Caso GITPA: El misterio de AsturLeaks

Pere Alemany, director de Aggaros, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre GITPA y la trama del cable. Foto / Mario Rojas.

Luis Feás Costilla y Xuan Fernández / Periodistas.

La trama del cable está llena de misterios y episodios de novela negra, como la entrega a un bedel de la Junta General de unos correos electrónicos de un denunciante anónimo que nadie logró identificar. Pero quizá la historia más rocambolesca sea la aparición de una página web que, bajo el nombre de AsturLeaks, se postula como una herramienta para hacer públicas denuncias anónimas de funcionarios en casos de corrupción, pero que hasta el momento solo ha servido para defender a los altos cargos implicados y para atacar a Ángeles Cigarría y Héctor García Hevia, que son precisamente los funcionarios que emitieron en 2014 los informes sobre el GITPA que desataron la instrucción penal y la comisión de investigación.

Héctor, a pesar de ocupar una plaza de personal laboral temporal en el Servicio de Telecomunicaciones, empezó ya en 2012 a denunciar irregularidades en el GITPA, sin éxito. Según relató en su comparecencia, por esas fechas comenzaron a preocuparle datos que no le encajaban en los despliegues de fibra óptica, como el número de viviendas cubiertas en Celorio y la discordancia entre las distintas fuentes (portal de GITPA, tabla facilitada por la empresa, censo de viviendas de SADEI, documentación de obra realmente ejecutada… y una web editada por el hijo de Rodríguez Bañuelos que parecía contar con información más reciente que la del propio Principado).

Alarmado por lo que creyó ver, el 5 de enero de 2012 dio traslado por correo a su superior jerárquico, el jefe de servicio José María García Pérez, de potenciales divergencias entre lo ejecutado y lo abonado, que podrían suponer centenares de miles de euros. En las siguientes semanas envió a su superior –verbalmente y por correo– más asuntos que le llamaron la atención y luego han trascendido, como la contratación por GITPA de la empresa del hijo de su director general o la presencia de Aggaros en la valoración del programa de ayudas a operadores.

Tras el cambio de Gobierno, contacta con el diputado del PSOE José María Pérez y se reúne con él en la Junta General el 12 de junio de 2012. Durante unas dos horas le expone las cuestiones que le resultan extrañas en el funcionamiento de GITPA y que infructuosamente había trasladado a sus superiores en la etapa anterior, como los contratos de GITPA con Twisterwill, o la presencia en una misma empresa, Vetus SL, del director general Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, su hijo Guillermo y Germán López Gómez, consultor de Thales.

También menciona algún contrato menor con Aggaros, como el abono por un estudio de banda ancha que en realidad había elaborado el propio Servicio de Telecomunicaciones. En lo que respecta a los terminales de usuario ONT, le informa de que el total adquirido supera en varios miles al instalado, retirado o disponible. Asimismo señala cambios de operador facturados como altas nuevas, más onerosas, y en la Troncal del Occidente un intento de facturación en conceptos inexistentes en la tarifa por un importe superior a 1,2 millones de euros.

El diputado toma notas y se compromete a elaborar un acta para remitir tanto al consejero Graciano Torre como al propio empleado público, sin que, como era de esperar, haya vuelto a dar noticias al respecto. GITPA sigue desde entonces con los mismos vicios, algo que nadie soluciona.

El Observatorio Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), que ha decidido personarse en la causa, denunció la campaña de desprestigio a que se han visto sometidos estos funcionarios y les expresó su apoyo y reconocimiento, a la vez que exigía “la adopción de las medidas legales adecuadas para evitar cualquier tipo de represalia personal o profesional hacia los mismos por destapar los hechos que actualmente se investigan en vía judicial”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 48, ENERO DE 2017