Camas envenenadas

Un anciano en un geriátrico asturiano. Foto / Mario Rojas.

Firmaron la peor de las opciones para acceder a una plaza en una residencia pública del Principado. Muchos lo hicieron con su huella dactilar y sus facultades mermadas por la demencia. Ahora sus familias son rehenes de una deuda que entienden no les corresponde. En total 90 millones de euros por un error que la Administración ha decidido corregir, cinco años después.

Patricia del Gallo / Periodista.

Carlos nunca olvidará el día en que llevó a su madre, una anciana de 88 años cuya salud se había deteriorado en los últimos meses hasta el punto de no poder ya cuidarla, a la residencia de ancianos. La mirada de la mujer está completamente perdida, el informe médico habla de demencia y apenas tiene fuerza. Ni siquiera puede sostener el bolígrafo para firmar. Lo hace con la huella dactilar y en presencia de su hijo, que solo siente dolor y rabia por tener que dejar allí a su madre, con la que siempre ha convivido y que ni ha leído ni entiende lo que pone aquel papel. La huella de Carmen ha quedado plasmada, sin saberlo, en un contrato de hospedaje en una residencia del ERA, los establecimientos para ancianos del Principado de Asturias. Cada mes deberá abonar el 75% de su pensión de 550 euros y el resto, hasta los 1.200 que cuesta su plaza, los deberá a la Administración.

El problema es que, cuando Carmen entra en esa residencia en 2011, ya está en vigor la Ley de Dependencia. La suya, reconocida en grado tres. Si alguien le hubiera informado, sin duda, madre e hijo habrían elegido otra forma de alojamiento posible, el copago. Con ella la anciana abonaría un porcentaje de su pensión, su paga de dependencia y lo que adeudaría hasta completar el precio de la plaza sería proporcional a su riqueza y patrimonio, que en su caso son dos huertas y la pequeña casa familiar en un pueblo de Llanes en la que se quedará Carlos, que ha preferido no desvelar su identidad, pero sí contar su historia. Hechos los cálculos, a día de hoy y tras cinco años en el ERA hasta que falleció, Carmen no debería nada.

Pero lo cierto es que firmaron la peor de la opciones y ahora Carlos, soltero e hijo único, no sabe cómo afrontar los 32.000 euros que le reclama la Administración. Podría incluso perder la casa en la que nació, por la que sus padres lucharon toda su vida, su única herencia y el lugar en el que vive.

De evitarlo se encarga el abogado Luis López Aguado, que ha llevado este caso hasta el Tribunal Constitucional apelando a una vulneración de derechos fundamentales. Es consciente de que “las cosas no son gratis y un político no puede perdonar deudas”. Pero entiende que “cada uno debe abonar lo que debe, ni un duro más y siempre que la deuda sea justa y en muchos de estos casos no lo es”.

Hay en este asunto una total indefensión para muchos de los afectados, que ni siquiera eran conscientes de lo que estaban firmando. “Se les ha informado mal o directamente no se les ha dicho la verdad. Ese ha sido el fallo del ERA”. Un fallo que afecta a 3.376 familias asturianas, cifras oficiales, que adeudan en conjunto cerca de 90 millones de euros. Las reclamaciones van desde los 3.000 a los 70.000 euros. A pesar de que fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales han asegurado a esta revista que su voluntad “siempre ha sido la de informar correctamente, beneficiando a las personas usuarias”.

“El que no tomara opción expresa, la tomará la Administración”, dice textualmente el decreto por el que se reguló la nueva modalidad de alojamiento tras la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Y la tomó, pero, como aseguran desde la Plataforma de Afectados del ERA, “en todos los casos eligiendo la opción menos beneficiosa para el anciano”. Los firmantes, con las facultades ya mermadas en muchos casos, no pudieron discernir cuál era la mejor de las opciones mediante un escrito en el que, como a Carmen, les hacían saber “que habiendo entrado en vigor el decreto 144/2010 podía someterse a este nuevo régimen de pago o mantenerse en el que ya se le venía aplicando, decreto 10/1998”. Un texto que, como reconoce el letrado López Aguado, “no pudo leer y, aunque lo hubiera hecho, jamás lo hubiera comprendido. Cualquier persona sin formación jurídica entiende que a una anciano que padece deterioro cognitivo no se le pueden practicar comunicaciones y mucho menos hacerle pagar las consecuencias de su silencio”. Sin embargo, en su caso, un juez de primera instancia consideró efectuado “en escrupuloso cumplimento” el Régimen de Comunicaciones.

La huella del alzhéimer

Isolina Izaguirre, poco antes de su fallecimiento, con su nieto Daniel.

Lo mismo le ocurrió a María José Izaguirre. Su testimonio en la Junta General como afectada por las deudas del ERA el pasado mes de mayo no dejó indiferente a nadie. Ella aguantó las lágrimas pero conmovió a todos. Con permiso de sus hermanas y la ayuda de su sobrino se armó de valor para violar la intimidad familiar e ir a contarla a las instituciones. Allí reveló lo duro que fue llevar a sus padres cuando dejaron de valerse por sí mismos a una residencia, el deterioro que tenía su madre el día que descubrieron que en su mano había una marcha negra que luego resultó ser la firma de un contrato de hospedaje.  La imagen de María José mostrando la foto de su madre (que se reproduce en este reportaje) días antes de estampar su dedo en aquel papel fue contundente. “¿Qué validez puede tener la huella de esta mujer analfabeta y con alzhéimer?”, preguntó. No la tiene para ella, pero sí para la Administración, que la usó para que la anciana pasara a pagar más de lo que le correspondía pese a tener reconocido el mayor grado de dependencia.

Nadie les advirtió que su madre había firmado algo que no le convenía, ninguno de los asistentes sociales con los que habló para el ingreso de la anciana, ninguno de los directores de las dos residencias por las que pasó.

De haberlo sabido “la hubiéramos sacado”. Con la pensión de la anciana, 600 euros y la ayuda a la dependencia, 581, pagaba sin problemas su plaza en la privada. Pero la familia confío en la pública y ahora ésta le reclama 13.655 euros. Y es que son muchos los casos en los que las deudas generadas en el ERA son incluso mayores que si los residentes hubieran optado por una estancia privada. Aunque, más que el dinero, a María José y su familia les duele el engaño. Por ello junto a otros afectados están estudiando presentar una demanda por “vulneración de derechos”, al haber permitido que en esas condiciones esos ancianos firmaran un documento tan vital para ellos y sus descendientes.

Errores y engaños

Familias que apenas pueden dormir. “¡Cómo vamos a hacerlo sabiendo que la Administración te reclama tanto dinero!”. Y es que las deudas están llegando entre 3 y 4 años después de que fallecieran los ancianos, cuando ninguno de los afectados las esperaba y, en la mayoría de los casos, ya había aceptado la herencia.

“Ellos son víctimas de un mal funcionamiento de la Administración y aplicación de la ley y no puede permitirse en un Estado democrático que miles de familias se queden arruinadas por la mala gestión de los servicios públicos”, asegura Ángel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Afectados. Por ello piden  paralizar los expedientes de reclamación hasta que se estudie uno a uno.

Ahora están unidos en una plataforma, pero hasta hace unos meses cada familia vivió en silencio esas reclamaciones durante años, con la culpabilidad de haber ingresado a sus seres queridos en una residencia y la reticencia de muchos letrados a pleitear contra la Administración. Así muchos de los afectados han llegado a pedir créditos para sufragar las deudas, renunciado a la herencia de sus padres o incluso vendido la casa familiar para hacer frente a la reclamación, con la carga emocional que ello supone. “A todos esos, ¿quién les va a compensar ahora el error? Alguien debería pagar por ello”, dice Rodríguez.

Recientemente un juez de Oviedo ha eximido a una familia a pagar al ERA una deuda de 17.640 euros por la estancia al declararla nula. “El juez ha considerado que la liquidación no se hizo correctamente, que ellos siempre pagaron lo que se les pidió y que la resolución no cumple con la normativa”. Pero en el otro extremo de la justicia está Jaime Acevedo que está a punto de perder la casa tras una ejecución hipotecaria por la deuda contraída con el ERA, que le reclama 52.000 euros que no tiene. Que pierda la casa en la que vive depende de que la Consejería solicite ejecutar el fallo del juez.

Aunque no ha entonado el mea culpa ni ha pedido disculpas, el Ejecutivo autonómico ha reconocido que no obró bien. De hecho fue el Presidente del Principado, Javier Fernández, quien anunció a finales de mayo que a partir de junio todos los dependientes residentes en geriátricos del ERA pagarían de acuerdo a la dependencia, aunque en su día hubieran firmado por otro sistema. También anunció que la Consejería ha reforzado la plantilla con cinco personas para analizar uno a uno los expedientes y que la reclamación sea la justa. Esperan hacerlo, dicen, “lo antes posible”.

Defienden que en 2007 se aprobó la Ley de Dependencia, pero no se aplicó hasta enero de 2011, cuando entra en vigor el copago. Entonces era consejera Noemí Martín, de IU, durante el Gobierno de coalición con el PSOE presidido por Vicente Álvarez Areces. Tras el breve Ejecutivo de Foro, las riendas de la Consejería las toma Esther Díaz que dimitió en noviembre de 2014 tras la presión de la oposición, que no veía ética su participación de un 19,8% en una empresa de su marido, Davelco, que contrata con la Administración y ha participado en obras como el geriátrico de Riaño.

Números y personas

Ramón Durán es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo. Es de los que defiende que una ley regule el asunto de las deudas, como la presentada por Podemos. “No valen buenas palabras, hay que dar garantías a estas familias que lo están pasando tan mal”. Ellos no pueden pagar lo que considera “una necesidad del ERA de sanear las cuentas” y “convertir esto en una cuestión de números y no de personas”. La dependencia “es un derecho personal, un dinero que se les debía de haber abonado a ellos, pero, por el paternalismo de la Administración, ésta directamente lo gestionó a su antojo”. La dependencia se convirtió así en una fórmula para mantener al ERA.

Y es que, como sostiene el letrado Luis López Aguado, “a los ojos de muchos juzgadores existe una supremacía moral de la Administración frente al hijo que ‘deja’ a su madre en una residencia” y que, una vez fallecida, reclama la herencia pero no quiere saber nada de las facturas pendientes por su atención. Y “debemos reconocer que algunas veces, efectivamente, las cosas son así”. Pero en estos casos la gestión  pública de los recursos les ha afectado de lleno al final de sus vidas, la mayoría de las veces, dedicada al trabajo, el esfuerzo y el bienestar de la sociedad, que ahora parece darles la espalda.

Los afectados por las deudas reclamadas se han unido y se movilizan desde hace meses. Esta protesta fue en Langreo. Foto / Fernando Rodríguez.

Cuentas poco claras

El ERA cuenta con 5.500 residentes, unos 3.000 en plazas públicas, cerca de 2.000 concertadas y un presupuesto de 118 millones de los que 40 proceden de los ingresos que aportan los usuarios. La lista de espera actual ronda las 1.500 personas.

Marcelino Laruelo, impulsor de la Oficina del Defensor del Anciano en Asturias, lleva años pidiendo que cada residencia pública haga un estadillo detallando los gastos de luz, agua, comida, calefacción, lavandería, limpieza y sueldos del personal y subcontratas. Colocarlo en el tablón de anuncios y mandar copia a residentes y familiares. También que se emita a cada residente la correspondiente factura por los servicios prestados.

“La memoria económica y de gestión, que en cualquier empresa se consigue en un clic, llevo años buscándola sin que nadie me haya enseñado nunca un solo ejemplar. Creo sinceramente que no existe porque nunca se confeccionó. En las dependencias del Parlamento asturiano no se conoce ninguna memoria del ERA y no hay ningún ejemplar de ningún año archivado”.

Podemos lleva tiempo denunciando que el ERA se parece cada día más a una promotora de empresas privadas de construcción y menos a una entidad de gestión. Denuncia también que se llegue a acuerdos de concertación de plazas con centros privados cuando quedan camas en la pública, como ocurre con el Montepío de la Minería con el que se concertaron 30 cuando en la más cercana, la de Moreda, hay 30 vacías. Y es que la Administración concierta un número de camas se ocupen éstas o no y, “puesto que las tienen que pagar sí o sí, prefieren derivar a la privada”, asegura la diputada de esta formación Rosa Espiño. En Boal se abrió una residencia para una lista de espera de dos personas. “Claro que tienen derecho a ella”, pero ¿no sería mejor, en esa zona y para dos plazas, concertarlas? Es en esos casos cuando está justificada la medida. Ahora, dice, “para llenar en Boal se quiere mandar gente de Gijón. Eso no tiene sentido”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016