Editorial: SOS Asturias rural

En las últimas décadas Asturias asistió al final de un ciclo económico de desarrollo, en el que su economía ocupaba los primeros lugares del PIB, pasando a una fase de declive que la sitúo en los últimos puestos entre las Comunidades Autónomas. Las causas hay que buscarlas en la profunda y brutal reconversión impuesta por la Unión Europea para actividades básicas y tradicionales como la pesca, la ganadería, la minería, la metalurgia y la construcción naval.

Para amortiguar los efectos económicos y el impacto social de la pérdida de miles de puestos de trabajo, se destinó a Asturias, en forma de fondos mineros y de diferentes programas europeos, una gran lluvia de millones para la reindustrialización de las cuencas mineras y la modernización del campo.

Ahora, casi dos décadas después, el balance es desolador. Las millonarias ayudas, que debían destinarse a la reactivación económica, se desviaron, entre otros desatinos, para crear empresas fantasmas, construir puertos sin barcos, autovías sin coches, polígonos industriales sin industrias, piscinas sin agua, sendas abandonadas, museos cerrados, hospitales para la fauna sin animales… y otras ocurrencias por el estilo.

En este periodo de abundancia, en el que los ciudadanos estábamos “viviendo por encima de nuestras posibilidades” y la emigración de nuestros jóvenes era una “leyenda urbana”, el Principado y los Ayuntamientos, en estrecha colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural, también rehabilitaban casas rurales para familiares y allegados, compraban fincas y financiaban proyectos de lo más variopinto para “asentar población” y “promocionar el turismo”, como “principal motor económico de las comarcas rurales”.

Mientras tanto, cada año 15.000 asturianos dejaban el campo y los concejos rurales para establecerse en poblaciones urbanas del centro, hasta llegar en la actualidad a 672 pueblos abandonados y 538 con menos de tres vecinos.

Esta sangría demográfica, el envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y la  amenaza de que la situación pudiera llegar a agudizarse en los próximos años, es lo que llevó a diferentes expertos y entidades a dar la alarma y presentar propuestas para frenar o mitigar el proceso de despoblación que viene padeciendo Asturias en su zona rural, que es la mayor parte de su territorio y la esencia de su personalidad histórica y cultural.

De nada sirvió: los sucesivos Gobiernos asturianos siguieron con su política fácil y complaciente, abriendo más sendas y más museos, y dando la espalda a los que más pueden aportar a que el campo tenga futuro.

Es cierto que el campo siempre sufrió el abandono. Todos lo hemos abandonado en algún momento. Lo preocupante es que ahora el éxodo no se debe a la industrialización o la aparición de nuevos servicios y oportunidades de empleo: se debe a que sigue siendo duro, poco rentable y los jóvenes no ven futuro en él.

Ante esta situación cabe preguntarse si tiene futuro el campo asturiano. ¿Merece la pena dedicarle más esfuerzos y dinero?

Está claro que con las actuales estructuras de propiedad, las explotaciones agrarias y ganaderas cada vez lo tienen más difícil para sobrevivir, ya que la mayoría son pequeñas y se mantienen porque cuentan con otros ingresos adicionales, que van desapareciendo con la despoblación.

Pero el campo asturiano debería tener futuro y frenar su agonía, por múltiples motivos: de él dependen muchos puestos de trabajo, nos proporciona una gran parte de nuestras necesidades básicas, ayuda a la preservación del paisaje y el medioambiente y en él están nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra identidad como pueblo.

Por eso merece la pena dedicarle todos los esfuerzos y el dinero que sean necesarios, siempre que éste sea empleado de una forma sensata y coherente, con una serie de medidas. Muchas de ellas no son ninguna novedad y llevan muchos años siendo propuestas sin éxito por socialistas asturianos que tuvieron responsabilidades de gobierno, como Jesús Arango, Jaime Izquierdo e Ignacio Quintana. Entre otras se pueden apuntar éstas:

– Una verdadera concienciación y decisión política para que, con consenso social y en equilibrio con los objetivos de sostenibilidad y conservación, se diseñe y desarrolle un plan integral agroforestal a medio y largo plazo, que dé solución a los problemas y a las necesidades reales de la actividad forestal y agroganadera; y no seguir en cambio aplicando políticas conservacionistas bajo las premisas de un ecologismo de oficina, de doble moral y subvencionado.

– Cambiar las estructuras de propiedad y aumentar la dimensión de las explotaciones, con una planificación de la gestión y los usos, basándose en criterios técnicos y científicos contrastados.

– Impulsar la creación de cooperativas y agrupaciones de productores, que sepan gestionar lo que el campo produce: alimentos, energía renovable, biodiversidad, etc. Y poner en marcha canales cortos de comercialización.

– Fomentar el mantenimiento del vínculo entre la ciudad y el campo, que por suerte nunca se perdió, y crear un ambiente atractivo para que los jóvenes, especialmente las mujeres, se impliquen en el medio rural, garantizándoles los mismos servicios y oportunidades que al resto de los ciudadanos.

– Acabar con la política de las subvenciones, destinando en cada Presupuesto partidas económicas específicas para el mantenimiento y conservación del monte, caminos, sendas, pistas y otras infraestructuras.

– Resulta justo e imprescindible establecer una política fiscal de discriminación positiva hacia las empresas y residentes en las zonas rurales, en materia de Seguridad Social y exención de impuestos. También en servicios públicos básicos, especialmente la educación.

Pero, por desgracia, la realidad es bien distinta. Este verano, la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, presentaba el borrador de lo que se pretende que sea el Plan de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020.

Se trata de un documento meramente descriptivo de la situación, sin entrar en cuestiones importantes, y pasando de puntillas sobre aquellas que pudieran ser más conflictivas.

Si en los anteriores planes de desarrollo rural la solución a los problemas del campo estaba en el turismo, los museos y las sendas, en el actual Proyecto lo está en fomentar la investigación, la formación, las nuevas tecnologías y el I+D+i.

Si a esto unimos que para el periodo 2014-2020 Asturias percibirá de los fondos europeos un 25 % menos que en los anteriores, y que la reforma de la nueva Política Agraria Comunitaria prevé la desaparición de las cuotas lácteas a partir de 2015, el panorama no se presenta nada esperanzador.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 34, SEPTIEMBRE DE 2014