El escándalo de las dietas en la Junta General obliga a modificar su cobro

Francisco Álvarez-Cascos entrega un documento al presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, durante un pleno. A la derecha de la Mesa de la Junta se encuentra Alberto Arce, letrado mayor           Foto de Mario Rojas

El escándalo y el estupor provocados tras desvelar ATLÁNTICA XXII en
su último número, aparecido el 1 de marzo, el fraudulento sistema de
cobro de dietas por kilometraje en la Junta General del Principado o
parlamento asturiano, ha provocado una verdadera tormenta política en
la autonomía y obligará a cambiar sustancialmente estos y otros cobros
de sus señorías.

Tras las denuncias y fuego cruzado entre los partidos políticos, sobre
todo entre PSOE y PP, los diputados han hecho públicos sus cobros por
kilometraje a través de la página web de la Junta General del
Principado. Los datos reflejan que el diputado que más dinero percibe
por las dietas de kilometraje es Alfonso Román López (PP), que cobra
1.286 euros mensuales por desplazarse desde Tapia de Casariego, aunque
su vivienda habitual está en Oviedo desde hace hace más de 30 años,
como desveló esta revista. El PSOE solicita que López devuelva a la
Junta General una cantidad que oscilaría entre los 96.600 y los 56.400
euros por cobros indebidos por kilometraje en las últimas
legislaturas.

El PP reaccionó el defensa de su diputado, denunció por filtración de
datos personales al presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, e
incluso pidió su dimisión. A propuesta de los populares, el letrado
mayor, Alberto Arce, elaboró un informe en el que rechaza la
existencia de filtraciones. En el informe se citan las investigaciones
y las informaciones de ATLÁNTICA XXII.

Los 45 diputados de la Junta General cobran una cantidad fija por
desplazamiento desde sus domicilios a la Junta General del Principado,
con sede en Oviedo, incluso si viven en la capital asturiana. El cobro
es de 0.1864011 euros por kilómetro. Esa cantidad se multiplica por 30
días al mes, aunque no todos los días hay actividad parlamentaria. Los
diputados que viven en Oviedo cobran como si se desplazasen 5
kilómetros, 27,9 euros mensuales. En total, los 45 facturan casi un
millón de kilómetros al año, lo que supone 171.000 euros en pagos de
la Junta General.

A este asombroso privilegio por cobrar una dieta solo por ir a
trabajar, se suma en la Junta General del Principado otro en concepto
de manutención. Se trata de 932 euros mensuales, exentos de tributar
IRPF. En vista del escándalo y la polémica desatada al airearse estos
dos privilegios de la clase política asturiana, sus señorías se
plantean su supresión. El PP ya lo pide abiertamente. Los cambios
consistirían en cobrar el kilometraje como todos los empleados
públicos, jsutificando cada desplazamiento, y en pasar a tributar por
las dietas de manutención.

«El Caso del kilometraje» de la Junta General evidencia el cambio en
la percepción entre la opinión pública de estas prebendas de los
políticos, que hasta ahora se consentían y son absolutamente legales,
aunque ello se deba a que fueron aprobadas precisamente por ellos
mismos en el parlamento. Lo ocurrido en Asturias supone un nuevo
desprestigio para todos los partidos y la clase política, pero afecta
al PP más que a ninguno de sus competidores, porque cuestiona su
estrategia política. Los populares, con su presidenta Mercedes
Fernández a la cabeza, basan su actividad en esta legislatura en una
batería de medidas en favor de la supresión de cargos y organismos
públicos, como la Procuraduría o el Consejo Consultivo. También
proponen reducir el número de diputados. En la aprobación de todas
esas medidas se encuentran con el veto del PSOE y de los dos partidos
que garantizan su gobierno en Asturias: Izquierda Unida y UPyD.