Varias dragas trabajando en el puerto de San Esteban durante las obras que estudia la Fiscalía. Foto / Vicente Díaz Peñas.

El Gobierno asturiano acaba de nombrar nueva jefa del Servicio de Puertos del Principado a Bárbara Montes Donapetry. Sustituye a Carmen López Tirados, cesada el pasado mes de enero. La Consejería de Fomento sigue sin explicar la causa de aquel cese, a pesar de que remitió a la Fiscalía información sobre supuestas irregularidades de adjudicaciones de obras de López Tirados en varios puertos asturianos. López Tirados también adjudicó durante mucho tiempo obras a una empresa donde figuraba como apoderado su marido. En todos estos asuntos el Principado muestra una absoluta opacidad. ATLÁNTICA XXII informó de ello en su número 27, aparecido en el pasado mes de mayo, en un reportaje de Elena Plaza y Xuan Cándano que reproducimos a continuación.

Tirar el dinero al mar

Dicen que la mar es traicionera. En Asturias, no hay duda: el Cantábrico lleva muchos años tragándose enormes cantidades de euros en obras nefastas en puertos, e incluso las hay que se pagan pero no se llegan a ejecutar. Esta última situación provocó recientemente el cese de la jefa de Puertos del Principado, un caso remitido a la Fiscalía.

Si en algún lugar de la costa asturiana padecen especialmente las obras portuarias es en Puerto de Vega. El primer día de 1998 un temporal mandó a pique a la flota entera a causa del desastre provocado por unas obras millonarias (700 millones de pesetas) que convirtieron al puerto en el que Jovellanos arribó para morir en una auténtica ratonera.

En 2008 el presupuesto para otras obras era más modesto, de 156.400 euros. El Principado las adjudicó a la empresa gallega Dragados y Obras del Noroeste SL, pero de “el dragado en roca en el canal de acceso al puerto”, de la construcción de una compuerta y de la voladura de El Canouto (una roca submarina muy peligrosa para la navegación) nunca más se supo. La obra que contemplaba todas estas actuaciones había sido licitada en agosto en 2007 y a primeros de 2008 la empresa realizó una batimetría (el levantamiento de relieves de superficies subacuáticas), pero al final solo ejecutó obras por valor de 21.000 euros.

Según se supo recientemente, porque el PP lo denunció en la Junta General, el Principado arregló el desfase (113.000 euros) descontando a la empresa el dinero no ejecutado en Puerto de Vega de otras obras portuarias, concretamente en Viavélez y San Esteban. Estas obras estaban presupuestadas en 410.000 y 640.000 euros, respectivamente. Ambas tuvieron sobrecostes, del 4,39% en Viavélez (17.800 euros) y del 8,45% en San Esteban (54.080 euros). El Principado restó de estos contratos con la empresa 51.000 y 41.000 euros respectivamente, cantidades que suman lo que se “birló” en Puerto de Vega, a expensas de saber qué paso con la diferencia entre la cifra certificada y la de final de proyecto, unos 43.000 euros. Una chapuza, pero también un supuesto delito que tendrá que aclarar la Justicia.

Y desde luego una práctica “poco seria y profesional”, como la define el diputado popular Fernando Goñi, que llevó este tema a la Junta General del Principado después de que le informara de las irregularidades el concejal del PP de Navia Roberto Santiago. Enterada por las preguntas de Goñi en el mes de noviembre, la consejera de Fomento, Belén Fernández, cesó en enero a la jefa de Puertos, Carmen López Tirados, y le abrió un expediente disciplinario, al igual que a un ingeniero de la Consejería, Eugenio Moreno Martorell. Mientras que en el mes de marzo se remitió el caso a la Fiscalía.

Pero a partir de ahí todo es oscurantismo y silencio, como si solo los misterios marinos pudieran explicar este caso o aclarar si es uno más de una larga lista.

“Lo que me mandan”

La propia interesada, Carmen López Tirados, que desempeña actualmente otras labores en la Consejería, se limitó a contestar a esta revista que “no soy la persona indicada para hablar de esto y no me parece que sea yo la que deba hablar. Ahora estoy con otras labores. Me limito a trabajar y hacer lo que me mandan”. Desde el Gabinete de Comunicación de Fomento solo comentan que “es un puesto de libre designación y por tanto es potestad de la consejera su cese o nombramiento”. Tampoco explican cómo se puede certificar y pagar una obra sin haberse ejecutado. Belén Fernández, respondiendo a Goñi, apeló a las insondables profundidades marinas: “Lo que está debajo del mar, ¿cómo se sabe que se hizo?”. La Fiscalía tampoco facilita ninguna clase de información ni aclara si piensa actuar.

La Jefatura de Puertos está vacante desde el cese de López Tirados y en la Consejería, en ambientes marineros y en la oposición política muchos piensan que esto puede ser la punta del iceberg y que aquí se están ocultando responsabilidades mayores. “No me creo que el Principado derive toda la responsabilidad solo a funcionarios. No me creo que haya funcionarios que se dediquen a maquillar obras. El funcionario cumple órdenes o intenta resolver lo que el político quiere, y éste es el que tiene que dar explicaciones”, señala Roberto Santiago.

Aunque en la actualidad es Belén Fernández quien está al frente de esta Consejería, en aquel momento era la viceconsejera, mientras que Francisco González Buendía ostentaba el cargo de consejero.

En cuanto a la obra portuaria, durante unos días trabajaron unos buzos preparando el bajo de El Canouto para realizar unas voladuras que no se llegaron a realizar, abandonando el trabajo con la llegada del mal tiempo. En la Cofradía de Pescadores se temía que, pese a la peligrosidad de la roca, si ésta se eliminaba el mar trabajara más dentro del puerto. “Carmen nos dijo que había un proyecto encima de la mesa para realizar un espigón, pero nunca más se supo”, señala el patrón mayor de Puerto de Vega, Adolfo García. Ni él ni sus dos antecesores saben la causa del cese de la jefa de Puertos y se muestran sorprendidos. “Era muy trabajadora”, dicen, adjetivo en el que coinciden algunos compañeros de López Tirados en la Consejería.

Obras en el puerto de Puerto de Vega.

López Tirados y Contratas Iglesias

En su número 13, en marzo de 2011, ATLÁNTICA XXII publicó un documentado reportaje sobre las numerosas y cuantiosas adjudicaciones de la entonces jefa del denominado Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte, Carmen López Tirados, a la empresa Contratas Iglesias, de la que su marido, Ignacio Pascual Montejo, era apoderado. Desde 2006, cuando López Tirados fue nombrada “a dedo”, las adjudicaciones a esa empresa se multiplicaron y hasta 2011 sumaban al menos 53 millones de euros. Aquel Gobierno asturiano presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces y el que lo sucedió, presidido por Francisco Álvarez-Cascos, mantuvieron en su puesto a López Tirados, ingeniera de profesión. Contratas Iglesias salió el pasado mes de febrero de un concurso de acreedores voluntario.

En cuanto a la empresa adjudicataria de las obras de Puerto de Vega, Viavélez y San Esteban, Dragados y Obras del Noroeste, con sede en Pontedeume (Coruña), tiene varios requerimientos de Hacienda y ha sido declarada su insolvencia total por el Juzgado de lo Social nº6 de Oviedo el pasado mes de enero. Y Culmar SL, empresa que comparte dueños (Antonio Regueiro padre e hijo), sede y trabajos con la anterior, fue declarada en “paradero ignorado” por este mismo Juzgado en 2009 y embargada a instancias de una demanda presentada por la Fundación Laboral de la Construcción de Asturias.

Viavélez, antes obras que adjudicaciones

Dragados y Obras del Noroeste obtuvo la adjudicación del dragado del puerto de Viavélez entre 2007 y 2011, la obra de las compensaciones por la que no ejecutó en Puerto de Vega. Pero no es la única obra que llama la atención en este puerto del concejo asturiano de El Franco, donde la prevaricación en las adjudicaciones públicas parece tan clara como el agua que inunda su pequeña y coqueta ensenada.

En marzo de 2009 se concedió a la empresa Nemesio Bedia Construcciones las obras de excavación y vaciado de la dársena del puerto en 198.940 euros, pero ya se habían realizado entre enero y febrero de 2008. Una obra que resultó “faraónica, nos pasamos de presupuesto, pero era una obra de dragado que nos convenía mucho y dio mucha vida al puerto”, según el patrón mayor Carlos Bedia.

Las instalaciones de recogida de agua de sentinas, aguas residuales y aceites de motor también se construyeron antes de su licitación y adjudicación: en este caso fue Contratas Iglesias la adjudicataria, la empresa vinculada familiarmente a Carmen López Tirados. Las obras se llevaron a cabo entre febrero y marzo de 2010, se licitaron en el mes de mayo y se adjudicaron en octubre.

¿Obras o castigos?

En materia portuaria, en Asturias se observa una doble velocidad. Por una parte están los dos grandes puertos, Avilés y Gijón, gestionados por organismos propios (Autoridad Portuaria), con grandes ayudas e inversiones públicas, sobre todo El Musel, en donde una obra colosal, sin justificación alguna por sus tráficos, costó 1.000 millones de euros y tuvo un sobrecoste que puede llegar a los 453.

Y por otra parte están el resto de los puertos asturianos, más de una docena, generalmente pequeños y con modestas instalaciones, aunque el de San Esteban es enorme y podría albergar a media docena del resto. Éstos, los que gestiona el Principado a través del Grupo de Puertos, son los grandes olvidados y marginados en la política de infraestructuras, en una Autonomía que vive de espaldas a la mar y donde su Gobierno no les dedica en su Administración más que una modesta Jefatura, ahora vacante.

Pero además estos puertos han soportados en los últimos años toda una retahíla de obras absurdas, despilfarradoras y auténticamente desastrosas desde el punto de vista técnico, algo que lleva tiempo enfrentando a marineros, políticos e ingenieros.

La lista sería interminable. La podría encabezar Puerto de Vega, donde el 1 de enero de 1998 un temporal arrasó casi toda la flota pesquera, diez embarcaciones, por el despropósito en unas obras que costaron casi 700 millones de pesetas y que dejaron indefenso al puerto. El Principado, en época de Sergio Marqués (URAS), se hizo cargo de las indemnizaciones a los pescadores, aunque no todos los desperfectos en los barcos los provocó el temporal. Desastres en las obras similares ocurrieron en San Esteban, Navia, Llanes y otros puertos. Nunca se realizó investigación alguna ni se depuraron las responsabilidades.

Ahora, con la crisis, las inversiones son mucho menores, pero sigue habiendo protestas de los dueños de embarcaciones, pesqueras o deportivas, con obras que no parece que pudieran superar una mínima auditoría. En Llanes apareció en junio una inmensa grieta en el puerto que en la Cofradía relacionan con las últimas obras ejecutadas por la empresa Sato, que ya habían provocado infinidad de críticas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 27, JULIO DE 2013.