Denuncian estafas y corrupción en cursos de formación a desempleados

Omar, Flor, Laura y Alberto delante de la sede de EAGE, donde fueron profesores y monitores. Están entre los denunciantes. Foto / Imanol Rimada.

Andrés Illescas / Periodista.

Al menos diez personas denunciaron irregularidades e impagos en los cursos de formación para desempleados que impartió la Escuela de Alta Gestión Empresarial de Oviedo (EAGE), dirigida por Javier Sanz Gallego, un veterano militante del PP, que se presentó en el año 2015 como número seis de las listas del partido en las elecciones municipales en Illano. Entre las reclamaciones de los afectados consta una larga serie de impagos a docentes y trabajadores del centro, además de una acusación de estafa a alumnos de los cursos, que, según sus palabras, “presentaron serias irregularidades”.

Esta conducta se repitió al menos durante cuatro años, entre 2011 y 2015, según los denunciantes. A pesar de ello, y de las repetidas denuncias por vía judicial y administrativa, tanto la Fundación Tripartita (UGT, CCOO, SIG, CEO y CEPYME), como el Servicio estatal de empleo (SEPE) y la Consejería de Educación del Principado de Asturias, han seguido homologando y subvencionando los programas formativos de la escuela. Además, la empresa dirigida por Sanz Gallego se declaró insolvente en repetidas ocasiones entre 2014 y 2016, situación que no ha afectado a la entrada de dinero público en sus arcas, pero sí al cobro de los sueldos de los trabajadores de la compañía.

“Los llevé a juicio por no pagarme ninguna nómina, el tribunal resolvió a mi favor, pero en las cuentas solo tenían 700 euros, las subvenciones debían de haber ido a cuentas que estaban a nombres de terceros u otras empresas”, explica Guillermo Urbina, uno de los docentes que dice ser víctima de impagos reiterados. “La empresa ha vuelto a obtener fondos públicos y sigue dando los cursos después de las denuncias administrativas que presentamos en el SEPE, la Fundación Tripartita y el Principado. El dueño de la empresa, que está metido en temas políticos, debe de tener algún enganche en las instituciones”, afirma Omar Ramos, otro de los profesores estafados.

Firmar por los alumnos

Precisamente Guillermo Urbina fue el primero de los afectados de los que se tiene constancia. Su caso se remonta a 2011. “Estuve dando clase allí durante tres meses. No cobré nunca, y el curso era un desastre. Incluso nos obligaban a firmar por los alumnos que nunca iban”, manifiesta. “Solo nos dieron el pliego de condiciones del curso. Ni materiales, ni las prácticas para los alumnos, absolutamente nada”, añade. Ante la situación decidió acudir a los tribunales, que, aunque resolvieron a su favor, no pudieron conseguir que recibiera el dinero que debía haber cobrado. “Javier Sanz Gallego me dijo que no habían recibido la subvención. Luego me enteré por medio del INEM que las subvenciones las cobran por adelantado. No hay cuentas a nombre de la escuela, para nosotros es imposible rastrear dónde fue el dinero”, sentencia Urbina.

Los testimonios de varios profesores que impartieron cursos en la Escuela de Alta Gestión Empresarial indican que los impagos son una costumbre habitual en la empresa. “Nunca nos pagaron el sueldo”, proclaman Omar Ramos, José Miguel Rubio y el propio Urbina, además de otros ocho docentes que no quieren salir a la luz por tener pendiente la resolución de sus denuncias por vía judicial. Las alarmas entre estos trabajadores saltaron cuando “voces de otros profesores nos alertaron de que no estaban pagando”, señalan. “Incluso existe un grupo de Whatsapp en el que está casi una decena de profesores que no cobraron su nómina”, alerta Urbina.

Fotos del interior de las instalaciones de la EAGE.

Entre impagos e irregularidades, los alumnos también se vieron afectados por el desarrollo de los cursos que debía impartir la escuela. “Desde el primer día se veía algo raro, no se cumplían los horarios, no recibimos los materiales y no nos consiguieron las prácticas que estaban programadas según el plan de estudios”, dice Flor Fernández, alumna afectada. La situación se agravó con el tiempo, y, tras indagar, obtuvieron una serie de revelaciones que les dejaron perplejos. “Nos enteramos de que el profesor que estaba dándonos clase no tenía ninguna titulación, era un antiguo conductor de ambulancia”, narra Laura Rodríguez, alumna de un curso de ocio y tiempo libre para desempleados. “Las listas de asistencia estaban amañadas, solo íbamos cuatro a clase y el centro firmaba por ellos”, denuncia Fernández. “Las dos juntas acudimos al SEPE, al SEPEPA y a la Fundación Tripartita, y no recibimos ninguna solución”, añade Rodríguez. “Después de las denuncias que interpusimos, decidieron no darnos el título, pero aun así siguen recibiendo subvenciones del SEPE, la Tripartita y el Principado, y no hay ninguna supervisión de que se cumpla con los requisitos”, clama Fernández.

Entre 2011 y 2015 son múltiples las irregularidades denunciadas por profesores y alumnos. “Listas de asistencia amañadas, falta de materiales y prácticas, aparte de los impagos y las constantes excusas del gerente de la empresa”, según claman Flor Fernández, Laura Rodríguez, Omar Ramos, Guillermo Urbina y José Miguel Rubio. En el caso de este último incluso dice haber hecho todo para salvar el curso. “Quería que el esfuerzo de los alumnos no fuera en vano, así que traje portátiles, tablets, otros materiales y les conseguí las practicas que la escuela les había prometido y no les iba a dar”, dice Rubio. “Además de todas estas irregularidades que nunca fueron supervisadas, la empresa se declaró en concurso de acreedores en varias ocasiones. No se cómo es posible que sigan en funcionamiento y siendo subvencionados. Deben de tener un buen enchufe en las instituciones”, reflexiona Rubio.

¿La punta del iceberg?

El señalado por todos los afectados del caso es Javier Sanz Gallego, praviano y número seis del PP en el Ayuntamiento de Illano en el año 2015. Además de dirigir EAGE, es el gerente de una empresa de promoción inmobiliaria, Procovinor SL, con el mismo domicilio que la Escuela de Alta Gestión Empresarial, y de Trainning Multimedia SL, una compañía dedicada a la impresión de revistas. Durante varios años fue jefe de personal de un medio de comunicación asturiano. Sin embargo, Sanz no es el único al que apuntan los testigos. “La Fundación Tripartita, el SEPE y el Principado fueron quien homologaron, subvencionaron y debían supervisar los cursos, y sin embargo la situación sigue igual”, revela Omar Ramos. “Esto es solo la punta del iceberg, podría ser un caso como los ERE de Andalucía”, afirma José Miguel Rubio, que coincide con el resto de afectados en pensar que existe un trasfondo más amplio en el caso.

Javier Sanz no ha querido hablar con el autor de este reportaje, pese a repetidos intentos y recados para ello. Sin embargo, José Miguel Rubio habló con Alfonso Quirós, uno de los responsables del SEPE en Asturias. “Alfonso me dijo que no pueden hacer nada, que todos los años les llega una hoja desde el Principado que habilita al centro”, explica Rubio. Desde la Consejería de Educación pasan la responsabilidad al SEPE y afirman que los cursos homologados por ellos llevan ya dos años sin impartirse en ese centro.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 47, NOVIEMBRE DE 2016