El oscuro saqueo del dinero de la Junta General

Ojos colgados por manifestantes del 15-M frente a la Junta General, en protesta por su opacidad. Foto / María Arce.

Fernando Romero y Xuan Cándano / Periodistas. Los partidos políticos someten a un verdadero saqueo a la Junta General del Principado todos los años. Tienen todos sus gastos generosamente pagados, los de sus diputados, los del personal que contratan y hasta el último céntimo que se les va en adquirir suministros, material o un simple folio. Pero además el Parlamento pone a su disposición, para que hagan con esa partida lo que quieran, una asignación anual millonaria.

Son las llamadas “Asignaciones a Grupos Parlamentarios”,  cantidades fijadas en el capítulo 4 -Transferencias corrientes- del presupuesto de la Junta General de Principado, de la que los grupos disponen genérica y teóricamente para organización, funcionamiento, actividad parlamentaria y comunicación. Este año supusieron 2.793.000 euros que se reparten entre los cinco grupos parlamentarios, en relación a su representación.

Cada día los partidos políticos asturianos con representación parlamentaria ingresan de la Junta General unos 7.757 euros, lo que hace un total mensual de 242.770 euros y suma esos casi 2.800.000 euros.  Foro Asturias recibe al mes 57.745 euros, con 12 diputados, el PSOE, con 17 diputados, 70.245 euros, el PP, con 10, 52.745, IU con 5 diputados 40.245 y UPyD, con un diputado, 11.748 euros mensuales.

En los últimos veinte años el presupuesto destinado por la Junta a los grupos políticos se multiplicó por seis, a mucha distancia de la evolución del presupuesto general de la Cámara, que se triplicó. Lo mismo ocurrió con el personal eventual (el que mayoritariamente contratan los grupos políticos), que pasó de un empleado en la primera legislatura a 47 en la actual.

Con este dinero del Parlamento los partidos se financian sin pudor alguno, algo absolutamente legal. Lo regula La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos, que contempla en su último apartado, el e, “las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales”.

Los cinco partidos parlamentarios asturianos reconocen que destinan este dinero a su financiación interna, sin dar más explicaciones. El PSOE no especifica el porcentaje y UPyD asegura que al partido va la mitad del dinero. Del resto se supone que es la totalidad.

Archivada la denuncia contra el PP

Un dinero que sale pues del Parlamento, o sea del contribuyente, y acaba pagando campañas electorales, personal y todos esos gastos de los partidos, tan cuestionados. Y también hace un viaje de ida y vuelta a la Junta General, al menos en el caso del PP, en el que esta revista comprobó que sirve para abonar sobresueldos a los máximos responsables del partido en el Parlamento, e incluso a otras personas, ya desde la época del ex presidente Ovidio Sánchez, que con esas prácticas cobraba un suplemento de 6.000 euros al mes, sueldo aparte. Estos métodos de reparto, que parecen un verdadero botín, continúan con su sucesora Mercedes Fernández, “Cherines”. Los sobresueldos del PP fueron denunciados a la Fiscalía por el sindicato Manos Limpias, pero la fiscal Esther Fernández archivó el caso tras abrir diligencias previas (véase ATLÁNTICA XXII números 29 y 30).

Metamorfosis del dinero

Pero, por muy legal que sea, esta financiación de los partidos por vía parlamentaria es una inmoralidad según los juristas y expertos consultados por esta revista. Además la legalidad se la otorgan sus propios beneficiarios: son los partidos los que acordaron y aprobaron tan discutible sistema. La zorra cuida a las gallinas, vamos. Hay quien cree incluso que se trata de “corrupción institucional”.

Una sesión del Parlamento asturiano. Foto / Mario Rojas.

Un jurista de gran prestigio y buen conocedor de la vida parlamentaria en toda España, donde se da la misma situación que en Asturias, considera que la asignación de esas partidas económicas a los grupos parlamentarios “es el nudo gordiano” de la cuestionada financiación de los partidos. “Es ahí donde se produce una metamorfosis fraudulenta de la naturaleza del dinero recibido”, asegura este profesional, que opina que se trata de un tránsito inmoral de lo público a lo privado. Y considera especialmente hiriente que esto se consienta “con la situación de crisis por la que estamos atravesando y la proliferación de casos de corrupción que nos sorprenden cada día y que están reabriendo un debate sobre la clase política a la que los ciudadanos consideran uno de sus principales problemas”.

Fraude y perversión

Para Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y uno de los miembros de la Comisión del Congreso que estudia medidas contra la corrupción, las polémicas asignaciones tienen un objetivo “fraudulento y perverso”.

Ni Presno ni ningún experto consultado por esta revista quiere dejar sin fondos públicos a los grupos parlamentarios, pero lo que nadie parece admitir, excepto los políticos, es el descontrol y los excesos actuales. “Está justificado que reciban dinero para su organización y funcionamiento, otra cosa es si el importe es el adecuado o excede de sus necesidades”, dice Presno.

Será que en el fondo aquí “late un claro problema de corrupción política”, como sostiene el constitucionalista asturiano, pero lo cierto es que este tema escuece en los partidos y en la Junta General, hasta el punto de que ni un solo partido quiere dar explicaciones sobre el destino de las asignaciones que recibe del Parlamento autonómico.

Para la elaboración de este reportaje, ATLÁNTICA XXII envió un escrito a todos los grupos políticos solicitando información sobre el destino que dan a esas asignaciones. También se solicitaron entrevistas con los portavoces de cada partido. No hubo ni una sola respuesta, a pesar de la posterior insistencia telefónica de nuestros redactores. El grupo más receptivo a facilitar la información fue UPyD, aunque finalmente su portavoz, Ignacio Prendes, no dio la cara, ni nadie de su formación. La única declaración fue “arrancada” en plena calle al vicesecretario  de Comunicación de Foro Asturias, Juan Vega, quien dijo que había  una campaña mediática para desprestigiar a la clase política haciendo peligrar a la democracia y que, en cualquier caso, sus cuentas (las de Foro) estaban controladas por el Tribunal de Cuentas.

ATLÁNTICA XXII también quiso aclarar el asunto con el letrado mayor y con el interventor general, que no facilitan información ni conceden entrevistas. El máximo responsable del Parlamento, su presidente Pedro Sanjurjo, también permanece mudo. En su departamento de Comunicación tampoco fueron muy explícitos, aunque su responsable señala que “desde hace tres años hay un interventor muy riguroso y ahora ya no es como antes, hay mucho más control en las asignaciones”.

Al cierre de esta edición estaba a punto de presentarse la liquidación de los presupuestos de 2013, en uno de cuyos anexos figura el uso de estas asignaciones. El Reglamento de la Junta dispone que “los Grupos Parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de las subvenciones recibidas con cargo al Presupuesto del Parlamento, que pondrán a disposición de la Mesa anualmente antes de que ésta rinda ante el Pleno el informe sobre el cumplimiento del Presupuesto a que se refiere el artículo 37.1.b”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014