Concentración en La Camocha contra los desahucios

Una vecina del poblado de La Camocha durante la concentración de ayer.

Alrededor de 250 personas participaron ayer en la concentración en apoyo a los vecinos del poblado de La Camocha, en el municipio de Gijón, ante la amenaza de desahucio que sufren por parte de la empresa propietaria de las viviendas. Una nueva acción solidaria y de protesta que trata de impedir que 37 familias, algunas de las cuales llevan viviendo en ellas 40 años, queden en la calle.

A la concentración acudieron personas de distintas partes de la geografía española y de Asturias, así como distintos representantes de Podemos, como el Secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular estatal Rafael Mayoral, la diputada por León Ana Marcello, el portavoz municipal de Xixón Sí Puede Mario Suárez del Fueyo, y Álex Zapico quien pronto ocupará el puesto de concejal dentro de la formación morada.

La acción solidaria incluyó una pequeña comida a base de pinchos, así como la realización de graffitis en las viviendas que desde hace un tiempo están vacía y tapiadas, con lo que se pretende reivindicar el derecho a poder habitarlas.

Las viviendas son propiedad de la Mina de La Camocha, que en su día arrendó a un bajo precio los inmuebles a los trabajadores de la empresa. El cierre y las numerosas deudas de esta, son la causa de que los vecinos paguen las consecuencias.

La administradora concursal de Mina La Camocha reclama a los vecinos la compra de las viviendas si no quieren ser desahuciados. «En un primer momento tasaron las casas con importes que iban de los 90.000 a los 100.000 euros», cuentan desde la organización de la protesta de ayer. «Y aunque el juez rebajó la cifra un 50%, lo cierto es que sigue siendo un precio excesivo teniendo en cuenta, tanto la calidad de las casas, como la situación de estas familias, que no pueden afrontar el pago de este dinero. Algunas de estas personas son viudas octogenarias que llevan viviendo aquí 40 años»

Los vecinos creen que se pueden encontrar soluciones parecidas a las que se han dado en otras comunidades autónomas ante el mismo problema. Por eso creen que el Principado podría comprar las viviendas y luego arrendarlas a un precio asequible para los vecinos. «Aunque hay otras soluciones sobre la mesa», aseguran desde el poblado.

Esta ha sido la última de una serie de acciones que se han venido realizando para impedir los desahucios desde que hace unos meses empezaron a llegar las cartas de aviso de desahucio, aunque los organizadores prevén que no será la última. «Aunque confiamos en el camino legal y la negociación política para solucionar el problema, también creemos que la presión social es importante. Así que seguiremos con la pelea».