EDITORIAL: Cataluña y España

Si hay una cosa clara en el enrevesado asunto de las relaciones entre Cataluña y España es que la situación se está pudriendo. Y con tanta rapidez e intensidad que, realmente, nos encontramos hoy ante un futuro imprevisible.

En este tinglado de la antigua farsa, que diría Jacinto Benavente, ocupan el primer plano dos personajes destacados. El protagonista indiscutible, para bien o para mal, según los gustos, es un muy amplio movimiento social que irrumpió en escena con enorme fuerza en la Diada de 2012 en torno a la unánime exigencia de soberanía para Cataluña. Es un movimiento plural y heterogéneo que engloba desde gente muy joven hasta viejos rockeros del antifranquismo y la transición, de variada extracción social, a la vez urbano y rural, en el que parecen tener una posición dirigente destacados sectores de las élites culturales, profesionales y políticas de Cataluña.

Frente a él, como principal antagonista, se alza el Gobierno de España parapetado tras la idea, irrefutable en sí misma, de que las leyes están para cumplirse y el sistema constitucional español no admite mayores pasos hacia la soberanía de Cataluña que los ya consagrados en el Estatut.

Las raíces de este conflicto son profundas, por más que resulte abusivo y de escasa consistencia histórica remitirse a acontecimientos tan lejanos como la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta. Más esclarecedor puede ser recordar críticamente el proceso de gestación del actual Estado de las Autonomías. En los momentos postreros del franquismo, cuando las emergentes fuerzas democráticas comenzaban a plantearse el diseño de una alternativa al régimen de la Dictadura, se evidenciaba en los diversos organismos de oposición democrática una idea ampliamente compartida: la de que, en un futuro diseño territorial del Estado español, Cataluña y el País Vasco constituían unos casos particulares que requerían un tratamiento singular. Sin embargo, la posterior negociación con los sectores reformistas del franquismo frustró esa expectativa (lo mismo que otras que en este momento no podemos tocar; ahí está todavía Billy el Niño para recordárnoslo), sustituyéndola por la famosa fórmula del “café para todos”.

Es posible, aunque discutible, que las condiciones concretas en que se dio la transición democrática no dieran para más. También habría que valorar que, con todo, el Estado de las Autonomías resultante dio lugar a una imprescindible descentralización, liberadora del asfixiante e ineficaz centralismo franquista. Pero, en todo caso, el modelo territorial consagrado en la Constitución de 1978 resultó una base muy frágil e insuficiente a la hora de resolver el encaje de Cataluña en España.

Los años ochenta pudieron y debieron haber sido la ocasión para abordar la necesaria segunda transición. Las condiciones eran propicias: la derrota, por fin, del franquismo tras el fracaso del 23-F; la mayoría absoluta del PSOE; una economía en recuperación a pesar de los numerosos desajustes y desequilibrios; un clima social abierto a los avances e innovaciones; un prestigio internacional de lo que dio en llamarse la “marca España”… Era el momento para una seria reforma constitucional que superara definitivamente las graves hipotecas que el aparato franquista y sus fuerzas coercitivas habían forzado en 1978. Pero ni el PSOE ni las demás fuerzas políticas y sindicales de izquierdas se plantearon esa tarea que probablemente les resultaba excesiva o innecesaria. Quizás se habían habituado excesivamente al espíritu pactista con la derecha; quizás estaban ya demasiado atentos a los cantos de sirena de los poderes financieros y especulativos, y no fueron capaces, como Ulises, de atarse al palo mayor para resistir su embrujo. Quizás Felipe González y Narcís Serra, más que en el futuro de España, tenían puesta la cabeza en su propio futuro como propietario de un latifundio de un millón de euros o como presidente de la golosa Caixa Catalunya, respectivamente.

La llegada de José María Aznar al poder marca un punto de inflexión. A partir de ahí se desencadenó un proceso imparable de agravios mutuos. En los años siguientes crece exponencialmente en Cataluña el sentimiento de que sus ciudadanos son tratados como españoles de segunda por el hecho mismo de ser catalanes, de que “Madrid” trata injustamente a los ciudadanos de Cataluña al ofrecerles unos servicios y unas inversiones que están muy por debajo de lo que corresponde a sus contribuciones fiscales, de que los catalanes ya no tienen nada que hacer con España ni en España.

Y, a la inversa, en el resto de España se desarrolla paralelamente un sentimiento de incomprensión hacia las exigencias de una Comunidad que, sobre todo cuando estalla la crisis económica, atraviesa una situación que parece envidiable para otras; cuando no una fobia anticatalana que, al fin y al cabo, formó parte históricamente de los sentimientos más profundos de la derecha española. El probablemente tardío e ingenuo intento de José Luis Rodríguez Zapatero, gobernando en minoría, de restañar las heridas mediante la reforma del Estatut estaba irremediablemente condenado al fracaso ante los ataques a tumba abierta de la derecha ultramontana.

Llegados a este punto, el desencuentro se hizo irremediable. Y el fantasma de la “cuestión nacional”, un problema sin resolver y consustancial a la propia historia de España, ha vuelto a resucitar y con él los peligros para la convivencia ciudadana y el sistema democrático.

Entre tanta sombra y tanta incertidumbre, algunas evidencias clarifican el debate. El modelo autonómico está en crisis y se hace necesaria y urgente su reforma.  El actual marco constitucional fracasó en su misión de integrar a los nacionalismos periféricos y garantizarles un encaje satisfactorio en un Estado común. Pero las dudas y los interrogantes también son inevitables. ¿Después de treinta y cinco años, no ha llegado el momento de abordar una reforma constitucional que mejore nuestra democracia y la convierta en casa común y confortable para las distintas sensibilidades nacionales e identitarias que convivimos desde hace tantos siglos?

Aunque el reto esencial es comprobar si podremos contar con unos políticos y una sociedad capaces de afrontar una nueva etapa con espíritu de diálogo, con respeto y con empatía.

Esperemos que sí. En caso contrario, las consecuencias serían probablemente dramáticas, tanto para España como para Cataluña.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 29, NOVIEMBRE DE 2013