Vicente Álvarez Areces en la Junta General durante su último mandato presidencial. Foto / Mario Rojas.

El funcionario de la Consejería de Educación y ex director general de Política Forestal del Principado, Joaquín Arce, desveló hoy al juez Ángel Sorando que en el Caso Marea hay corrupción oculta, que no aparece en el sumario, relacionada con la adjudicación de obras en centros educativos.

Arce se presentó en febrero ante la Policía para ponerse a su disposición y trasladar toda la información que posee sobre el Caso Marea, cuyo origen sitúa durante el primer Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, a principios del siglo XXI. El sumario judicial aborda una trama de corrupción investigando delitos supuestamente cometidos años más tarde, a partir de los últimos años del siglo pasado. Y se centra en contratos de equipamiento de centros, no en obras.

En su testimonio de hoy, tras ser declarado hace meses testigo protegido -algo que nunca solicitó-, Arce evocó reuniones a puerta cerrada en la Consejería de Educación en las que María Jesús Otero, la mano derecha del entonces consejero José Luis Iglesias Riopedre, adjudicada contratos a dedo a las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín.

Joaquín Arce es fundador de Los Verdes, a los que representaba como director general de Política Forestal en el Gobierno de coalición entre el PSOE e IU-Bloque por Asturias-Los Verdes, de 2008 a 2011.

En su número 28, del pasado mes de septiembre, ATLÁNTICA XXII publicó una amplia entrevista con Joaquín Arce en la que ya adelantaba lo que declaró hoy ante el juez. La reproducimos a continuación.

Joaquín Arce sobre Areces: “Se lo dije, pero no quiso entrar en el tema”

Joaquín Arce, alto funcionario de la Consejería de Educación y ex director general del Principado. Foto / Vicente Díaz Peñas.

Las prácticas que ha sacado a la luz el Caso Marea en la Consejería de Educación se remontan al primer Gobierno de Vicente Álvarez Areces (1999-2003) y el propio presidente fue informado de ellas en 2002. Y las empresas implicadas no solo son Igrafo y Almacenes Pumarín. Lo revela detalladamente en esta entrevista Joaquín Arce, entonces jefe de servicio de Gestión Económica en la Consejería, donde sigue trabajando. Arce acudió voluntariamente a la Policía para facilitar información y el juez Sorando lo nombró testigo protegido, aunque finalmente no lo llamó a declarar.

Dani Ripa y Xuan Cándano.

Joaquín Arce (Oviedo, 1963) es economista y funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores desde 1987. Está entre los fundadores de Los Verdes en Asturias y con el primer gabinete monocolor socialista de Vicente Álvarez Areces se convirtió en el primer “verde” que accedía a un Gobierno en la Autonomía, aunque no lo hizo como militante. Lo fichó por su perfil profesional la consejera Elena Carantoña, que lo nombró director general de Presupuestos y Patrimonio. Solo duró un año, porque cesó por discrepancias con Carantoña en medio de un abierto enfrentamiento entre el Gobierno y el PSOE. Entonces se incorporó a la Consejería de Educación como jefe de servicio de Gestión Económica, donde estuvo desde el año 2000 al 2003, coincidiendo con la llegada de María Jesús Otero como jefa de servicio de Planificación de Centros e Infraestructuras. José Luis Iglesias Riopedre, siempre con Otero como su mano derecha, era entonces viceconsejero y el consejero era Javier Fernández Vallina. Entre 2008 y 2011, en el último Gobierno Areces, Joaquín Arce fue director general de Política Forestal, esta vez como representante de Los Verdes, coaligados con Izquierda Unida.

¿En el año 2000, coincidiendo con la llegada de las transferencias educativas, ya veía usted contrataciones sospechosas en la Consejería?

Vi signos externos, gente que quería monopolizar las relaciones con algunas empresas y algo que llama la atención entre los funcionarios: hay gente que no se quiere desligar de algunos trabajos. Había una cohorte de empresas alrededor de algunos funcionarios que daba muy mala sensación. En la frontera entre la Administración y empresas que manejan mucho dinero, en muchos casos hay corrupción. Había gente que cobraba poco en el Principado, pero luego tenía un nivel de vida que no se correspondía con ello y nunca querían cambiar de destino.

¿Está aludiendo a Igrafo y a Almacenes Pumarín?

Y a otras empresas.

¿Cuáles?

No creo que deba decir nombres. Pero hay otras que funcionaban como Igrafo o Pumarín. No tan importantes ni a ese nivel. Igrafo y Almacenes Pumarín son dos empresas de Asturias que crecieron mucho por su contacto directo con la Administración. Vendían más que El Corte Inglés u otras grandes empresas y siempre se relacionaban con la Administración a través de funcionarios concretos y gracias a un sistema perverso que es la homologación, que permitía tramitar grandes contratos con estas empresas o sus filiales como si fueran contratos menores, es decir, con una tramitación muy simple, sin concurrencia ni publicidad.

¿Informaba usted de ello a sus superiores, empezando por el consejero Javier Fernández Vallina?

Lo que pasaba lo veíamos todos. Con Vallina traté de sacar todas las contrataciones mayores a subasta, así se evitaba que la adjudicación dependiera de los informes de los técnicos. Gracias a eso se empezaron a presentar muchas empresas de fuera a las licitaciones, pero eso no se podía hacer con el equipamiento por la homologación. Cuando llegaron las transferencias se cambió la tramitación de los contratos y esto pasó a manos de María Jesús Otero, que lo centralizó todo.

¿No sospechaba usted de Otero?

Era una persona que todos pensábamos que era rica por su familia en México y en todos los demás aspectos era una excelente persona, muy generosa y trabajadora. Nadie podía creer que entrara en esa dinámica.

O sea, que las prácticas que delata ahora el Caso Marea ya vienen de entonces.

Visto lo que sabemos ahora, parece que sí.

Areces fue informado

¿Estaba informado el presidente Areces?

Creo que en septiembre de 2002, dos años después de recibir las transferencias y empezar a funcionar la Consejería, tuvimos una reunión en Presidencia del Principado con los empresarios del transporte escolar, que duró toda una noche. Entonces, en un receso de esa reunión en que quedé a solas con el Presidente, le dije que me parecía que en Educación había mucha corrupción. Él no quiso entrar en el tema, no quería que le contara los detalles que quería contarle y me pidió que le enviara un informe por escrito. También era lógico, él era un presidente y yo un jefe de servicio. Si se lo dije al Presidente era porque en aquella época tenía buen concepto de él, me parecía una persona inteligente y no pensaba que estuviera implicado… y lo sigo pensando.

Usted no le envió ese informe por escrito que le pedía…

No, porque no tenía pruebas como para nombrar a personas y hechos concretos en un informe oficial firmado.

¿Sigue pensando que no hay implicación de Areces en este asunto?

Por lo que se está sabiendo parece que no hay ninguna implicación. Aunque yo no puedo saber quiénes están implicados y quiénes no. Lo que se le puede achacar es que según pasaron los años fue poniendo a gente más servil y menos crítica y, mientras, desmantelaba los mecanismos de control de la Administración. Por ejemplo, no se quería que hubiera ningún informe negativo en los expedientes, ni en Hacienda ni en otros organismos. La gente lo sabía y no se atrevía a hacerlos.

“No recibía a empresas”

Este año acudió usted a declarar voluntariamente a la Policía sobre el Caso Marea.

Me pareció que el asunto estaba un poco atascado. Llamé a la Policía y les dije que yo había trabajado allí y que si necesitaban cualquier colaboración podía contarles lo que quisieran. Me llamaron para ir a Gijón, hablé con la Unidad de Asuntos Económicos, hicieron un informe y se lo enviaron al juez.

Y el juez Sorando le declaró testigo protegido…

Sí, parece ser, porque no tuve ninguna comunicación, pero me llamaron de la prensa y me dijeron eso.

¿Ha servido para algo la Comisión de Investigación del Caso Marea?

Habrá que ver. Tendría que existir una oficina para hacer denuncias anónimas que tuviera capacidad de investigación con técnicas policiales, con escuchas… También tiene que haber transparencia total, que todos los trámites estén en Internet: el principal control viene de las empresas competidoras, si un competidor ve que a otra empresa le han adjudicado una cosa que vale un euro por cien es probable que lo diga, pero si no hay transparencia… Por eso necesitan mecanismos para poder quejarse de manera confidencial. Cuando fui director general de Política Forestal empecé a publicar en la página web todos los contratos menores y las dietas. Pero en cuanto se enteró el presidente Areces mandó quitarlo, y lo retiró.

Cuando entró en el Gobierno de coalición entre el PSOE e IU-Bloque por Asturies-Los Verdes, como representante de éstos últimos, ¿no era para planteárselo conociendo lo que sabía del primer Gobierno Areces?

La corrupción es consustancial a la naturaleza humana, en todos los Gobiernos va a haber una parte corrupta, sean del signo que sean. Los Verdes entrábamos para hacer determinadas cosas y si nos encargaban la política forestal íbamos a hacer una que fuera verde y ecologista y lo demás no dependía de nosotros…

Y esas relaciones con las empresas y las adjudicaciones que conoció en Educación, ¿también se notaban en la Dirección General de Política Forestal?

Yo en Política Forestal tenía una regla: no recibía a las empresas. Los políticos no deben tratar ni recibir a las empresas, aunque en Asturias se reúnen. Quien tiene ánimo de lucro con la Administración lo que tiene que hacer es leer el BOPA y presentarse a las cosas que salen en el boletín. Un director general o un consejero deben hacer las políticas de su área, pero, ¿qué tienen que tratar con las empresas?

Joaquín Arce el pasado verano en la playa de Aguilar (Muros, Asturias) con la marea baja. Foto / Vicente Díaz Peñas.

“Crear Equo sin IU fue un error”

¿Qué es el ecologismo político?

Es el intento de trasladar a la política transversalmente las ideologías o contenidos verdes. Si se quiere construir una sociedad más ecológica hay que actuar sobre las normas y sobre la fiscalidad. Y para ello tienes que estar en un Gobierno, desde donde puedes dictar leyes. Por ejemplo, Los Verdes en 2009 instauramos una moratoria en la plantación de eucaliptos que no ha sido derogada ni por Foro ni por Javier Fernández. E instauramos un impuesto sobre actividades perjudiciales para el medio ambiente, que sigue en vigor. Desde fuera puedes incidir sobre los comportamientos individuales o puedes controlar al Gobierno por medio de denuncias. Nosotros denunciamos El Musel y el Palacio de Justicia ante la UE, la incineradora ante los tribunales que pararon el proyecto de licitación o el embalse de Caleao, que al final se sacó del Plan Hidrológico Nacional. El Palacio de Justicia, por ejemplo, es mi principal sospecha de corrupción de Areces. Quería adjudicar a dedo a Jovellanos XXI [la empresa de las familias Cosmen y Lago] su construcción por 200 millones de euros sin publicidad de concurrencia y eso era un delito. Y lo pasaron por la comisión de secretarios técnicos llamándolos de un día para otro. Les dijeron que tenían que aprobarlo y si alguien hacía una observación lo echaban. Y lo aprobaron. Luego, la UE lo tumbó.

La falta de presencia política de los verdes en España, ¿es por falta de cultura democrática o por las divisiones internas?

Izquierda Unida está llamada, como pasó con Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en Cataluña, a formar parte de ese partido verde fuerte. Tiene que tender a desprenderse de su componente comunista. En Asturias, Los Verdes y mucha gente de IU pensábamos en ese modelo, como decía Francisco Javier García Valledor: asturianista, ecologista y de izquierdas. Se empezaba con una coalición (IU, Bloque, Los Verdes) e incluso otros querían ir poco a poco hacia la integración o un único partido. Con la crisis económica eso quedó paralizado. IU se volvió más obrerista y economicista. Y en Los Verdes surgió el proyecto Equo, apoyado por el Partido Verde Europeo, que pretendía hacer un partido verde sin contar con Izquierda Unida. Y eso fue un error.

Y por eso no entró en Equo…

Sí. Los Verdes delegaron en Equo su actividad y mucha gente se afilió, y Equo fue alejándose de IU. Y los que quedamos en Los Verdes mantuvimos las siglas, pero de manera inactiva.

Equo nace por una dispersión del ecologismo, había muchas siglas ecologistas y no se sabía a quién votar…

Sí, nace con esa idea. Sin embargo, esa situación en Asturias la habíamos superado hacía muchos años. Estábamos en otro nivel. Solo había un partido verde y estábamos en coalición con IU y con el Bloque, dentro de un Gobierno y con influencia política, evolucionando hacia un gran partido. Solo hay 8 diputados para el Congreso y con este sistema electoral debería haber una colaboración electoral y de Gobierno entre nosotros.

IU llegó a apoyar la variante de Pajares…

Puede que sí, aunque no apoyan para nada el tramo de Lena a Gijón. Los Verdes siempre estuvimos en contra de la alta velocidad, y presentamos alegaciones al tramo Lena-Gijón, La construcción de la alta velocidad en España es el mayor disparate que hay en nuestro país.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 28, SEPTIEMBRE DE 2013.