Editorial: Cataluña, España y la reforma constitucional

La ‘cuestión nacional’ sigue siendo un problema sin resolver. Foto / Virginia Quiles.

El editorial del número 29 de ATLÁNTICA XXII (noviembre de 2013) acertó en todos sus análisis y pronósticos. Comenzaba así: “Si hay una cosa clara, en el enrevesado asunto de las relaciones entre Cataluña y España, es que la situación se está pudriendo. Y con tanta rapidez e intensidad que, realmente, nos encontramos hoy ante un futuro imprevisible”. Y seguía: “El modelo territorial consagrado en la Constitución de 1978 resultó una base muy frágil e insuficiente a la hora de resolver el encaje de Cataluña en España”. Añadía: “Llegados a este punto, el desencuentro se hizo irremediable. Y el fantasma de la ‘cuestión nacional’, un problema sin resolver y consustancial a la propia historia de España, ha vuelto a resucitar y con él los peligros para la convivencia ciudadana y el sistema democrático”.

Han pasado cuatro años y, como se han desoído imprudentemente todas las señales de alarma, ahora tenemos por delante una confrontación incontenible y de imprevisibles consecuencias: la ya tantas veces figurada colisión de dos trenes conducidos por unos insensatos e irresponsables. Los orígenes de esta pugna se vienen incubando en la historia más lejana (Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta). Pero es decisivo el momento de redactar el artículo segundo de la Constitución. Incluye los términos “nacionalidades y regiones”, para evitar la utilización, como correspondería, de la palabra “nación”, atribuida tanto a Cataluña como al País Vasco: dos casos tan especiales que hubiesen precisado un tratamiento singular. En el ambiente flotaba el miedo a los militares y la necesidad imperiosa de salir airosos de aquel trance decisivo. La posterior negociación con los sectores reformistas del franquismo aniquiló definitivamente aquellas expectativas, al ser sustituidas por el falsamente igualitario “café para todos”, que dejaba lo fundamental sin resolver.

Cuando el poder establecido intuye que en Cataluña puede ganar la izquierda (PSC y PSUC), Adolfo Suárez, para tratar de contrarrestarla, nombró a Josep Tarradellas presidente del Gobierno preautonómico de coalición, en 1977. Así, simbólicamente, los catalanes ponían el punto y final a la dictadura. Desde el poder central, con tal de anular a la entonces hegemónica izquierda, se potenció a Convergència y Unió: los representantes de la burguesía catalana, que reivindicaban exenciones en exclusiva, pero que no dudaban en utilizar los mecanismos represivos del Estado español cuando lo necesitaban. Por entonces, claro está, no se mostraban independentistas. Los mimaron, y así se hizo con la ley electoral; y, tanto Felipe González como José María Aznar, agasajaron a la familia Pujol hasta con el robo consentido. En suma, el monstruo tan crecido ahora fue amamantado por los Gobiernos tanto del PP como del PSOE, y CiU les correspondió fraternalmente cuando los necesitaron.

Pasaron más de 25 años y en el 2005 el Gobierno de izquierdas del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), liderado por el socialista Pasqual Maragall, propuso un Estatuto que redefiniera la relación del Gobierno de la Generalitat con el Estado. Incluía, entre otras cosas, el reconocimiento de Cataluña como una nación dentro de un Estado plurinacional. Por entonces, el líder del PP, Mariano Rajoy, acusaba al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en un artículo de dejarse “arrastrar” por “la voluntad de quienes no quieren saber nada de España”, y manifestaba su oposición a “un Estado plurinacional, plurisoberano, federal, o cualquier otra variedad de Estado menguante”. El Estatuto es aprobado por el Parlamento catalán en septiembre de 2005, solo con los votos contrarios del PP. En enero de 2006 se reúnen en secreto Mas, líder de CiU, y Zapatero, alcanzando el acuerdo de incluir el término “nación” en el preámbulo y no en el primer artículo como hacía el texto aprobado en el Parlamento catalán, y definen a Cataluña como “nacionalidad” en el articulado. Además, pactan la creación de una Agencia Tributaria propia y la cesión del 50% de los impuestos.

Es relevante que el PP inicie, en enero del 2006, una campaña de recogida de firmas para pedir que se celebre un referéndum sobre el Estatuto catalán en toda España. Y, un mes después, la Plataforma por el Derecho a Decidir convoca la primera manifestación con el objeto de impedir cualquier modificación del Estatuto: este es el punto de partida de un proceso de movilizaciones que no dejará de ir sumando adeptos desde entonces. A estas se unen consultas no vinculantes sobre la independencia, realizadas en centenares de municipios. Más tarde, el Estatuto es modificado y aprobado por las Cortes Españolas, en marzo de 2006, con los votos en contra del PP, EA y ERC, que no aceptaba el tijerazo respecto al aprobado en Cataluña. Fue refrendado por los ciudadanos de Cataluña en junio de 2006 (le dieron su apoyo el 73,24% de los votantes, con una abstención del 51,15%).

Cuando todo parecía estar ya resuelto por largo tiempo, el Tribunal Constitucional admite a trámite, en septiembre de 2006, un recurso de inconstitucionalidad del PP. Y en julio de 2010 notifica la sentencia en la que se afirma: “La Constitución no conoce otra que la Nación española”, aparte de efectuar una poda considerable en otros aspectos esenciales del Estatuto. Lo que provocó que el apoyo independentista en Cataluña creciese espectacularmente. En la Diada de 2012 se alcanzó el máximo de la movilización con la participación de unos 2 millones de personas e, inmediatamente, el ya presidente Artur Mas se ofreció a crear estructuras de Estado en Cataluña.

Estos son los antecedentes de un conflicto que divide a la ciudadanía y acabó estallando con la celebración de un referéndum ilegal y la intervención del Estado a través del artículo 155 de la Constitución.

Los efectos del 155 están por ver, pero algunas cuestiones parecen claras, si queremos encontrar soluciones democráticas a un problema que amenaza a la integridad del Estado y pone fin al consenso constitucional de 1978.

La reforma constitucional imprescindible tiene que ir más allá del federalismo, garantizando el derecho de los catalanes (y probablemente de los vascos) a decidir democráticamente su futuro. Hay otras reformas pendientes hace tiempo, entre ellas una nueva ley electoral, más justa y proporcional, y la despolitización de la Justicia, garantizando la independencia del CGPJ y los Tribunales Constitucional y Supremo. Un proceso que tendría que ser refrendado en las urnas por toda la ciudadanía española.

Y no parece que existan más fórmulas, salvo las que nos empujan enardecidas hacia el abismo.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 53, NOVIEMBRE DE 2017