Autónomos, pero maltratados por el Estado

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

De poco sirve la autonomía si te castigan por ejercerla. Parafraseando al Larra que en el siglo XIX dejó impreso para la historia que “escribir en Madrid es llorar” (o sea, en España), ser autónomo en este país es provocar llanto, debido a siete medidas gubernamentales erróneas que propician que desde la restauración democrática de 1978 hasta ahora este trabajador, esencial en la economía nacional, se sienta castigado por los poderes públicos. En las dos últimas campañas electorales todos los partidos compitieron en promesas a los autónomos, pero sigue pendiente la reforma, racionalización y modernización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Aladino F. Pachón / Periodista.

“Los autónomos estamos muy desamparados y desprotegidos en comparación con los trabajadores que están en el régimen general de la Seguridad Social”, indica Rubén García Bueno, autónomo desde hace quince años que regenta un negocio de hostelería en Oviedo con sus hermanos. Agrega que “la cuota mensual que un autónomo paga en España a la Seguridad Social es una barbaridad; en otros países del entorno europeo es anual o la cuota mensual es de 50 euros, que se paga además en función de los beneficios que haya; por contra, en España hay que pagar la cuota sí o sí el día 30 de cada mes, en mi caso 320 euros, y si no lo haces por cualquier causa al día siguiente tienes un recargo del 20% y entras en la lista de morosos de la Seguridad Social”. Reclama, además, “una cuota mensual progresiva, como existe en otros países próximos, ya que, por ejemplo, nosotros muchos meses no tenemos beneficios y no podemos cobrar ni siquiera nuestro sueldo”.

Ángeles López, cuarenta y un años cotizados a la Seguridad Social, los últimos quince como autónoma al frente de una tienda de “Navidad, Carnaval, desechables y papel pintado” en la ovetense calle Asturias, manifiesta que “los autónomos somos tan sumamente cobardes que las penas nos las contamos entre nosotros. Yo con el de la tienda de enfrente. ¿Pero qué coño soluciono yo con el de la tienda de enfrente? Teníamos que levantarnos, no pagar a autónomos un mes, nadie. Pero tenemos un miedo que nos corroe. Ahora, con esto del teléfono móvil, si todos saliésemos a la calle, si todos nos pusiéramos de acuerdo, los políticos nos iban a chupar a todos nosotros el culo”.

El enfado de esta trabajadora por cuenta propia se debe a que ha tenido que cerrar recientemente su tienda, ubicada en un local de 138 metros cuadrados propiedad del Ministerio de Defensa, debido, entre otras cosas, a que la delegación en Oviedo de este organismo gubernamental le ha cobrado “injustamente” el IBI del último año “cuando en los catorce años anteriores nunca lo hizo, pero ahora necesitan dinero y lo sacan a costa del pequeño comerciante”. Defensa giró a su banco, sin aviso previo, un recibo por 934,33 euros (IBI municipal) más el 21% de IVA (196,21 euros, añadido éste que considera presuntamente ilegal, “pues el IBI no lleva IVA”), que suman 1.130,54 euros. Este extraño y alevoso intento de cobro (ella ha devuelto el recibo bancario, porque además Defensa tiene que reintegrarle la fianza de 1.839,10 euros que depositó hace quince años y aún no lo ha hecho) ha sido la puntilla a su negocio. “Si a mí me hace esto el Ministerio de Defensa, ¿cómo los políticos dicen que hay que ayudar a los pequeños comerciantes y hay que ser emprendedor? ¿Cómo se atreven?”, se queja con vehemencia.

Estos son dos de los muchos autónomos con los que habló esta revista y que, en esencia, centran su queja, su “llanto” de Larra, en varias medidas gubernamentales injustas para el trabajador español por cuenta propia, como son, en primer lugar, las dificultades burocráticas y fiscales, seguidas de “una cuota abusiva” y la inexistencia de otra progresiva; el engaño político a los jóvenes, animados a hacerse autónomos o “emprendedores”, como se les denomina eufemísticamente; el fracaso del denominado IVA de caja por el que el autónomo debería ingresarlo a Hacienda solo cuando cobre la factura de su cliente; la falta de freno a la creciente morosidad de los clientes, ya que, aunque existe una ley, el Gobierno es el primero que la incumple; la enorme presión y persecución fiscal; el ineficaz cese de actividad (paro remunerado del autónomo, para cuya obtención cotiza cada mes) y, sobre todo, la “tiranía” de las mutuas laborales, entidades privadas colaboradas de la Seguridad Social (SS) que el autónomo ha de aceptar por obligación, gestionan su vida contributiva con mano de hierro y hacen lo posible para no pagarle el paro una vez que éste lo solicita: en estos últimos tiempos fueron desechadas anualmente por las mutuas en torno al 75% de las solicitudes de paro.

Rubén García en su bar. Foto / Aladino F. Pachón.

España, peor que Zambia

De las insoportables circunstancias que rodean la vida de un autónomo español da cuenta un reciente informe de la revista económica Forbes, en el que de 189 países analizados en todo el mundo sitúa a España en el puesto 142, por debajo incluso de Zambia o Sudán del Sur. Forbes es elocuente y denuncia las dificultades burocráticas y fiscales existentes en España al respecto.

Sobre la arbitrariedad, irracionalidad y desinterés político por solucionar los problemas que afectan a los autónomos en suelo hispano, el profesor doctor Román García, filósofo y expresidente de la Sociedad Asturiana de Filosofía (SAF), enuncia una hipótesis intelectual muy explícita.

Teniendo en cuenta que “desde el punto de vista marxista se divide el mundo entre los que son dueños de los medios de producción y los trabajadores, que son los que venden su fuerza de trabajo a aquéllos para poder vivir, y, por tanto, están alienados”, y que, según la previa teoría hegeliana, “la verdad está en la clase trabajadora porque es la que está en relación directa con el mundo, pues conoce la realidad de verdad y no de una manera ideológica, como le sucede a quien necesita tener contratado a alguien para relacionarse con el mundo”, sostiene que “aquel que es dueño de su propio trabajo es el trabajador autónomo, porque es el que no vende su fuerza de trabajo a otro. Está sometido, por supuesto, a las leyes del mercado. Y en ese sentido tiene todos los problemas del mercado, pero está en relación con el mundo, porque él, dependiendo de su propia actividad, ve los resultados y la transformación de su trabajo, de las cosas que produce”.

Añade que “esta idea se confunde mediante determinadas figuras jurídicas, ya que el autónomo es, en teoría, aquel que no tiene trabajadores”. Y se confunde “interesadamente”, porque “que los autónomos sean considerados empresarios le interesa a las grandes corporaciones porque eso las justifica. Pero no tiene nada que ver. ¿Quién está castigando hoy en día a los autónomos? Pues el Gobierno del PP, que tan liberal se dice. Porque está defendiendo a las grandes corporaciones. Por eso le interesa que todo parezca lo mismo”.

“Y por parte de las ideologías de izquierdas”, agrega, “también se ha penalizado al autónomo, porque es visto como un trabajador que se ha empoderado, que es dueño de su fuerza de trabajo y no está alienado como los otros. Y en ese sentido les causa envidias y recelos”. Afirma que “desde el punto de vista marxista, el ideal de trabajador sería el autónomo, porque la conciencia de clase y la capacidad transformadora del mundo la tiene él”. Y sentencia que “la aspiración a que debería llevar una sociedad justa sería que todos fuéramos autónomos y que no hubiera nadie trabajando por cuenta ajena”. Es una propuesta que describe al autónomo como alguien que está en tierra de nadie como trabajador y por eso los políticos españoles de todo espectro no quieren darle el protagonismo que se merece, a pesar de que en España los autónomos son muchos (3.172.200 dados de alta en la SS a marzo de 2016, de los cuales el 61,8%, 1.961.282, son personas físicas sin empleados; en Asturias hay 76.192 autónomos), representando en conjunto casi el 20% de la fuerza laboral del país.

Economía de subsistencia

La hipótesis del profesor García es compartida por Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), una de la treintena de organizaciones de autónomos que hay en España y que es de las que mayor implantación tiene.

Celia Ferrero aboga porque “haya transparencia en primer lugar, es decir, que tengamos todos muy claro, incluso los políticos, cuál es la realidad de un autónomo, cuáles son los impuestos y las cargas que están sobre un autónomo, como funciona el RETA realmente, cuáles son las coberturas y como están funcionando. Y cuando se tenga el mapa completo establecer cuáles son las soluciones”.

Considera, además, urgente “que se haga un estudio de la sostenibilidad del RETA, que era totalmente sostenible hasta que se incorporó el Régimen Especial Agrario (SEPA) en 2008. En ese momento, la tasa de dependencia del RETA era 3,1 cotizantes por pensionista. Y cuando se incorporaron los autónomos agrarios (de repente, 800.000 pensionistas entraron en el RETA y solo 300.000 cotizantes) disminuyó esa tasa de dependencia a 1,9, que hoy está en 1,5, aproximadamente”.

A la hora de hacer un repaso de las principales políticas que lastran al autónomo, explica que en cuanto al cese de actividad, aprobado en 2010, en tiempos del presidente Zapatero, “y que nosotros creemos que es una cobertura que tiene que existir, no se configuró en su momento tal y como nosotros estábamos solicitando, porque mantenía unos requisitos para poder acceder y poder ser beneficiario de dicha prestación que en muchos casos eran imposibles de cumplir”.

El cese de actividad o paro del autónomo está en manos de las mutuas (en España hay 20 grandes, organizaciones empresariales colaboradoras de la SS sin ánimo de lucro por ley, pero que en la práctica lo tienen, por eso hay tantas: son un aparente buen negocio a base de los autónomos). Pero para Ferrero “no hay la transparencia ni la información suficiente sobre las mutuas ni sobre la gestión de todas estas coberturas”. Y si bien con la reciente Ley de Mutuas aprobada “se ha limitado bastante su poder”, sigue sin haber esa transparencia que ATA está solicitando, “hasta el punto de que ha tenido que ser la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) la que ha tenido que sacar un informe de cómo estaba funcionando realmente el cese de actividad”.

Propone una cuota progresiva “que tenga como base un sistema como el del IRPF, según las características de ingresos de cada autónomo, por tramos y con cierta voluntariedad”. Respecto del IVA de caja, “que es algo que tiene que estar”, fracasó “debido a la presión de las grandes empresas, que no les interesa porque tendrían que cambiar su contabilidad, además de que el IVA que no pagan lo deducen además de que pagan a 120 días y esa morosidad es para ellas un arma de tesorería: les es rentable financiarse no pagando”. Plantea que intervenga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), porque “una gran empresa que paga a 120 días no cumple con la ley y hay una competencia desleal”. Va incluso más allá planteando “un buzón de denuncia anónima”, como el que ya funciona satisfactoriamente en la SS. Y si los inspectores comprueban que existe un incumplimiento de los plazos habría una sanción no solo económica, sino que “esa gran empresa durante el ejercicio siguiente no tendría derecho ni a deducciones ni a bonificaciones fiscales ni acceso a la licitación pública”, con el fin de atajar una morosidad que “ha vuelto a subir”. Por tanto debe haber “control y sanción con respecto a la Administración Pública y a la empresa privada; no puede ser que se hagan leyes que no se cumplan”.

Respecto de la presión y persecución fiscal del autónomo, indica que “es muy fácil ir al autónomo que está en la base de datos”, agregando que “no puede haber esa especie de presunción de defraudador del autónomo simplemente porque sea más fácil, y que las grandes empresas hagan ingeniería fiscal; porque lo que a un autónomo se le considera fraude para una gran empresa es ingeniería fiscal. Tiene que cambiar la percepción de la Administración del autónomo y facilitarle la vida en vez de obstaculizarla”.

Admite que este atropello del autónomo, y que sea blanco de todas las flechas administrativas, hace que muchas veces caiga en la economía sumergida o, como ATA lo define, la “economía de subsistencia”, que es algo por lo que “desgraciadamente han tenido que pasar muchos autónomos”. Aunque “siempre hay alguien que la ofrece, y él, para competir, tiene que aceptarla”.

En este sentido, expresa la vicepresidenta de ATA que “hay que facilitar a aquellos que están en la ‘economía de subsistencia’ que vuelvan al sistema”. Solicita menor presión fiscal, con más flexibilidad, también de la SS, “a las situaciones personales de cada uno de los autónomos”. Sin excluir naturalmente sanciones al que defraude fiscalmente.

Ángeles López a la puerta de la que fuera su tienda. Foto / Aladino F. Pachón.

Cuotas comparativas

Por otra parte, en el informe de Forbes, que deja en evidencia a España, Francia es el mejor país, pues las cuotas del autónomo dependen de la profesión y de las ganancias del trabajador. No se paga cuota en el primer año de actividad y el trabajador tiene derecho gratuito a asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad temporal y pensiones de viudedad e invalidez. Reino Unido ocupa el segundo lugar porque hay una cuota fija de entre 13 y 58 euros para todos los trabajadores autónomos, que realizan declaraciones trimestrales de IVA y lo pagan al final del ciclo fiscal dependiendo de las ganancias obtenidas.

En Portugal no hay cuota ni obligatoriedad de pago del IVA, pero se paga el 24,5% de los beneficios anuales. En Holanda, el autónomo paga 50 euros anuales de cuota, aunque ha de pagar 100 euros mensuales por su propio seguro médico. Únicamente Alemania tiene un aspecto negativo: hay que pagar una cuota de 140 euros cuando se superan los 1.700 euros limpios de ingresos al mes, y además los trabajadores autónomos tienen que pagar un seguro médico de entre 150 y 200 euros al mes, con lo que al final pagan unos 500 euros.

En España hay que pagar 267 euros mensuales como mínimo, sí o sí, y hacer frente a declaraciones trimestrales de IVA y de IRPF.

“¿Sabes por qué los políticos pasan por alto lo de los autónomos?”, se pregunta Ángeles López. Y se responde: “Pues porque saben que no estamos dando guerra. Ahora, si nos levantásemos todos ya te contaría yo lo que pasaría. Si los autónomos empezáramos a enviarnos mensajes y a decir que no votamos o que vamos a emitir voto nulo porque no estamos conformes con lo que hacen con nosotros, ya verías cómo nos hacen la pelota”.

Rubén García Bueno se pregunta: “¿Quién se atreve a meterse en la aventura de autónomo?”. Y agrega: “Al principio tienes ilusión, pero luego ¿quién se atreve viendo las coberturas que tienes, que no tienes casi derecho a baja por enfermedad. Y si te funciona mal la actividad, tienes que cesar, ¿y qué?, ¿cómo cobras el paro? Comparados con los demás estamos desprotegidos. Cualquiera que empiece una actividad económica es un osado, según está la cosa para los autónomos. Los políticos están engañando a los jóvenes que se hacen autónomos, porque los están invitando a ser emprendedores cuando posteriormente no van a estar en igualdad de condiciones con los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social”. Sentencia que “los autónomos teníamos que estar todos unidos y presionar para que se cambie esta situación de una vez por todas”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016