Carreño: culpas bajo los escombros

El vertedero de Guimarán se tapó y sus restos están bajo esta finca. Foto / Vázquez.

Un vertedero ilegal de 54.000 metros cúbicos en Guimarán (Carreño) se mantuvo activo durante al menos nueve años sin que el Gobierno local, conocedor de la situación, lo paralizase. El relevo en la Alcaldía cierra el caso definitivamente sin responsabilidades políticas.

Javier Fernández / Periodista.

Cascotes, maderas, botes de pintura vacíos, restos de escayola. Hasta 54.000 metros cúbicos acumulados desde finales del pasado siglo y hasta al menos el año 2008, en una finca de la parroquia carreñense de Guimarán por camiones de empresas que pagaban por su uso (varios de estos pagos están documentados con su correspondiente factura). Todo ello con conocimiento del Ayuntamiento y con denegación de permiso por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Puede parecer sospechoso. Puede sonar escandaloso. Puede tener hasta un ligero aroma napolitano, si previamente se ha leído Gomorra de Roberto Saviano, especialmente en lo referente al negocio de las basuras de la Camorra. Pero, por lo visto, aquí no ha pasado casi nada.

Apenas tres párrafos en una escueta noticia en La Nueva España, el 27 de marzo pasado, informaban del carpetazo. “La comisión del vertedero ilegal de Guimarán concluye que no es contaminante”, rezaba el titular. El día antes, en el pleno municipal, se había aprobado el dictamen de esa comisión, creada en 2012 para investigar las supuestas irregularidades. Irregularidades que, por lo visto, no hubo. Al menos, no lo suficientemente graves para que en las conclusiones aprobadas mereciesen algo más que el siguiente punto: “Se ha puesto de manifiesto la responsabilidad que, de forma directa o indirecta, por acción u omisión, tiene el Ayuntamiento en la existencia de este tipo de vertederos ilegales”.

Nada más. Ni un reproche. Ni un toque de atención. Ni una crítica a los cargos técnicos y políticos bajo cuya responsabilidad los numerosos procedimientos abiertos no llegaron a ningún término. Ni al exalcalde Ángel Riego (sustituido el pasado 13 de junio por su compañera de partido Amelia Fernández), ni a los sucesivos concejales de Urbanismo, Noberto Folgueras, Joaquín Rodríguez y Melania Álvarez. El primero, del PSOE. El segundo de URAS, en un gobierno de coalición con el PSOE. La tercera de Izquierda Unida, en otro gobierno de coalición con el PSOE. Los dos primeros, como Riego, ya jubilados de la política. La tercera ahora ocupa un cargo de concejala con el PSOE, partido con el que concurrió a las últimas elecciones municipales, tras abandonar IU. Ni tampoco a los gestores de la Oficina Municipal de Disciplina Urbanística. La Comisión de Investigación no ha visto necesario objetar nada a ninguno de ellos.

Los considerados partidos de izquierda con representación municipal entonces, PSOE, Izquierda Unida, PCPE y Compromisu por Carreño, dieron su apoyo a esta versión. Foro Asturias se abstuvo, mientras que votaron en contra el PP y la Unión Independiente de Carreño (UICA), el partido que a partir de 2010 comenzó a denunciar el “oscurantismo municipal” en este asunto y que impulsó la creación de dicha comisión de investigación, cuyas conclusiones niega. Ambas formaciones creen que se ha evitado deliberadamente establecer responsabilidades políticas.

José Ángel Riego, alcalde de Carreño hasta el pasado mes de mayo.

No está claro cuándo se empezaron a depositar residuos en esta finca catalogada como suelo de especial protección, ubicada en el paraje de El Campón, en el límite entre las parroquias de Guimarán y Logrezana. Sí se sabe que el llevador, en 1999, cuando ya existía el vertedero, solicita permiso municipal para explanarla. Entonces, el Ejecutivo local llevaba ya unos meses en manos del socialista Ángel Riego. Un informe técnico emitido por el aparejador municipal avaló la licencia, al considerar “uso permitido” el relleno de la finca, y añadiendo: “No observamos inconveniente alguno en informar favorablemente el relleno solicitado”. Sin embargo, la normativa urbanística prohíbe expresamente el uso pedido en suelos de especial protección.

El visto bueno de la CUOTA fue una de las condiciones establecidas para confirmar la concesión de licencia municipal. Condición que nunca llegó a darse. El organismo autonómico comunicó en diciembre de 2000 la denegación al consistorio de Carreño y solicitó la retirada de los escombros “cuyo vertido”, tal y como reza el documento, “no pudo justificarse por su transformación en productivo y mecanizable en su totalidad”. Lejos de retirarse, las deposiciones continuaron acumulándose tal y como constataron las fuerzas del orden.

Las denuncias policiales, normalmente a partir de las quejas vecinales, comenzaron entonces a acumularse en los cajones municipales. Diversos documentos de la propia Policía Local, a los que ha tenido acceso ATLÁNTICA XXII, el más antiguo del año 2001, ponen en conocimiento la acumulación de todo tipo de residuos inertes, incluido un coche en estado de abandono. Todo acompañado de fotografías que impiden negar la magnitud del problema y que este llevaba engordándose durante cierto tiempo. También ha podido comprobar esta revista la existencia de facturas que reflejan pagos de una empresa de transportes por “uso de escombrera” y que oscilaban entre las 232.000 y las 542.580 pesetas de la época, IVA incluido. Las primeras datan de finales de 1999, con el PSOE ya en el poder.

La presentación de denuncias conllevó la apertura de numerosos procedimientos administrativos. Ninguno de ellos desembocó nunca en una multa o en la paralización de la actividad del vertedero. Durante su primera legislatura (1999-2003), el alcalde inició expediente sancionador, nombrando instructor al concejal de Urbanismo, Norberto Folgueras. Nunca se concluyó ni concretó actuación alguna. Y, mientras tanto, la Policía Local siguió presentando denuncias por los depósitos de los camiones. La última fue en 2008. En total, 54.000 metros cúbicos vertidos, según las estimaciones de los técnicos municipales.

Comisión sin responsables

No será hasta el año 2012, después de que el partido UICA comenzase a denunciar el “oscurantismo” con el que se tramitaban las denuncias policiales, que nunca conllevaron la paralización de la actividad, cuando comiencen a buscarse culpables. La oposición municipal, incapaz de explicarse que el Ayuntamiento de Carreño abriese durante estos años hasta una docena de expedientes sin que ninguno de ellos culminase en sanción, forzó una Comisión de Investigación, al perder el PSOE la mayoría absoluta con la que había contando en la legislatura anterior, merced al apoyo de IU. La intención era arrojar luz sobre los hechos y pedir explicaciones sobre cómo fue posible que los escombros siguiesen dando volumen a un vertedero ilegal del que la Junta de Gobierno local tenía conocimiento. Se acusó al Ejecutivo dirigido por el socialista Ángel Riego de faltas que podrían incluir responsabilidades patrimoniales y de no ejecutar los procedimientos abiertos.

Los comparecientes fueron pasando por el despacho a responder a las preguntas de los concejales. Secretario, arquitecto, aparejador, técnicos y concejales. Aunque no todos los convocados. Faltó el primero de los tres concejales de Urbanismo, Norberto Folgueras, el mismo que había sido instructor del expediente sancionador, que se negó a comparecer.

La Comisión de Investigación se cerró el pasado marzo concluyendo, al igual que la Justicia, que la escombrera no era contaminante. PP y UICA votaron en contra, al considerar que la gestión del vertedero no fue la apropiada y que además de las responsabilidades en materia ambiental han de depurarse las políticas. Debe responderse por la inacción y por todos los informes abiertos que el consistorio fue archivando.

Hasta mayo había en Carreño ocho partidos en el Ayuntamiento, pero solo dos mostraron verdadero interés en no enterrar las responsabilidades en el caso del vertedero.

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El PSOE de Carreño tiene otra opinión. Tras sobreseer los juzgados el caso admitió que “lo cierto es que la actuación debería haber sido impedida por los poderes públicos y no lo fue”, pero echa balones fuera. Alega que el Ayuntamiento no actuó correctamente porque la institución que el PSOE recibió de IU no tenía medios: “Como lo acreditan los informes existentes del año 2000 en los que se informa a la Comisión Informativa de Urbanismo sobre la imposibilidad de proceder contra este tipo de actuaciones complejas sin la existencia de medios personales cualificados”. Y que fue esta incapacidad la que le llevó a crear el “correspondiente Departamento de disciplina urbanística que comenzó a funcionar en el año 2001, momento en el que el vertedero se encontraba ya realizado”.

Y da el tema por cerrado, sin intención de ahondar más en la depuración de responsabilidades de políticos y funcionarios que piden UICA, PP o Foro, que “no han buscado otra cosa que perjudicar al equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde de Carreño. El Gobierno local ha sido el único que ha puesto coto y plantado cara a esta incidencia”.

Con la certeza de que la basura ya cubierta no supone riesgo para los vecinos ni el medio ambiente se entierra la posibilidad de responder a cómo pudo permitirse que el vertedero ilegal, pese a las reclamaciones de los vecinos, las denuncias de la Policía y los expedientes que nunca llegaron a sancionar del consistorio, permaneciese en Guimarán más de una década.

La Comisión provocó que la Fiscalía de Medio Ambiente decidiese investigar el asunto. Pero el caso fue sobreseído en octubre de 2014 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Gijón, puesto que los más de 50.000 metros de escombros, que a esas alturas se habían cubierto ya de vegetación, eran estériles y su capacidad de contaminación nula. Se destaca además que la zona es estable y que no existe riesgo de corrimientos de tierras que puedan afectar a los vecinos. Así se dio carpetazo a las posibles infracciones medioambientales de las cuales debería responder, por tener las competencias en la materia, el Principado de Asturias.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 39, JULIO DE 2015