
Manifestación en Oviedo contra el racismo y el acoso policial a los inmigrantes.
Foto / María Arce.
La Ruta contra’l Racismu y la Represión emitió ayer un comunicado en el que denuncia la participación española en la operación policial europea “Mos Maiorum”, que, bajo la excusa de conocer las rutas migratorias y recopilar información sobre “grupos de crimen organizado”, va a servir, aseguran, para “detener, interrogar y expulsar a miles de personas migrantes”.
La operación, que se desarrollará desde hoy mismo, lunes 13 de octubre, hasta el día 26, está liderada por el Gobierno italiano y es apoyada por la Agencia Europea FRONTEX. El comunicado de la asociación antirracista pretende mostrar su “repulsa” hacia la participación del Gobierno español en esta operación, cuya adhesión es voluntaria, y cuyos costes asumirá el Estado.
La Ruta contra’l Racismu y la Represión denuncia la “ilegitimidad” de estas persecuciones dentro de la Unión Europea (UE), que “estigmatizan a las personas migrantes, asociando inmigración a delito, y en las que se violan los derechos humanos”. Según ellos, este tipo de acciones “amparan la realización de identificaciones y detenciones en base a los rasgos o el color de la piel, y permiten someter a las personas migrantes a interrogatorios sin ninguna garantía jurídica, excusándose en la recogida de datos personales para perseguir a las personas migrantes que carezcan de documentación”.
En el caso de España, esto se traduce en que el Ministerio del Interior continúa emitiendo órdenes para que estas redadas racistas se sigan produciendo, pese a existir una circular emitida por la misma Dirección General de Policía en 2012 en la que se prohíben las redadas indiscriminadas y las identificaciones basadas en criterios étnicos. En este sentido, la asociación sospecha que esta macro redada se conforma “como un mecanismo más para llevar a cabo expulsiones de personas migrantes” y no como un dispositivo de persecución de las llamadas “mafias”.
La Ruta contra’l Racismu y la Represión hace un llamamiento a la denuncia social y a la desobediencia civil para impedir esta operación, que, “lejos de velar por el bienestar de las personas migrantes”, persiguiendo a los “grupos de crimen organizado” que sacan beneficio a costa de éstas, “es un eslabón más de esta cadena represiva que son las políticas de extranjería de la UE, en las que las trabas administrativas, la persecución (redadas, internamiento en los CIE, deportaciones) y la estigmatización no dan respuesta a la realidad de los flujos migratorios, que se producen por razones políticas, sociales, culturales y, en muchas ocasiones, debido a conflictos”.
No es la primera vez que España participa en una operación similar. “Aerodromos” (2014), “Perkunas” (2013), “Aphrodite” (2012), “Balder” (2012) o “Remeter” (2011) son los nombres de algunas de las operaciones conjuntas lanzadas por la Unión Europea. La última, “Aerodromos”, en la que también participó España y centrada en controles en los aeropuertos internacionales, fue impulsada durante la presidencia griega del Consejo Europeo en estrecha cooperación con Europol y FRONTEX y contó con la participación de 18 Estados miembros.
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