El TTIP y la socialdemocracia europea

Pintada en Bruselas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Foto / Francois Lenoir/Reuters.

Eva Fernández Fernández / Vicepresidenta de la Sociedad Cultural Gijonesa y miembro de la Plataforma «Asturies No a los Tratados de Libre Comercio».

Cualquiera que haya estado presente este verano en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo habrá recibido la curiosa impresión de que el acuerdo de libre comercio que ahora se negocia entre el Gobierno estadounidense y la Comisión Europea, el ya conocido TTIP, no es sino un reglamento de control de las prácticas corporativas. ¿Sorprendente?

Las personas que integramos la plataforma “Asturies, No a los Tratados de Libre Comercio” esperábamos esta conferencia de la eurodiputada del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Era la oportunidad de que nos informara, a la vista de la última votación en la Cámara europea, en la que conservadores y socialdemócratas aprobaron una resolución del alemán Bern Lange, con la sola disidencia de alguno de éstos últimos entre los que no se encontraba ningún miembro del PSOE. Ésta vendría a definir los criterios que debería observar el texto final.

La señora Rodríguez-Piñeiro vino acompañada del también eurodiputado y asturiano Jonás Fernández, que lidió con el turno de preguntas ya que ella tenía que coger un avión… media hora después. Ese escaso lapso de tiempo fue suficiente para vender las bondades del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), que, según ella, convertirá al bloque occidental en la mayor potencia económica para hacer frente a China y nos ayudará a salir de la crisis mediante una política de crecimiento. No contenta con esas ambiciones –cuando Europa, no lo olvidemos, se haya en medio de una crisis económica, pero también política– se trata, nos contaba, de “regular la globalización”. Han leído bien. El tratado serviría para someter el comercio bilateral, en su mayor parte realizado a través de empresas transnacionales, a unas normas en beneficio de los ciudadanos.

A continuación nos explicó los criterios “irrenunciables” que establece la resolución (aprobada en condiciones discutibles, ya que según los parlamentarios opositores y como confirma Equo, el presidente del Parlamento, Martin Schultz, bloqueó las enmiendas que ellos habían presentado). En ella se pide una mayor transparencia, que pasaría por la traducción de la documentación a todas las lenguas oficiales de la UE y el acceso público a los documentos consolidados (1). Incide en la competencia de los países miembros sobre los servicios públicos –lo que impediría la privatización en su territorio en el caso de que un estado se opusiera– y niega la cooperación reguladora (2) en sectores en que las partes no tengan posiciones comunes (no sabemos cuál será la compensación si Europa se empeña en mantener su legislación en materias clave como salud o medioambiente, o si EEUU defiende su poco más ambiciosa regulación financiera). En cuanto a los famosos tribunales de arbitraje privado entre Estado e inversor, que ejercen su labor en virtud de la cláusula ISDS (Investor-State Dispute Settlement), la eurodiputada afirmó que la resolución aboga por suprimirlos y sustituirlos por otro sistema, no aclara cuál.

Otros aspectos llamaron nuestra atención, como la defensa de los derechos laborales, definidos como elementos fundamentales, afirmando incluso que Estados Unidos debería comprometerse a firmar todos los tratados de la Organización Internacional del Trabajo que hasta el momento no ha suscrito (3). Aludió también a la reducción de los aranceles y la burocracia aduanera como objetivos prioritarios. Y, por último, no olvidó mencionar los puestos de trabajo que se crearán y lo mucho que podrán exportar nuestras PYMES. Como referencia local, dijo del Musel que se convertirá en uno de los puertos de referencia (eso sin contar con la competencia de Bilbao, Santander o A Coruña y olvidando los sobrecostes acerca de los que su partido tiene mucho que explicar).

Antes de intentar analizar el discurso de Rodríguez-Piñeiro, habría que recordar que el grupo socialdemócrata europeo lleva dando tumbos desde hace meses y a ello no son ajenos los representantes del PSOE. Aunque desean el tratado, se oponen aparentemente a una parte relevante de sus mecanismos técnicos. Y esto es lo que no alcanzamos a comprender, lo cual alguno de los miembros de nuestra plataforma y del público en general tuvo a bien explicar a Jonás Fernández, en ausencia de la conferenciante, que ya había tomado las de Villadiego. El eurodiputado sorteó muy bien el turno de preguntas uniéndolas todas y contestando a lo que le pareció.

Por centrarnos en cuatro aspectos concretos:

–Cuando se habla de crear un bloque para competir con China cabría preguntar a los expertos en estrategia internacional si unirse tan estrechamente a la iniciativa americana, que intenta aislar al gigante asiático a través de otro acuerdo similar con países del Pacífico, es lo más beneficioso para Europa. No podemos olvidar quién es el dueño de gran parte de la deuda de los países occidentales, ni tampoco que las negociaciones de estos tratados van más allá de la cuestión económica y que forman parte de una reorganización para hacer frente al avance de los países emergentes. Como resultado final, el enfrentamiento de todos contra todos.

–Respecto a los servicios públicos, es discutible que no suponga de facto su privatización puesto que esa es la tendencia general en los países europeos y es un objetivo de la Comisión Europea desde hace años. Ya en los años noventa, Pascal Lamy, comisario de Comercio, propugnaba la eliminación de barreras –regulatorias– en los servicios europeos para acceder a otros mercados. Además, la UE negocia actualmente otro tratado multilateral sobre servicios (TISA) que tiene como objetivo prioritario la desregulación de ese mercado.

–Podría parecer que la resolución aprobada en el Parlamento Europeo intenta abolir el arbitraje privado en las desavenencias entre estado e inversor extranjero, sin embargo no está nada claro. Y es que en ella se reclama de forma laxa un cambio en el sistema de arbitraje, lo que en el fondo da suficiente libertad a los negociadores para actuar como les venga en gana. Por otro lado, el ISDS se haya presente en todos los acuerdos de esta naturaleza, además de existir como herramienta habitual de resolución de conflictos desde los años sesenta en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Lo que hacen estos tratados es darle aún mayor legitimidad.

–La pretensión de que EEUU firme los convenios de la Organización Internacional del Trabajo puede haber sido saludada por los sindicatos americanos como algo positivo pero no deja de ser una simple declaración de intenciones. Además, los mismos partidos que en Europa se arrogan la defensa de los trabajadores aprueban leyes en sus Estados que los desprotegen y dejan a merced de un mercado laboral en el que no tienen ninguna capacidad de negociación.

–Más del 85%de las reuniones en el marco de la negociación del acuerdo se están llevando a cabo con lobbies que representan a las grandes corporaciones, farmacéuticas, financieras, químicas o agroalimentarias. Los agentes sociales como sindicatos, ONG’s, asociaciones de consumidores, etc., apenas son consultados.

En fin, motivos hay para creer que se nos está tomando el pelo o que el nivel de ingenuidad de nuestros diputados socialdemócratas está llegando a niveles peligrosos. La afirmación de que el TTIP es una herramienta para regularizar la globalización parece excesiva. Pero, aunque así fuera, no servirá para regularla a favor de los ciudadanos cuando sus intereses no son los que dirigen las negociaciones. Por otro lado, como uno de los presentes se encargó de recordar, el comercio internacional ya está sometido a leyes, como las reglas arancelarias, por poner un ejemplo.

En referencia a la importancia de la protección de los intereses del inversor extranjero, que es el gran objetivo del acuerdo, nadie en su sano juicio puede pensar que las inversiones foráneas corren un peligro real, cuando se permite que dichos inversores se salten la legislación. Eso lo sabemos bien los asturianos de la zona central, que sufrimos los niveles de contaminación industrial más altos de Europa, sin que nuestras Administraciones muevan un dedo o puedan, lo que es aún más grave, poner límite a las empresas responsables, muchas de ellas pertenecientes a corporaciones extranjeras. Por otro lado, es bien sabido que algunas no cumplen la legislación laboral y que no permiten la sindicación de los trabajadores. Si a ello añadimos que algunas no acatan las sentencias judiciales… no se comprende que se vea este acuerdo como un avance, más bien es la legalización de lo existente.

Resumiendo, llegamos una y otra vez a la misma conclusión: los tratados de libre comercio van dirigidos a facilitar un control aún más férreo de las grandes empresas, no solo del comercio sino también de otros muchos aspectos de nuestra vida. Quizá logren engañarnos y convencernos de lo contrario algún día, pero no será gracias a declaraciones del Europarlamento, que no son vinculantes para las negociaciones y que más bien son una forma de hacernos tragar algo que muchos vemos como la pérdida de soberanía definitiva de los pueblos europeos.

(1) Aquellos que ya han sido dados por buenos por ambas partes. Hasta el momento los parlamentarios sólo tienen acceso a las propuestas europeas, en las precarias condiciones que ya han sido denunciadas por diversos grupos políticos.

(2) Este concepto es uno de los más espinosos, ya que hace referencia a la colaboración entre las partes con el fin de revisar la normativa debatida en los distintos parlamentos estatales o regionales, para impedir que su articulado contravenga los objetivos del tratado. No es necesario aludir a su repercusión sobre la práctica legislativa y el ejercicio de la democracia.

(3) De los 8 convenios fundamentales, EEUU solo ha firmado 2, frente a la mayor parte de los países desarrollados. EEUU no suscribe aquellos acuerdos internacionales que supongan una injerencia en su política interna, igual si se trata de materias vinculadas al medioambiente, la infancia o al trabajo.