Condenan a un exconcejal de Mieres por criticar a un juez

Juan José Menéndez cuando era concejal de Mieres. Foto / Fernando Geijo.

Las alusiones al matrimonio del único juez de lo Social de Mieres con una sindicalista, y su posible influencia en sus sentencias contra el Ayuntamiento, han supuesto una condena judicial al exconcejal de IU Juan José Menéndez. El condenado cree que se debería haber inhibido y que lo avala la libertad de expresión.

Carmen Basteiro / Periodista.

“¿No pierde el Ayuntamiento de Mieres demasiados juicios?

Es cierto, se han perdido demasiados, pero en algunos casos debo decir que muy injustamente.

¿Por qué?

Influye negativamente el hecho de que el juez de la sala de lo Social de Mieres sea marido de una delegada sindical del Ayuntamiento.

¿Han valorado una recusación?

De momento no se ha hecho, pero seguramente habrá que hacerlo”.

Es la transcripción literal de una entrevista, publicada el 26 de abril de 2015 en el diario asturiano La Nueva España. El que responde es Juan José Menéndez Fernández, entonces concejal de Personal del gobierno de Izquierda Unida de Mieres. ¿Libertad de expresión o injuria grave? Injuria grave, según la sentencia firme que acaba de hacer pública la Audiencia Provincial. Sus declaraciones sobre el magistrado le salieron caras: 5.700 euros, en concepto de multa e indemnización, tras el fallo de la Audiencia que no admite recurso. Juan José Menéndez prefiere ser ahora solo “Juanjo”, ya no es concejal. Pero sigue siendo hombre de convicciones, que no da ni un paso atrás. En este caso, es tan firme como el fallo que le condena: “Yo dije que influía negativamente, sí. Es mi opinión”.

Las respuestas de Juan José Menéndez bien merecen un contexto, porque la entrevista llegó en sus últimos días al frente de la concejalía y abandonaba un mandato agotador. Era el año 2011, con la crisis económica golpeando bien fuerte, cuando el ahora exconcejal llegó al Ayuntamiento de Mieres. Había que cuadrar las cuentas. Una de ellas, quizás la más urgente, la de los salarios: era una carga pesada para los hombros del entonces concejal del área. “Se me imaginaba que no sería fácil”, dice.

Y es una forma casi poética de expresarse. Porque lo que le esperaba, lo sabe ahora, era un pulso duro e inagotable con los sindicatos. Menéndez se vio obligado a recortar con mano firme, así lo dictaba el plan de ajuste que estrechaba las arcas de Mieres, un Ayuntamiento que IU había heredado en bancarrota. Fuera la prima de vacaciones, la de asistencia, la de ‘turnicidad’, los festivos y otros complementos. “A nadie le gusta que le metan mano en el bolsillo, a mí tampoco. Pero era lo que tocaba, tocaba normalizar un poco la situación”, afirma Menéndez. Los salarios se redujeron en 1,4 millones de euros, tal y como había quedado establecido en aquel documento.

La tensión no se quedó en los despachos del Consistorio. Coincidiendo con la dura negociación, el coche de Menéndez apareció rociado con ácido. Un acto vandálico que denunciaron públicamente todos los sindicatos, a la vez que reclamaban una investigación a fondo para identificar a los culpables. Nunca aparecieron. Tampoco se descubrió al culpable de sabotear un coche de la Dirección General de Tráfico (DGT), que habían cedido a la Policía Local para los controles de alcoholemia en el concejo. El vehículo apareció una mañana con el depósito lleno de azúcar, no había sido forzado y las llaves estaban en la comisaría.

Así que había conflicto en el Ayuntamiento y en la calle. Faltaban los juzgados. El 22 de junio de 2012, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron el ajuste salarial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Mieres. El fallo fue a favor de las centrales: “No presentamos testigos de todas las reuniones que habíamos mantenido. Hubo veintitrés encuentros, pero todos fuera del Ayuntamiento y fuera de acta”, reconoce Menéndez. No es esta la sentencia que puso en jaque al concejal, que reconoce que “fue un error no llevar ningún testigo de todas aquellas reuniones”.

El caso de Seana

“Hubo sentencias que me parecieron, cuanto menos, llamativas”, reconoce el exedil. No estaban en juego grandes cantidades de dinero, ni había un grave afectado, pero uno de los fallos que generó discrepancia surgió de una demanda presentada por un jefe de equipo. Reclamaba dejar sin efecto un expediente sancionador que había sido tramitado en diciembre de 2012. Ocurrió cuando los varios trabajadores del área acompañaron, desde Seana hasta el casco urbano de Mieres, a una trabajadora que necesitaba ir al baño. Un viaje de unos seis kilómetros, ida y vuelta, en plena jornada laboral, que trajo mucha cola.

El relato de los hechos, tal como consta en la sentencia, es el siguiente: “El 19 de diciembre se hallaba trabajando en el lugar de Seana, realizando tareas de mantenimiento de jardín, cuyo perímetro se halla cerrado por valla de un metro de altura”. “Pasadas las 10 de la mañana (?) el demandante junto a los miembros de su equipo, y ante la necesidad de una trabajadora de acudir con urgencia a un aseo, decidieron acompañarla y usar la pausa diaria para el descanso desplazándose hasta Mieres, descanso que no excedió los 30 minutos”. Antes de dejar el lugar, continúa el escrito del juez, “el actor y sus acompañantes recogieron la herramienta guardándola en el coche, dejando en el lugar ya descrito una segadora y una escalera, práctica esta que ha sido siempre la habitual de la empresa”.

El magistrado se apoya, en los fundamentos de derecho, en una sentencia previa: “El actor y su equipo procedieron a disfrutar de la pausa de bocadillo de modo reglamentario, tal como quedó juzgado ya en sentencia recaída en autos 390/13 de fecha 30 de septiembre pasado”. Además, continúa, “antes de ello se dispusieron a guardar la herramienta susceptible de sustracción en el vehículo municipal”. Afirma el auto que “tal práctica ha sido tolerada bajo la observancia directa de la Corporación desde siempre”. Así pues, el juez declaró nula la sanción interpuesta por el Ayuntamiento de Mieres.

“Esta sentencia es solo un ejemplo, lo cierto es que me sentí ninguneado en varias ocasiones”, afirma Juan José Menéndez. Reconoce, a renglón seguido, que “nunca pensé que cometiera un delito cuando hice esas declaraciones, cuando dije que pensaba que nos influía negativamente el hecho de que el juez estuviera casado con una delegada sindical”. Fuentes próximas al magistrado Manuel González-Portal, el único de lo Social de Mieres, que no quiso comentar este asunto con ATLÁNTICA XXII, aseguran que es un hombre “entregado a su trabajo, ecuánime y justo, que analiza cada proceso en profundidad”. Su esposa sigue siendo delegada sindical en el Ayuntamiento del sindicato CSIF.

Nunca imaginó que cometiera un delito, pero la reacción judicial a las declaraciones de Juan José Menéndez no tardó en llegar. La Fiscalía Superior de Asturias denunció al edil, al entender que el concejal del equipo de Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, había atentado contra la integridad profesional del juez de la sala de lo Social de Mieres. En mayo de 2016, cuando Menéndez ya no formaba parte de la Corporación, se le abrió un procedimiento con juicio oral. Afirma Menéndez que nunca pensó que el proceso “llegaría tan lejos”.

Acto de solidaridad con Juan José Menéndez. Foto / Fernando Geijo.

IU y la plataforma de apoyo

El 14 de marzo de este año, se celebró el juicio en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Oviedo. Unos días antes, Izquierda Unida había mostrado su respaldo públicamente. Tanto en declaraciones a los medios de comunicación como en la organización de actos públicos. Semanas atrás se había formado una plataforma de apoyo a Juanjo, que encabezaron históricos militantes como Antonio Hevia, exsecretario general de la Minería de CCOO. En la plataforma hubo alguna disensión que Hevia no oculta: “Nosotros teníamos ideas, pero llegaron otros que no las tenían y que se dedicaron a vetar a gente que no les parecía bien. No pudimos hacer todo lo que queríamos”. Sí consiguieron, según su versión, que Izquierda Unida de Mieres se sumara al apoyo. Beatriz González, coordinadora de la coalición de izquierdas en el concejo, tiene una versión diferente: “No sé de qué plataforma hablamos”, asegura. Añade que Juan José Menéndez tuvo el respaldo de la agrupación desde un principio porque “se le ofreció ayuda en el tema legal, como siempre se hace en estos casos”.

En el juicio la Fiscalía mantuvo que Juan José Menéndez había acusado al juez de prevaricar, extremo que niegan el exconcejal y su defensa. “Nunca dije que el juez prevaricase, sino que, a mi entender, debería haberse inhibido, al menos cuando el sindicato al que pertenece su mujer era parte”, afirmó Menéndez en sede judicial. La abogada, Olga Álvarez, añadió que las declaraciones vertidas por su defendido “están amparadas en la libertad de expresión y no hay nada ilícito en ellas”.

La resolución del juez sí encontró algo ilícito, aunque rebajó las peticiones de la Fiscalía. “El delito de calumnia exige que consten la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción de que se trate, no bastando las simples descalificaciones, como tampoco las expresiones que atribuyen a alguien una actividad criminal indeterminada, ni las afirmaciones genéricas, utilizando fórmulas abiertas incompatibles con la imputación de un delito”, señala el texto de la sentencia. Y continúa: “En consecuencia, los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito de calumnias, sino de un delito de injurias graves con publicidad cuyo bien jurídico protegido lo constituye el honor inherente a la dignidad de la persona”.

Tras esa sentencia Izquierda Unida inició una recaudación popular para afrontar la multa y Juan José recurrió ante la Audiencia Provincial, cuya sentencia avalando la del Juzgado ya no tiene posibilidad de recurso. El exconcejal sigue convencido de su inocencia y hace balance: “Me sentí apoyado, pero creo que el apoyo llegó demasiado tarde. Y si me hubieran arropado también desde Madrid, creo que este proceso no habría llegado hasta donde llegó”.

Beatriz Díaz defiende la reacción de la coalición de izquierdas. Señala que el caso de Juan José no tenía la envergadura de otros que sí llegaron a la dirección federal. Pero el apoyo, en Mieres, sigue siendo férreo: “La sentencia fue desproporcionada y no se tuvo en cuenta todo el proceso, todo lo que tenían detrás las declaraciones de Juanjo”. “Se coartó su libertad de expresión”, considera González.

Él piensa lo mismo. Pero no cambiaría nada de lo que hizo. Cree que esta última sentencia de la Audiencia Provincial fue un “golpe” más tras aquel mandato imposible. Y, echando la vista atrás, cree que el “germen” fue el ajuste salarial: “Volvería a hacerlo, claro, era lo que tenía que hacer. Y si no lo hubiera hecho yo, lo tendría que haber hecho otro”. Hombre de convicciones, nunca da un paso atrás.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 52, SEPTIEMBRE DE 2017