Caso Marea: al Principado no le consta

Isabel González Cachero, abogada del Principado en el Caso Marea. Foto / Mario Rojas.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

“No me consta”. Esa fue la respuesta más repetida usada ayer durante su testimonio en el juicio del Caso Marea por Isabel González Cachero, la abogada del Principado, que tuvo que declarar como testigo a petición de la defensa de Marta Renedo. Luego pasó de interrogada a interrogadora y comenzó a formular preguntas al resto de los testigos.

Parece insólito, pero es que González Cachero era jefa de Renedo cuando ejercía de secretaria general técnica en la Consejería de Cultura y ella fue quien le comunicó el cese a la alta funcionaria nada más llegar al Gobierno autonómico la consejera Encarnación Rodríguez Cañas.

Por si tiene pocos problemas de credibilidad el Principado ejerciendo la acusación en relación a un caso de corrupción que afecta a varias Consejerías del expresidente socialista Vicente Álvarez Areces, la elección de González Cachero ha supuesto toda una baza para las defensas.

En el asedio al que fue sometida en el interrogatorio, negó tener conocimiento de facturas falsas en la Consejería (“si no hubiera ido al fiscal”) o del desvío de dinero de una obra en un remoto pueblo, donde siguen esperando por la pasta, a otra en Oviedo, en vísperas de una campaña electoral. “No recuerdo absolutamente nada de la biblioteca del Fontán o de Belén de la Montaña”, subrayó. Y cuando le preguntaron por su propia responsabilidad, por no controlar lo que sucedía en la Consejería, pareció resignada. “Hay controles, se sortearon los controles, qué se le va a hacer”.

Una de las lecciones a extraer del Caso Marea son las consecuencias nefastas para los dineros públicos que tiene una Administración domesticada, sometida a políticos nada respetuosos con los bienes públicos y lastrada por el enchufismo. Pero parece que el Principado no la ha aprendido, porque la elección como abogada de González Cachero, que apunta hacia el resto de los acusados mientras se muestra complaciente con el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, es todo menos una muestra de independencia y  voluntad de cambio.

La abogada del Principado está en el juicio del Caso Marea para defender a la Administración autonómica, es decir, a los ciudadanos asturianos indignados con el saqueo en los colegios públicos durante el arecismo. Pero el perfil de González Cachero puede explicar que parezca que su defensa se encamine más a arropar al Gobierno autonómico socialista, muy nervioso al tener que afrontar un juicio por corrupción en plena campaña electoral.

González Cachero era una persona de confianza del Gobierno Areces cuando fue secretaria general técnica, un puesto de libre designación. También lo es el que ahora tiene, jefa del servicio jurídico del Principado. Su carrera fue de la mano de Rosa Zapico, una persona importante en la Administración autonómica socialista asturiana, prácticamente desde sus inicios.

Con Zapico, que está en el núcleo duro del círculo político del presidente del Principado Javier Fernández, González Cachero fue letrada en la Sindicatura de Cuentas. En aquella época una denuncia de Zapico, por un asunto de espionaje informático en la Sindicatura, prosperó y acabó con la carrera política del dirigente del PP Jaime Reinares.

A los ciudadanos no les consta que con esa biografía y esas dependencias políticas se puedan defender abiertamente sus intereses, que en este caso consisten en señalar culpabilidades y responsabilidades, sean de políticos, de empresarios o de funcionarios. Y así es difícil que baje la marea de la corrupción.