Ana Taboada (Oviedo, 1972) parece una abogada de causas perdidas porque defender a extranjeros sin papeles, a trabajadores despedidos o a personas que denuncian al Poder no es precisamente un negocio en el mundo de los bufetes. Ella lo niega porque dice que hay muchas causas que se consideran perdidas y a veces se ganan y, en cualquier caso, se siente bien remunerada cuando evita la expulsión in extremis de un inmigrante, cuando consigue que sean los constructores y no los ciudadanos los que paguen el impuesto de plusvalías o cuando logra sacar a una mujer del círculo de la violencia, por ejemplo. Es abogada vocacional y comprometida con la causa de los más débiles. Le gusta estar en la calle, ayudar a cambiar las cosas y hacer un uso alternativo del derecho aunque ello suponga, muchas veces, llevarse a casa la mochila con los sufrimientos ajenos. Publicamos a continuación una entrevista con ella realizada por Fernando Romero.

Texto Fernando Romero. Fotos Iván Martínez

¿Hay una involución del Estado de Derecho?

Me temo que va a haber una involución del Estado de Derecho. La reforma que está anunciándose del Código Penal y la de la Ley de Seguridad Ciudadana van por ese camino. Se quiere criminalizar la protesta social. Eso por un lado. Luego están las tasas judiciales que están afectando al justiciable, porque el acceso a la Justicia y a los recursos está muy limitada. Si tienes que pagar 800 euros para interponer un recurso de apelación, más las costas que te pueden caer, estamos ante una limitación de derecho en el acceso a la Justicia. En positivo ha habido una evolución del sector judicial hacia determinados supuestos, como son los desahucios o en cuestiones relacionadas con la crisis. Por ejemplo, con la reforma laboral la mayoría de los ERE los están tumbando los jueces. La jurisprudencia está limitando el hecho de que no se tenga que justificar la situación económica de las empresas para iniciar regulaciones. Se trata de evitar patentes de corso a los empresarios.

¿Los jueces están haciendo el papel de los sindicatos con respecto a los ERE?

Sí, porque estudian la situación económica de las empresas y tumban muchos expedientes.

¿Y a qué se debe esa apertura de mente de los jueces, tradicionalmente cercanos al poder político y económico? ¿A un cambio generacional?

Creo que todas las reformas que está llevando a cabo el Gobierno, sin informar además a la ciudadanía durante el proceso electoral, están generando mucha conciencia ciudadana, incluso dentro de los propios jueces, porque esas reformas están afectando a derechos fundamentales que estaban muy consolidados en nuestro sistema, como por ejemplo los laborales.

Por un lado la Justicia es cada vez más cara, con lo cual menos igualitaria, y por otro la protesta social también se penaliza. ¿Qué le queda al ciudadano entonces si quiere defender sus derechos?

Los abogados y las abogadas luchamos por interpretar las leyes de manera que sean más favorables al ciudadano y con argumentos. Tenemos una Constitución que se puede modificar (ya se hizo con la crisis). ¿Qué nos queda?: reclamaciones en todo tipo de ámbitos, judiciales, en la calle… el miedo no nos puede paralizar en ningún caso. Al contrario, yo creo que se está consiguiendo. Tenemos el ejemplo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a las ejecuciones hipotecarias, es decir, desahucios promovidos por bancos. No fue un varapalo total a las leyes anteriores porque la nueva normativa no soluciona esta situación pero eso, junto con las plataformas ciudadanas para presionar a los bancos y a los organismos, está sirviendo para que los jueces tomen decisiones que no se tomaban hace años.

¿Qué lectura ideológica tiene la penalización de la protesta?

Que están dejando tierra quemada. Si los colectivos, tanto de abogados, jueces, ciudadanos, etc., no hacemos algo para parar esto vamos a encontrar un Estado de Derecho, pero no un Estado democrático. Está en juego la democracia porque se están rompiendo sus pilares básicos.

Inmigrantes y doctrina Parot

Foto de Mario Rojas

Está afectando gravemente porque cuando tienen que presentar recursos contenciosos contra sanciones (la más grave la expulsión) si no tienen reconocida la justicia gratuita, aunque la tengan solicitada, se retrasa cinco meses el trámite de admisión del recurso, con lo cual la Administración puede actuar para intentar deportarlos. Con el Gobierno actual se está criminalizando aún más al inmigrante y los están metiendo en las oficinas de extranjería. Es decir, por no tener la documentación van a presentar sus papeles a las oficinas para el arraigo y se encuentran que son detenidos por la policía. O sea, una situación kafkiana: van a tratar de resolver su situación administrativa y son detenidos allí para ser expulsados. Raya en el absurdo. Y como son los parias de la tierra y no importan a nadie… Aportaron en su momento mano de obra barata para construir al servicio de la especulación inmobiliaria, en las huertas y campos españoles, y ahora que ya no los necesitamos no se les trata ni como a personas.

La anulación de la doctrina Parot ha generado cierta alarma social, al quedar fuera numerosos presos. ¿Qué opina?

Era lógico que se echara abajo porque la Constitución recoge la irretroactividad de las leyes penales, con lo cual se estaba actuando de una manera muy forzada y alegal. Se está utilizando como cortina de humo para olvidar otros problemas más importantes como el paro y las situaciones dramáticas que están viviendo las familias o como la involución de derechos. Quieren desviar la atención. En ello colaboran los medios de comunicación. Creo que no se debe legislar a golpe de titular. La ley penal ha de ser proporcional y la Constitución dice que el fin de la prisión es la reinserción social y eso es lo que se debe primar.

Llevamos años con reformas educativas para intentar que los jóvenes adopten valores en la igualdad y cada vez se ven más casos de acoso y machismo. ¿Qué está fallando? ¿Internet y la televisión están ofreciendo modelos patriarcales?

Aparte de que la policía tenga mucha culpa, lo más determinante es el colegio y la familia. A pesar de que seguimos teniendo un sistema patriarcal y la mujer es mujer-objeto, el sistema educativo tiene falta de recursos y con la involución de la Ley Wert, peor. Hacen trampa frente a las resoluciones judiciales que han dicho que el sistema español no puede sufragar la segregación por sexo en los colegios. Pero el ministro está permitiendo subvencionar a esos colegios. Priman esa subvención frente a otras carencias que tiene el sistema educativo como es la formación en materia de igualdad de profesores y alumnos. Y donde más falta hace es en los institutos y se trabaja muy poco.

¿Encuentra hoy más amparo en el Gobierno la violencia policial? ¿Como abogadas notan más denuncias contra las fuerzas de seguridad?

Sí. En relación con los extranjeros especialmente. No solo se ha acentuado sino que cada vez los agentes son más impunes porque la policía colabora con el sistema judicial en muchas cosas, entonces el sistema judicial no es valiente a la hora de ir contra la actuación policial. A pesar de que he llevado casos y he tratado de denunciar abusos y maltratos en las detenciones o en identificaciones, siguen realizándose. Por ejemplo, las identificaciones a extranjeros en las estaciones de autobuses o trenes se siguen haciendo a pesar de que hay una circular del Ministerio del Interior, por resoluciones que ha habido en materia de derechos humanos del Tribunal de Estrasburgo, que expresa que las identificaciones indiscriminadas por el fenotipo, es decir, por la apariencia racial o étnica, son irregulares. Las denuncias se llevan produciendo hace muchos años, como la de las cuchillas de los muros de Ceuta y Melilla, y es muy triste el poco apoyo a las organizaciones que luchan por los derechos humanos de los inmigrantes. Por otro lado, el Gobierno intenta criminalizar la protesta social con lo de cercar el Congreso, los escraches… se está dando bastante patente de corso a la policía en las manifestaciones. También hay cuestiones positivas y es que la propia policía ha denunciado los mandatos de la autoridad gubernativa de excesiva utilización de la fuerza de manera indiscriminada e injustificada. A veces los manifestantes hablan con la policía y les recuerdan que también son parte de la ciudadanía. El Gobierno legisla para que las actuaciones policiales estén justificadas.

¿Han tenido problemas por atender denuncias contra actuaciones policiales?

Yo personalmente no, aunque alguno de la Brigada de Extranjería, cuando sabe que soy yo la que está en el procedimiento, me pone todas las trabas posibles, negándome información.

“Gabino repartió el pastel”

¿Puede la Justicia con la corrupción del poder político y económico?

En Asturias hay algún juez valiente que se está atreviendo a entrar en la corrupción y destapa cosas como el Caso Marea y demás. Pero para que ocurriera eso ha tenido que pasar mucho tiempo y cambiar la situación de España. Todo esto es consecuencia del robo que han hecho los estamentos políticos y bancarios y el poder económico, pero no hay una actividad judicial suficiente para desmantelarla.

Es decir, que ahora mismo la Justicia depende de jueces y abogados valientes…

Sí. Es una Justicia muy subjetiva. Luego hay otra cuestión de pruebas, y es que es muy difícil a veces conseguir destapar esos casos de corrupción. Pero también hay que querer. Si se hace una buena investigación se puede destapar la corrupción y para eso el juez tiene que mostrar interés. Y luego están los fiscales que, en ocasiones, en vez de colaborar ponen trabas. Cuando se trató de investigar el patrimonio de Gabino de Lorenzo la fiscalía lo echó atrás.

¿Estaba Gabino de Lorenzo blindado frente a la Justicia cuando fue alcalde? Le protegió la Fiscalía, pero tampoco prosperaron las denuncias que tuvo que afrontar.

Gabino de Lorenzo aprovechó la época en que la especulación estaba en un momento máximo y repartió el pastel entre mucha gente, no solo sus simpatizantes, sino entre todas las “sensibilidades”. Una operación especulativa como la de los “palacios”, que supuso expoliar patrimonio público del suelo, malvender primero los terrenos del Vasco, edificar en otro terreno público un edificio millonario, que se entregó a empresas privadas para hacer un palacio de congresos vacío de congresos, implicando en esa operación al Gobierno socialista de Areces, para que adquiriera unas oficinas… Que para comprar esas oficinas hayan entregado a una empresa como SEDES edificios públicos como el que ahora es un centro social ocupado como La Madreña… Este tipo de intervenciones políticas de signo especulativo han favorecido a unos pocos y están cayendo como un castillo de naipes. Si se han permitido deberíamos preguntarnos el porqué de las grandes dificultades y carencias que tenemos en la Justicia para afrontar la corrupción en la sociedad. Las denuncias que se interpusieron en su día sugerían cuestiones que debían ser investigadas, como patrimonios familiares inexplicables, pero para eso se necesita a personas en la Justicia convencidas de su papel de agentes independientes de la democracia.

Detrás de todo caso de corrupción grave siempre hay un despacho de abogados. ¿Son colaboradores imprescindibles?

Detrás de un caso de corrupción con mayúsculas hay mucha gente de todos los ámbitos: economistas, inspectores de Hacienda en excedencia, abogados, personal que ve y mira para otro lado, cónyuges que no ven coches nuevos en su casa… obviamente todos forman parte de una estrategia para delinquir sin ser vistos, lo mismo que las mafias o las bandas de narcotraficantes. El problema es que la corrupción desafortunadamente no nos parece tan mal, somos comprensivos.

¿Conocemos la punta del iceberg de la corrupción?

Pues me temo que sí, yo creo que ya es un clamor ante el que a la Justicia ahora no le queda más que actuar. Y para prevenir la reacción de la gente ante tanta podredumbre, nos reforman la Ley de Seguridad Ciudadana, para que el miedo nos paralice.

¿Cree en la independencia de los tres poderes? Por ejemplo, tenemos el caso cercano de los nombramientos políticos en el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial.

Sí existe, pero las altas esferas judiciales están contaminadas por la política y son las que cortan las alas a muchos jueces que intentan ir por libre. Incluso ha habido jueces a los que les abrieron expedientes. Mire el caso de la infanta, el propio fiscal está todo el día poniendo trabas. Es el menos partidario de investigar el patrimonio de la infanta. Nunca he visto tanta cautela para imputar a alguien como con la infanta.

“El PP quiere devolver a la mujer al redil”

¿Cómo ve la reforma de la Ley del Aborto y el movimiento Femen?

Tengo mucha simpatía por ese movimiento porque ejercen su derecho a la libertad de expresión. Si las formas son o no adecuadas… Tratan de romper con la tradición y llamar la atención y están legitimadas para hacerlo de la forma que estimen oportuna, como desnudándose y escribiendo sobre su cuerpo. La reforma de la Ley del Aborto es una involución más y a pesar de todos los informes en materia de derechos humanos, algo que está muy debatido, vemos una clara involución ideológica para devolver a la mujer al redil, a la invisibilidad y a la desprotección. No quieren que la mujer decida sobre su cuerpo sino como un objeto portador de algo y nada más.

¿Se está apagando el Movimiento 15-M?

Más que apagarse está cambiando y separándose por grupos e intereses, plataformas contra desahucios, cultura, defensa de derechos, feminismo… Pero lo que veo es que algo de fuelle han perdido. Las asambleas que se hacían en la calle eran muy importantes, era la forma en que la gente de la calle fuera a reunirse con ellos y a ampliar el movimiento. Hay que ponerse delante de la gente porque si no muchos no se atreven a dar el paso.

Lo que parece es que cualquier movimiento de protesta, por muy importante que sea, no atraviesa los muros del poder…

Está todo como atomizado. Hay manifestaciones multitudinarias, como la última de educación y se ningunea por el Gobierno. Habrá que plantearse otras formas de reivindicar.

Con el marco actual legislativo, ¿cree que se puede transformar la sociedad, cambiar el sistema desde dentro?

Yo creo que hay que cambiar las instituciones y el sistema electoral. Nuestra democracia se ha quedado obsoleta porque no hay una identidad entre el ciudadano y el político y eso debe cambiar. El ciudadano no puede ser solo un voto cada cuatro años. Hay que obligarle a participar en política de forma activa en el día a día. El sistema actual solo favorece a los intereses políticos y económicos. Este sistema está mermando la democracia, que parece más una máscara que una realidad.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 30, ENERO DE 2014