El Caso Marea y la financiación de los partidos

José Luis Iglesias Riopedre entrando en la Audiencia de Oviedo rodeado por sus abogados. Foto / Pablo Lorenzana.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Cuando estalló el Caso Marea, a principios de 2011, el entonces delegado del Gobierno en Asturias y ahora diputado socialista en el Congreso, Antonio Trevín, reunió a algunos directores de medios asturianos para intentar frenar el golpe que para el PSOE suponía este caso de corrupción. Esa debe de ser la causa que explica que aún haya medios, más de cinco años después, que lo llaman “Caso Renedo”. Desde el primer momento la estrategia socialista consistía en desviar las responsabilidades a la alta funcionaria por la que se destapó al escándalo, para eludir las políticas que llevaron a la cárcel al entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y a la que era su mano derecha, la directora general María Jesús Otero.

Mucho se habló entonces del traslado del caso de un juzgado de Gijón, donde la jueza Ana López Pandiella había iniciado la investigación y encarcelado a políticos y empresarios, a otro de Oviedo en el quedó en manos del juez Ángel Sorando. Tan justificada podía estar la decisión desde el punto de vista jurídico como la sospecha de que no interesaba que López Pandiella siguiera con un asunto que destapaba una enorme corrupción transversal, típica de un lugar como Asturias donde apenas hubo cambio de Gobierno en más de treinta años. Salpica especialmente al PSOE, un partido hegemónico en Asturias, pero también al PP, a través del Ayuntamiento de Oviedo, a empresarios, funcionarios, Ayuntamientos y a la Universidad.

Haya sido natural o forzado, el traslado del Caso Marea a Oviedo fue una bendición para el PSOE, y también para el PP, porque la instrucción de Sorando, tan sobrepasado que acabó dejando el juzgado y emigrando a Cataluña, fue tan mala que ahora es obvio que en el banquillo de los acusados ni están todos los que son ni son todos los que están. Hay quien rinde cuentas en la Audiencia Provincial por poco más que recibir cestas de Navidad, mientras responsables políticos de aquel saqueo a los colegios públicos asturianos, que algunos calculan que suma 10 millones de euros, contemplan desde sus casas la marcha del juicio.

Y por supuesto una vía que parecía tantear López Pandiella, la de la financiación ilegal de los partidos políticos, la gran bicha de la corrupción en España, se cerró con la instrucción de Sorando. En las escuchas telefónicas, que para las defensas son una esperanza de nulidad en el Tribunal Supremo, esa vía de investigación resulta llamativa, con numerosas conversaciones y alusiones a políticos y altos cargos del PSOE, incluyendo a su tesorero. Se hicieron públicas en el número 15 de ATLÁNTICA XXII, en julio de 2011, un número que llevaba el siguiente titular en la portada: “La Marea llega a la financiación de los partidos”. En el artículo también se detallaba la relación entre el fundador de una de las empresas de la trama, Igrafo, ya desaparecida, con el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ahora delegado del Gobierno.

El Gobierno asturiano negoció un acuerdo con los acusados antes del juicio, como es costumbre en todos estos procesos, y la abogada que defiende sus intereses es implacable con Marta Renedo, mientras interrogó con guante de seda a Iglesias Riopedre, que sigue manteniendo la vieja amistad que le une con Vicente Álvarez Areces, entonces presidente del Principado y ahora senador.

No les debería sorprender a los socialistas que, ante la falta de acuerdo, los acusados tiren de la manta, como hizo en su declaración Marta Renedo, que acusó al exdirector general Alberto Pérez Cueto de proponerle operaciones ilegales para financiar al PSOE en una campaña electoral. El electoralismo, tanto para inaugurar obras precipitadamente como para desviar fondos, flota sobre el Caso Marea y apunta al arecismo, que sufre parecidas acusaciones en el Caso Niemeyer, también en los tribunales.

Menos aún le debería sorprender al presidente asturiano Javier Fernández la utilización política del Caso Marea, disimulada en el caso del PP y contumaz con Podemos, que está personado en el juicio a través de una asociación. Mercedes Fernández, la presidenta del PP, no puede levantar mucho la voz por los numerosos casos de corrupción en su partido, en especial el Pokémon, donde tuvo que declarar como testigo ante la jueza Pilar Lara en Lugo. Lo que sí hizo Mercedes Fernández fue poner en marcha el ventilador mediático con una llamada a Mariano Rajoy, que tuvo cierta eficacia. Hasta hace bien poco el Caso Marea no pasaba el Pajares, pero ahora los medios nacionales afines al PP se hacen eco del juicio.

Las alusiones de Podemos a la “presunta” financiación ilegal del PSOE que contó Renedo a preguntas de su abogado provocaron la ira de Javier Fernández, que amenazó en la Junta General al secretario general del partido morado con ponerle una denuncia judicial.

Hoy comienzan las declaraciones de los testigos, que se prolongarán toda la semana, entre ellas las de las exconsejeras Ana Rosa Migota y Encarnación Rodríguez Cañas, y varios exdirectores generales, como Pérez Cueto, al que se le podrá escuchar esta mañana replicando a Marta Renedo. Una auténtica semana de pasión para los socialistas asturianos en plena precampaña electoral.