Correos extravía su certificado de defunción

Movilización de carteros en Oviedo. Foto / Mario Rojas.

Rafa Balbuena / Periodista.

España, 1975. Franco agoniza, la conflictividad laboral alcanza un nuevo récord, el fantasma de una guerra colonial asoma en el Sahara, las consecuencias de la crisis del petróleo se sienten en todos los bolsillos de una economía maltrecha… y, en medio de todo ello, Correos y Telégrafos es considerado por la Unión Postal Universal como “un servicio modélico entre los países del occidente europeo”.

Mismo escenario, 2016. Cambiamos a Franco por la democracia y la Marcha Verde por los aledaños de cualquier estadio de fútbol… y casi todo sigue igual, o parecido. Menos Correos, entidad pública marcada por la pérdida de calidad del servicio, la precariedad laboral y un futuro, que, en el mejor de los casos, pasa por la privatización de la empresa.

Es este un proceso que lleva varios años incubándose, al que no han sido ajenos el auge de Internet y de las empresas privadas de paquetería, convertidos en competencia firme de una entidad de raigambre popular como pocas. Y es que Correos, un pilar histórico en el desarrollo económico y social de este país, está inmersa en un proceso de desmontaje semejante al sufrido por las Cajas de Ahorro. Solo que, en este caso, la medida se lleva a cabo de modo encubierto y progresivo.

En el momento de redactar este reportaje se están efectuando movilizaciones y paros alternos del servicio en Oviedo, como llamada de atención pública por la Asamblea de Carter@s de Oviedo, que suscriben con rotundidad la tesis de la privatización encubierta y califican abiertamente de “caótico” el estado actual de la empresa.

El origen de esta situación, según José Rábago y Enrique Mon, portavoces de la Asamblea, “empieza en 1998, cuando se aprueba la actual Ley Postal, que abre las puertas de una mengua progresiva de la calidad del servicio de Correos”. Esta ley, planteada precisamente en sentido contrario y ante la profunda transformación que auguraba la implantación masiva de Internet, “fue en realidad una tapadera para privatizarla como se hizo con Cajastur o con Telefónica”, insisten ambos.

Los hechos apuntan en esa dirección, y van en el mismo sentido “que marca la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TTIP)”, añade José Rábago. La primera medida que supuso un cambio importante para los usuarios fue la implantación, en 1998, del paquete azul, una tarifa de paquetería que encarecía sensiblemente los envíos de tamaño medio. Ya habían entrado en vigor otras normas poco comprensibles, como la equiparación del precio de envío entre cartas y tarjetas postales, y otras de menor alcance aparente, caso de la reducción de tirada de sellos.

Los filatélicos lo saben bien, ya que la etiqueta postal de máquina que habitualmente sustituye al sello, confeccionada sobre la marcha al efectuar un envío, no tiene valor de coleccionismo. No hace falta decir que el mercado filatélico, aún hoy, mueve cifras elevadas de dinero en todo el mundo. Y, como en cualquier mercado, si no se renueva ni se mueve el producto, el negocio decae.

Una cartera en plena jornada laboral. Foto / Pablo Lorenzana.

Mejoras en entredicho

Bajo la bandera de la modernización, Correos ha ido ofreciendo en los últimos años algunos servicios de mejora que, según los carteros, no lo son tanto. Uno de ellos es el seguimiento telemático de los envíos, que Enrique Mon califica de “falso”. “Venden que el paquete está localizable en todo el trayecto, cuando es imposible saber en qué punto se halla ni quién lo transporta hasta el momento que llega a la unidad de reparto; al usuario le especifican que está ‘en tránsito’ y a correr”.

En determinados lugares, “para aligerar trabajo, es normal la devolución de envíos con problemas de fácil solución, como una dirección mal escrita o un código postal equivocado”, señala. Quien esto escribe lo ha comprobado en sus carnes, recibiendo devuelto un paquete enviado al centro de Barcelona, por faltarle una letra en el nombre de la calle. O la funcionalidad de un envío certificado en ventanilla, cuya diferencia de trato con la carta del buzón (2,95 euros frente a 45 céntimos) es “absolutamente inexistente”, añade Mon.

Otro hecho, al hilo de esto último, es la desaparición progresiva de los buzones del mobiliario urbano, que obliga a acudir a una estafeta para enviar una carta. Y en este punto Rábago y Mon invitan a visitar cualquier oficina de Correos que haya sido reformada durante los últimos diez años: “En ninguna de ellas existe un buzón para meter el sobre”, aseguran. “La empresa alega medidas de seguridad, cuando el fin es que a quien quiera mandar una carta, algo normal en personas mayores, se le obliga a hacer el trámite de entrar y hacer cola en ventanilla, mientras contempla –y puede que hasta compre– los productos de tienda en que se ha convertido cualquier oficina”.

Cualquiera puede comprobar cómo en las estafetas hay vitrinas mostrando más cosas que productos de uso postal, como sería lo propio. Por cada expositor con sobres para envíos, cajas prefranqueadas y demás efectos de paquetería, hay otros cuatro o cinco muestrarios ofreciendo paraguas, llaveros, bolígrafos, complementos para móviles, cuadernos, pañuelos estampados, abanicos, souvenires… Por no hablar de la prestación de servicios, en la propia oficina, de empresas de capital mixto o directamente privado, como Western Union o Correos Express. “Es la diferencia entre una empresa que ahora es un supermercado, no precisamente altruista, y que antes ofrecía otros servicios de beneficio público como la Caja Postal de Ahorros”, resume Rábago.

Cifras, fechas y consecuencias

Las cifras que aporta la Asamblea de Oviedo no son en absoluto halagüeñas. “La reducción de calidad en atención al público ha bajado en un 7% y en los últimos años se han perdido cerca de 14.000 puestos de trabajo”, explican. Aparte de eso, las últimas oposiciones para cubrir personal se convocaron en el año 2000, generalizándose la contratación de personal laboral para cubrir las necesidades del servicio. A estos se les aplican contratos leoninos como los de modalidad de fijos discontinuos. Y al personal funcionario, que al ser empleados públicos “somos un escollo para la privatización”, o se le prejubila, o bien “se le despide con incentivos, o se le reubica en otros cuerpos de la Administración”.

Y en esto, según la Asamblea de Carter@s de Oviedo, “el beneficio obtenido por Correos en 2014 y 2015 fue respectivamente de 48 y de 198 millones de euros”, lo cual “debería mejorar el servicio o al menos abaratar costes”. Y también está el espinoso tema de la precariedad y el acoso laboral, que resumen mostrando una foto sacada en prensa de Antonio Moreno, cartero de Valencia enfermo y con más de 35 años de antigüedad en la empresa, al que obligaron a repartir correo por la calle teniendo que usar muleta. “Tenemos casos cercanos parecidos, y no son excepciones. Así no se puede seguir, Correos va a morir en menos de cinco años y no vamos a ser cómplices de este desastre”, aseguran los portavoces de la Asamblea.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016