Bárcenas, La Camocha y el Hotel Kaype

La jueza Rosario Fernández Hevia. Foto / POL.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Luis Bárcenas fue denunciado  por un ciudadano que asegura que le agredió cuando le reprochó en la calle “el daño que ha hecho a España el PP”. El supuesto agredido venía de votar.

Sería un tanto demagógico decir que fue un vaticinio del resultado electoral, que se puede interpretar como un respaldo a la corrupción. Pero tampoco parece exagerado intuir que los corruptos celebraron con entusiasmo el escrutinio, teniendo en cuenta que el único partido que puede cantar victoria es el PP, sacudido por continuos escándalos hasta la misma víspera de los comicios repetidos.

Pero esa inquietud por la salud democrática de una sociedad tan complaciente con la corrupción ya se podía observar dos días antes de la cita con las urnas, cuando se conoció la anulación del caso de la mina de La Camocha. La Audiencia Provincial dio un sonoro varapalo a la jueza asturiana Rosario Fernández Hevia, ahora ejerciendo en Valencia, al considerar que no fue imparcial interrogando a los finalmente condenados a duras penas de cárcel y cuantiosas multas, cinco empresarios, entre ellos el exconsejero socialista Víctor Zapico, y dos empresas mineras. Se juzgaba la famosa “trama carbonera” y un fraude de más de 16 millones de euros a las arcas públicas.

Que decisión tan grave esté fundamentada nos llevaría a una discusión jurídica, pero da que pensar este nuevo revés profesional para la que para algunos es “Charo la roja”, una jueza popular en la calle por esta y por sentencias precedentes, como una favorable a los insumisos que se negaron a ir a la mili u otra que sentó en el banquillo a trabajadores del naval de Gijón en plenas movilizaciones del sector. Es obvio que Charo no goza de la misma simpatía entre sus propios compañeros y hace años fue expedientada por acumular casos sin sentenciar por el Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que no ofrece dudas es la euforia con la que los acusados habrán acogido la anulación de la sentencia de un caso que se inició en 1999 y pasó por las manos de cuatro jueces en el periodo de instrucción.

Con un nuevo juicio, más los previsibles recursos, que ya habían anunciado los condenados, pasarán tantos años que es dudoso que vayan a la cárcel aunque se repita la pena. La trama carbonera puede quedar impune.

También la ampliación del Hotel Kaype de Llanes si se atienden las peticiones del fiscal Alejandro Cabaleiro, que se conocieron esta semana. El informe del fiscal es asombroso. Es demoledor en su exposición en relación a la política urbanística en Llanes durante los gobiernos locales socialistas. Comienza su exposición diciendo que “cabe afirmar que existía una premisa en el Ayuntamiento de Llanes totalmente clara y que era conocida por todos los funcionarios municipales, a saber, que la licencia había de ser concedida, de tal manera que era necesario interpretar las normas jurídicas de la forma más favorable a tal finalidad”, algo que Cabaleiro relaciona con “el desarrollo urbanístico del concejo desde los años noventa”.

Más adelante el informe del fiscal resalta que en la ampliación del Kaype –un nuevo hotel en  la primera línea de la playa de Barru, llamado el “Algarrobico del Cantábrico”– todo el procedimiento  fue ejecutado por el equipo de arquitectos contratado por la empresa, controlada por el empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón. Un control que era “asumido por el arquitecto municipal, lo que hizo que todos los ‘errores’ (siempre favorables a la propiedad) se trasladasen a los expedientes administrativos”.

Tan explícito es el informe de la Fiscalía que indica que “el Ayuntamiento se limitaba a ‘tomar por bueno’ lo que desde el despacho de arquitectos se le presentaba”, sin comprobar los datos. Y acusa incluso a la exalcaldesa y actual diputada autonómica del PSOE, Dolores Álvarez Campillo, de mentir en su declaración judicial. También ve “indicios” en la relación societaria entre dos de sus hermanos y Pérez Simón a través de una empresa del sector de la construcción, algo que adelantó ATLÁNTICA XXII en su número 43, el pasado mes de marzo. “Cierto es que la relación laboral que la empresa matriz, a través de Hormigones de Meré, tuvo para con los hermanos de Dolores Álvarez Campillo es cuando menos indiciaria, por ilógica la responsabilidad dada a uno de ellos teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en el sector, de un posible ‘acto de favorecimiento’”.

Sin embargo, pese a estas y otras graves acusaciones, Cabaleiro, que pasa por ser un fiscal próximo al PSOE, pide el sobreseimiento para la exalcaldesa por no haber pruebas de que haya impartido “órdenes o instrucciones a los funcionarios municipales para que, en este caso concreto, actuasen e informasen en determinado sentido”. También pide el sobreseimiento para otros cinco investigados y solo mantiene la acusación contra el arquitecto municipal.

Con semejante argumentación va a ser difícil que haya en España condenas por prevaricación, porque es casi imposible dar con un político que deje constancia de órdenes a sus subordinados para cometer delitos. Aunque la decisión de sobreseimiento o la apertura de un juicio oral, que obligaría a Álvarez Campillo a dejar su escaño en la Junta General, la tomará el juez José Ignacio Pérez Villamil, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que puede o no corroborar las peticiones del fiscal.

Los jueces españoles adoptaron una actitud de firmeza, en líneas generales, contra la corrupción, sin duda influenciados por la presión social que venía de una ciudadanía asqueada con tanto escándalo. O eso parecía hasta el pasado domingo.