El Principado nombró directora general a una imputada en el Caso Marea

Rosa Urdiales el mes pasado en la Junta General. Foto / Mario Rojas.

Xuan Cándano / Periodista.

El Gobierno asturiano que preside Javier Fernández nombró directora general en la Consejería de Sanidad a una de las personas imputadas en el Caso Marea, concretamente en una pieza separada que los abogados personados en el asunto denominan “La Mareína”.

Se trata de Rosa Urdiales Garmón, directora general de la Agencia de Calidad Ambiental y Consumo. Antes de su nombramiento el pasado verano por el nuevo consejero de Sanidad Francisco del Busto, Urdiales ya trabajaba en la Agencia como jefa del Servicio de Coordinación de las Unidades Territoriales. Fue precisamente en ese destino cuando se produjeron los hechos que provocaron su imputación.

El pasado 17 de septiembre, en la comisión de la Junta General del Principado ante la que compareció Francisco del Busto junto a su equipo, en el que figuraba la propia Rosa Urdiales, el consejero negó taxativamente la imputación judicial de su directora general. Fue contestando a una pregunta del diputado de Podemos Andrés Ron, que mostró la sorpresa de su grupo por el nombramiento. La contestación de Del Busto fue textualmente:

-Que yo sepa no hay ninguna imputación de ningún tipo sobre doña Rosa Urdiales Garmón. Ninguna.

Basta repasar la documentación judicial para comprobar que el consejero faltó a la verdad en sede judicial. El auto de imputación de Rosa Urdiales lo firmó el juez Ángel Sorando el 13 de junio de 2013 en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo por un supuesto delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”. Ese delito, tipificado en el artículo 439 del Código Penal, se refiere a “la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones”.

Contempla “pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años”.

Venta de coches en Sanidad

La pieza separada del Caso Marea en la que está imputada Urdiales investiga supuestas irregularidades con relevancia penal en la contratación de varios departamentos de la Administración del Principado con el grupo empresarial La Productora y por otros hechos también punibles.

En concreto la acusación que pesa sobre la directora general es ofrecer a muy bajo precio y sin concurso público a ciertos funcionarios de la Agencia de Calidad Ambiental y Consumo unos 40 coches que ese departamento tenía en renting (arrendamiento a largo plazo que puede incluir opción de compra).

Tras su imputación Urdiales fue citada a declarar en el juzgado el 8 de octubre de 2013, pero se acogió a su derecho a no hacerlo “hasta en tanto en cuanto tenga conocimiento más detallado de los hechos que se le imputan”, según se recoge en el acta judicial.

Tras dejar Sorando el juzgado ovetense y por tanto el Caso Marea, yendo destinado a Cataluña, le sustituyó en la instrucción de “La Mareína” la jueza Simonet Quelle Coto, que no levantó por el momento la imputación de Urdiales pese a las peticiones de su abogado Ricardo Álvarez-Buylla.  El pasado 5 de junio la Fiscalía solicitó a la jueza que las empresas a las que la Consejería de Sanidad contrató el arrendamiento de los coches “informen sobre el destino final de los mismos”, según una diligencia a la que tuvo acceso esta revista.

La vista del juicio Caso Marea, en el que los principales implicados son el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, aún no tiene fecha a la espera de los recursos ante el Tribunal Supremo de las defensas, que quieren un juicio con jurado popular.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 41, NOVIEMBRE DE 2015