonismo de Postigo multiplicó las contrataciones y los negocios a costa del Montepío con obras millonarias en pleno boom del ladrillo. Aparte del macrogeriátrico, abordó obras por valor de 4,5 millones de euros en el balneario de Ledesma, donde la Fiscalía Anticorrupción podría llegar a tiempo en su investigación sobre los pagos a los proveedores, porque en otros casos los presuntos delitos estarían prescritos.

La Fiscalía se centra en la obra de Felechosa, donde trabajaron muchas empresas subcontratadas por Alcedo de los Caballeros. El dueño de una de ellas declaró a ATLÁNTICA XXII que el empresario que solicitó sus servicios le pidió una “mordida” de 3000 euros que se negó a pagar. Por un impago de 48.000 euros acabó en el Juzgado y recuperó el 70%. Tuvo que entrar con una orden judicial a visitar las obras. Asegura que fue el trabajo con peor ambiente que tuvo nunca, que había una veintena de trabajadores enchufados sin ninguna cualificación y que todo era “chulería, secretismo y prepotencia” por parte de Postigo y Juan Fernández.

Otro de esos asuntos a aclarar con los proveedores llegará a un juzgado en breve. La dirección del Montepío reclama a Postigo y a su actual pareja Dorina Bicher -a la que nombró gerente del centro de Los Alcázares, donde era recepcionista- 100.000 euros detectados como desfase en el último año en las cuentas de la entidad, relacionados con las operaciones con los proveedores. Hubo un acto de conciliación en diciembre sin acuerdo y habrá juicio en breve.

100.000 euros fue justamente la cantidad que pagó Postigo de multa tras una investigación de Hacienda por la publicación en enero de 2011 en ATLÁNTICA XXII del reportaje en el que se destapaban sus estrechas relaciones con Juan Fernández. Ambos tienen en Mayorga (Valladolid) dos lujosos chalets pegados y casi idénticos. Fernández también fue multado, con una cuantía mayor: 400.000 euros.