El dilema del PSOE

Javier Fernández y Pedro Sánchez en un mitin del PSOE. Foto / Pablo Lorenzana.

Ovidio Rozada

Resulta paradójico que el elemento fundamental de desencuentro con Podemos esgrimido por los barones del PSOE sea el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos de España, cuando hasta hace no mucho el PSC reivindicaba una consulta para Cataluña. Susana Díaz y Javier Fernández se abonan ahora al argumento del PP de que la soberanía nacional no se puede trocear y que la autodeterminación sería ilegal y contraria a la igualdad entre los españoles. Curiosamente, no hubo problema en que esa soberanía quedase suspendida cuando el PP y el PSOE pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución sin convocar referéndum ni abrir debate público, siguiendo los dictámenes de la Comisión Europea y del poder financiero. Esa reforma, al anteponer el pago de la deuda a la cobertura de los derechos sociales, prácticamente anuló todo el Título I de la Constitución, revelando que nuestra soberanía está rendida al poder económico y a estructuras ajenas a efectivos controles democráticos como la Comisión Europea, el FMI o el Banco Central Europeo.

Rajoy se viste ahora de estadista, bajo los mantras de la inviolabilidad selectiva de la Constitución frente a secesionistas y populistas y, bajo las demandas del Ibex 35, llama al PSOE y a Ciudadanos a una gran coalición. Se trataría de preservar una estabilidad que se cifra en seguir aplicando las recetas económicas de la Troika, que suponen la liquidación de las conquistas sociales y laborales de las clases trabajadoras, una enorme transferencia de renta hacia los grandes capitales y el pago de la mastodóntica deuda pública generada por los rescates al sistema bancario.

La cuestión catalana, enraizada en el hecho diferencial de esa Comunidad, se plasma en un sentimiento nacional cuyo ninguneo por parte del PP ha llevado a las tensiones territoriales actuales. Ello ha servido para encubrir dónde está el verdadero eje de poder que pone en solfa la soberanía democrática: el proceso de construcción europeo, que se ha convertido en un proyecto neoliberal articulado en torno a los intereses de las multinacionales y del capital financiero alemán, que socava los cimientos del Estado del Bienestar y los derechos de las mayorías sociales y que ha reducido a los países de la Europa del Sur a un régimen prácticamente colonial, que pasa por la reducción de los costes de producción mediante la devaluación social.

Tanto la derecha catalana capitaneada por Mas, como el bloque de defensores del Régimen del 78, como las élites empresariales de nuestro país, son partícipes de ese modelo europeo y de las políticas subsecuentes. El reconocimiento del derecho a decidir y la dimensión plurinacional de España son lo único que podría desencallar la situación territorial, construyendo un proyecto de convivencia inclusivo y plural. Pero es igual de esencial no perder de vista que la instrumentalización del tema territorial obtura el debate acerca de la naturaleza antidemocrática de la UE.

Desde que Zapatero claudicó ante las demandas del poder económico, la soberanía del pueblo español viene siendo obscenamente sacrificada en el altar de los índices bursátiles. El desafío trasciende pues sí se puede formar un Gobierno PSOE-Podemos-IU, que debería contar con el apoyo de ERC y PNV. La cuestión es la posibilidad de armar una respuesta ciudadana amplia,  que busque tomar el poder para desarrollar políticas en favor de la mayoría de la población, frente a los intereses de las oligarquías. Una respuesta que habrá de darse a nivel transnacional, explotando las propias líneas de fractura de la UE. Ése es el escenario ante el que el PSOE, superado ya por Podemos en buena parte de España, tiene que posicionarse.