EDITORIAL: Ofensiva judicial de UGT contra periodistas y medios

Entrada del concierto solidario con ATLÁNTICA XXII.

Con la dura sentencia en 2014 de un Juzgado de lo Social de Oviedo contra UGT-Asturias, que desmontaba la “caza de brujas” de este sindicato contra esta revista y su director, por unas informaciones publicadas meses antes, no se puso fin a la ofensiva judicial ugetista contra medios y periodistas.

Daños colaterales del “Caso Cándano” padecieron José Ramón Patterson y Gregorio Morán, ambos denunciados por UGT. Patterson, actual corresponsal de TVE en Bruselas, por un comentario en una red social en solidaridad con el director de ATLÁNTICA XXII, y Morán por un artículo en La Vanguardia después de asistir al juicio de Cándano. Las sentencias, ambas en juzgados de Oviedo, fueron diferentes.

Al periodista de la televisión pública lo absolvieron dos veces los tribunales, primero el juzgado y luego la Audiencia tras el recurso de UGT, entendiendo que sus expresiones (“miserables” y “comemierdas”, entre otras) no constituían delito alguno. En cambio, al periodista y articulista en el periódico catalán una jueza ovetense lo condenó en primera instancia, junto a La Vanguardia, al pago de 6.000 euros y a la publicación de la sentencia atendiendo la demanda por vulneración del derecho al honor de un abogado de UGT. La sentencia basaba la condena en las expresiones “echado en carnes” y “le pillaron borracho”, alusión esta última a un tremendo escándalo que había protagonizado el denunciante cuando era gerente de Bomberos de Asturias y por el que fue cesado y condenado judicialmente.

Con todo el respeto a la decisión de la jueza Coral Gutierrez Presa, la sentencia parece una seria amenaza a la libertad de expresión, teniendo en cuenta que el de Morán era un artículo de opinión en el que reflejaba, con su personal estilo periodístico y literario, sus impresiones sobre un hecho de interés público. Fomenta además la autocensura, porque nos hace medir extremadamente las palabras a los periodistas en nuestros artículos de opinión, aunque lo que contemos sea cierto, e incluso esté avalado por una condena judicial. Con sentencias así Larra y otros grandes periodistas y escritores satíricos apenas hubieran podido publicar nada. Afortunadamente la sentencia fue revocada tras los recursos de los condenados en la Audiencia Provincial, que absolvió a Morán incidiendo en la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre el del honor.

La ofensiva judicial ugetista contempla una segunda fase contra esta revista. En los últimos meses, tras la publicación el pasado mes de enero de nuevas revelaciones sobre el sindicato, varios dirigentes de UGT-Asturias pusieron en los Juzgados cuatro denuncias diferentes contra tres periodistas de ATLÁNTICA XXII (Xuan Cándano, Fernando Romero y Luis Feás), la empresa editora Letras Atlánticas y el exsindicalista Cándido González Carnero, este último por unas declaraciones. Solo se ha ratificado de momento una de ellas, la del secretario general de MCA-UGT, Eduardo Donaire, y su esposa, tras los obligados actos de conciliación. En esta denuncia la pareja solicita 30.000 euros.

Al margen de la aparente intención de amedrentamiento que tienen esas denuncias, llama la atención que se presenten por separado, lo que multiplica los gastos de defensa para Letras Atlánticas. Si la pretensión es también ahogar económicamente a un medio de comunicación independiente y crítico, la estrategia puede ser muy eficaz. La empresa editora ya ha comenzado a afrontar esos gastos y evitar que pongan en peligro la continuidad de la revista supuso la organización del concierto solidario que esta tarde se celebra en la Sala Tribeca de Oviedo.

Hay que tener en cuenta además que desde 2013 UGT-Asturias se niega a atender a ATLÁNTICA XXII como al resto de los medios, a corroborar nuestras informaciones o a usar el derecho de réplica o rectificación.

La fragilidad de esta revista no es solo económica, al no contar con un editor o empresario detrás, sino también profesional. Estamos muy solos ante el peligro, aunque únicamente UGT nos ha denunciado en casi siete años de existencia, porque las informaciones que aquí se publican no tienen seguimiento en otros medios de comunicación. El reportaje que dio origen a esas denuncias (“La UCO estrecha el cerco sobre UGT-Asturias”) es verídico, como demuestra el hecho de que la Fiscalía, tras casi un año de investigación, haya puesto una denuncia contra UGT-Asturias en un juzgado de guardia el pasado mes de diciembre por las informaciones reveladas por ATLÁNTICA XXII.

La lluvia de denuncias apunta directamente hacia la libertad de expresión y el periodismo libre. Todos los denunciados son profesionales veteranos, que también tienen en común su independencia y su espíritu crítico.

Pero ni esa soledad, ni las campañas de intimidación ni las ofensivas judiciales nos van hacer callar ni a evitar que sigamos la senda de la investigación periodística, la información veraz, el destape de la corrupción y el mal gobierno, y el espíritu crítico. Confiamos además en la justicia y en la sociedad civil, que deben ser siempre garantía de las libertades y de los valores democráticos que inspiran a esta revista.

PUBLICADO INICIALMENTE EN ATLÁNTICA XXII Nº 41, DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ACTUALIZADO HOY