Editorial: ¿Quién es provida?

El derecho de las mujeres a decidir si tener hijos e hijas o no está recogido en la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, vinculada a los Derechos Humanos, ya desde 1995. Las legislaciones de los países que regulan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de una forma segura, de hecho, se enmarcan en una perspectiva amplia que incluye el resto de derechos de la Carta, como el acceso a la información y a métodos anticonceptivos y técnicas reproductivas, a una educación sexual alejada de dogmas religiosos, al desarrollo de una maternidad deseada, a la libre elección de pareja (del mismo sexo o de otro), etc.  Además, se entiende, como es de sentido común, que el aborto debe ser siempre la última opción, y por eso se promueven una serie de programas educativos en relación a las relaciones afectivo-sexuales sanas, igualitarias, autónomas y conscientes, como una de las formas de prevenir embarazos no deseados y problemas de salud sexual o reproductiva. Es decir, a nadie favorable a la libre elección se le escapa que ninguna mujer está deseando abortar por encima de todas las cosas.

Así, cabría deducir que la lucha por el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos es una propuesta encaminada a que a todas ellas se les reconozca la autonomía plena para poder resolver las cuestiones que se les planteen, relacionadas con su sexualidad, o con la reproducción, o con sus vidas mismas, sin ser cuestionadas por ello; e incluso que no corran el peligro de ser estigmatizadas, penadas o, en el extremo, asesinadas por sus opciones vitales. Lo radicalmente inclusivo del planteamiento pro-decisión es que establece las condiciones de posibilidad para que cualquier mujer pueda ser considerada en mayoría de edad y sujeto autónomo. Pongamos un ejemplo para comprender este planteamiento: si una mujer desea tener una prole extensa, se deberían asegurar las condiciones en las que ella, y su descendencia, puedan vivir esa opción de maternidad y de vida, porque se entiende que se ha tomado desde la autonomía. Pongamos otro: si una mujer no desea ser madre en algún momento de su vida, deberán existir igualmente condiciones esenciales para que pueda interrumpir un embarazo no deseado. La posición pro-elección es la garante de que todas las mujeres puedan tener vidas decentes y elegidas por ellas mismas, incluso más allá del hecho de que sean madres o no. Ésta es la postura que encarnan los feminismos y los movimientos por el derecho a decidir.

Entonces, ¿por qué los movimientos anti-abortistas se hacen llamar “pro-vida”? Existen muchos mitos, argumentos pre-científicos -algunos casi escolásticos- y puntos de partida errados que han permitido que lleguemos a creer que estos colectivos se preocupan por la vida de las personas.

En primer lugar, la postura anti-elección no es el opuesto lógico de la postura pro-elección. Veamos: las posiciones anti-abortistas eliminan toda posibilidad de elección autónoma de las mujeres, en cuanto que solo admiten una opción: la maternidad, sea deseada o no. Si solo hay un camino que elegir, no hay elección posible. Podríamos afirmar que lo que imponen es una maternidad obligatoria, o forzada. La perspectiva pro-elección, sin embargo, persigue que se den las condiciones para que cualquier mujer pueda decidir si quiere ser madre o no, cuándo y en qué circunstancias. Porque se entiende que mujer no es sinónimo directo de madre, ni de útero. Las mujeres no se conciben como incubadoras, sino que son ciudadanas de pleno derecho.

En segundo lugar, resulta paradójica la etiqueta “provida”, si pensamos en las vidas de las personas a las que se están refiriendo. El debate promovido desde esta parte se centra exclusivamente en la protección de la vida de las mujeres en periodo de gestación y del embrión -aún sabiendo que el embrión no es una persona-. ¿Y qué ocurre con la garantía de las vidas de las mujeres que no están embarazadas, que no pueden quedarse embarazadas, que no quieren, o que ya han dado a luz? ¿Y las de de las niñas, niños, adolescentes, hombres y las personas mayores? Ahí, la  posición provida se repliega, e incluso, encarnada en algunos partidos como el PP en el Gobierno, promueve medidas que impiden que las personas tengamos vidas dignas. Pongamos de nuevo un ejemplo: el PP acaba de aprobar la contrarreforma de la Ley del Aborto, por la que cuestiona la posibilidad  de interrumpir de forma voluntaria el embarazo, hasta en el supuesto de malformaciones severas del feto. Al mismo tiempo, desmantela y destruye los servicios y prestaciones sociales públicas que, precisamente, aspiraban a mejorar las condiciones materiales de vida de la sociedad en su conjunto. Y, siguiendo con nuestro ejemplo, devastan los recursos públicos para las mujeres que cuidan de sus familiares en situación de dependencia.

En tercer lugar, las organizaciones que se hacen llamar provida están vinculadas a sectores conservadores ultracatólicos y a los partidos políticos de la derecha. En este sentido podemos corroborar de forma sencilla que las mujeres, para esta postura, son monedas de cambio en las transacciones políticas. Valga como paradigma el hecho de que UPyD de Asturias haya apoyado en el Junta General del Principado una propuesta antiabortista tramitada por una Iniciativa Legislativa Popular, que prescribe abiertamente la necesidad de destinar presupuesto público a los organismos de caridad vinculados al Opus Dei y otras corrientes ultra-católicas, en detrimento de los servicios públicos que, de facto, contemplan entre sus funciones la asistencia a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión. Lo que se está poniendo en juego es asegurar la continuidad de la financiación con fondos públicos de la Iglesia Católica y sus organizaciones. Y, de forma simultánea, ganar un puñado de votos de los sectores más fundamentalistas, descontentos por cuestiones como la subida del IVA y la doctrina Parot. De hecho, todos los partidos de la derecha están moviendo ficha -restringiendo y penalizando el aborto- para recolectar votos de esta minoría anti-abortista. Y las mujeres, como la falsa moneda, reducidas a úteros y desposeídas. Por no aludir a la contradicción de partidos que sustentan el actual modelo capitalista, con paro masivo y sueldos de miseria, que impide a las familias jóvenes tener hijos con garantías de futuro y sitúa a sociedades como la asturiana ante una verdadera catástrofe demográfica.

Más que provida, estas posiciones debieran llamarse “pro-alma”, o incluso “anti-vida”, si atendemos a sus principios fundamentales. Desde esta óptica, el PP, Foro Asturias, que calla en este tema, luego otorga, e incluso UPyD, deberían aceptar gustosamente esta nueva calificación, y dedicarse a velar en las iglesias por las almas que crean convenientes, dejando de poner límites a las vidas de las personas que lo único que deseamos son existencias que merezcan la pena ser vividas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 31, MARZO DE 2014