No se trata de demonizarlas, porque la aportación de las multinacionales al desarrollo económico y al empleo es indudable, pero también lo es que con ellas y la globalización se está imponiendo un nuevo sistema laboral que acaba con muchas de las conquistas históricas de la clase obrera. En los reportajes publicados en el número 47, de noviembre de 2016, analizamos laboralmente a dos del centenar ubicadas en Asturias, que presentan grandes similitudes y algunas diferencias. Punta de lanza del neoliberalismo económico, las multinacionales optan cada vez más por los “contratos individuales”, con condiciones personalizadas y fuera de convenio que obligan a cada uno a defender lo suyo. Ya no hay masa trabajadora. Han triunfado con el divide y vencerás. Reproducimos el primero de ellos a continuación.

ENCE, clima laboral insoportable

ENCE, la papelera ubicada en la ría de Navia.

Patricia del Gallo / Periodista.

Es la técnica de las mini-compañías, dividir y departamentalizar, una idea importada de Japón para que las grandes empresas aumenten su productividad. Sobre el papel su mentor, el experto en gestión, Kiyoshi Suzaki, considerado el actual gurú de la competitividad, lo define como crear el marco adecuado para que todo trabajador pueda actuar como presidente y dirigir su propia mini-compañía. Ahí radica, según Suzaki, la diferencia entre un buen trabajo y el mero cumplimiento de una tarea: así distingue entre “quien se limita a seguir las instrucciones y ganarse la vida y quien defiende lo que considera mejor para el objetivo de la empresa”. El problema es que muchas de estas compañías han entendido el mensaje a medias. Han dividido y departamentalizado sus estructuras y dado responsabilidad a sus empleados, sí, pero en la mayoría de los casos demasiada, acompañada de más carga de trabajo, de más horas, de más presión y por el mismo sueldo. Y además, cuando ya lo han dado todo, les despiden.

Para el japonés experto en liderazgo y gestión, que se dedica a dar charlas y conferencias por todo el mundo alabando los valores de su sistema, el principal error que hoy en día cometen las empresas es «despilfarrar» el talento del empleado; no contar con su opinión en la toma de decisiones; ordenar y no comunicar para qué se hacen las cosas. “Porque solo cuando un empleado tiene capacidad de tomar decisiones, dirigir y arriesgar se siente más implicado en la empresa y en la evolución de la misma”.

La teoría suena bien. En la práctica cada vez más multinacionales están paulatinamente modificando su estructura (porque la ley les impide hacerlo de golpe y con toda la plantilla) y creando centros de trabajo independientes, donde la mayoría de los trabajadores tienen contratos diferentes o incluso individuales, que quedan fuera de cualquier convenio colectivo. Se acaba de ese modo con la principal fuerza que hasta ahora ha tenido la clase trabajadora, la unión. Así, con el «divide y vencerás» permiten «mantener la olla express en ebullición», dicen los principales sindicatos sobre esta técnica que se está implantando cada vez en más empresas españolas, entre ellas ENCE. Es el primer propietario de bosques de eucalipto de Europa con tres plantas productoras de pasta de celulosa, en Navia, Huelva y Pontevedra, que usa para generar energía eléctrica a partir de su combustión y también vende a fabricantes de papel. Solo en Asturias cuenta con 350 trabajadores directos. En 2015 obtuvo 49,9 millones de euros de beneficios.

La planta de ENCE en Navia está dividida en CEASA (unos 320 trabajadores) y en ENCE Energía y Celulosa (27). Mientras que la primera aglutina a la mayor parte de la plantilla y tiene un convenio fuerte, en la segunda sus trabajadores tienen contratos individuales y, por tanto, distintas condiciones. Así se contrata por ejemplo, cuentan desde el comité de empresa, a los ingenieros. «Muchos de ellos ganan menos que cualquiera de sus subordinados» dice Javier Rodríguez, presidente del Comité. Y ese tipo de contrato cada día va a más, hasta el punto de que ya cerca del 20% de la plantilla en España los tiene. Ante él, los sindicatos reconocen que están totalmente «desprotegidos legalmente» contra el empresario. Sus condiciones son mucho peores a las del resto. Salario más bajo, no tienen productividad, les imponen la movilidad geográfica y así “si protestan les amenazan o directamente se les coloca en otro punto de España”, reconoce este representante sindical de CCOO. Este tipo de contrato se creó hace años para los directivos. Era una forma de contratación personalizada para puestos muy concretos. «Hoy se ha pervertido totalmente el modelo», asegura, y lamenta que «ante esta situación los sindicatos tenemos las manos atadas”.

«Presionan al trabajador para que dé el máximo y cuando lo hace le piden más y si no lo da, le despiden. Esa es la única política que hay», cuenta. «Saben que tienen que pagar la indemnización correspondiente, pero no les importa».

¿Despidos preventivos?

Desde el pasado mes de junio se ha despedido a dos trabajadores en Huelva, a dos en Pontevedra, dos más de oficinas en esa planta y uno en Asturias. La fórmula siempre es la misma, son despidos procedentes alegando falta grave por bajo rendimiento voluntario, un texto común a todos los casos. Luego se hace referencia a algún asunto más concreto de su puesto como que «ha perjudicado el trabajo de sus compañeros» en tal o cual departamento. Junto a esa carta de despido, y es lo sorprendente, dice el presidente del Comité, ya envían la carta de reclamación fijando la cantidad que le corresponde como indemnización que aplican como si se tratara de un despido improcedente, 33 días por año trabajado. Como el trabajador suele demandar, la empresa espera al acto de conciliación en el UMAC y allí llega a un acuerdo y paga para evitar el juicio.

Los once despedidos hasta ahora tenían uno de esos contratos individuales. Y el problema es que estos trabajadores luego son sustituidos por becarios que ganan aún menos. Apenas 500 euros al mes que, además, pone la Universidad de Oviedo a través de un convenio de colaboración. «Es el colmo». Y lo peor de todo es que esa situación ha sido denunciada en varias ocasiones ante el inspector de trabajo de la zona, que en sus inspecciones, lejos de encontrar alguna irregularidad, «asegura que todo es legal y que si los sindicatos creemos que no es así, nos piden que acudamos nosotros a los tribunales», cuenta Javier Rodríguez.

Y ahí, en manos de los jueces, están varios asuntos, aunque la mayoría son por despidos improcedentes o acoso sindical.

Manifestación el pasado verano en Navia por el espionaje de la empresa a un sindicalista sancionado.

En la actualidad hay en la planta de Navia varias bajas por depresión, solicitudes de excedencia y sobre todo peticiones de reducción de jornada. Esta última es la salida que, aseguran los sindicatos, les queda a muchos trabajadores. «Es la única posibilidad de que la empresa te fije un horario”, que no puede exceder de seis horas, por lo que “evitas que te mande a reuniones a Galicia que duren hasta la medianoche, sin que te paguen o te compensen esas horas”. Además esa reducción blinda, por ley, al trabajador del despido. Eso sí, la petición de reducción de jornada tienen que hacerla siempre por burofax y “sin previo aviso a la empresa, para evitar que sospechen de tus intenciones y antes te despidan», asegura Marcos López, miembro del Comité. Es lo que le ocurrió a uno de los trabajadores hace unas semanas. La empresa se enteró de su deseo y le despidió horas antes de que llegara su solicitud. Él cree que su error fue comunicar a determinados jefes su intención. Le salió caro.

El pasado mes de septiembre la fábrica de Navia celebró una jornada de puertas abiertas para los trabajadores y sus familias por primera vez en muchos años. Vicente, uno de los empleados de la planta, trabajó duramente para organizar el acto y que todo saliera bien. Y así fue. Cuando el lunes volvió al trabajo, su jefe le felicitó y le entregó la carta de despido. «Nadie entendimos el por qué», nos dice Marcos López.

Un canal de denuncias

Mientras esto sucede ENCE disparó en un 54% la retribución de su alta dirección en el primer semestre de este año, hasta la cifra récord de 2,285 millones de euros. La práctica del gurú japonés es pues muy distinta de la teoría.

En opinión de Suzaki, “los directivos deben comunicarse con su personal, saber cómo piensan y sienten, de qué hablan cuando toman un café. En definitiva, ponerse en su pellejo. Los colaboradores deben poder expresar sus opiniones». En ENCE se creó hace tiempo el canal de denuncias. Un canal interno en el que el trabajador puede poner en conocimiento del departamento de personal cualquier situación de acoso, irregular o ilegal que vea o del que sea víctima. Y ese es, para el presidente del Comité, el fallo. «Es exponerse a que todos tus jefes conozcan la situación y poder ser víctima de represiones».

«Me llamaron hasta mongólico», recuerda ‘Alejandro’, otro de los despedidos. Él sufrió amenazas, «una constante», dice, de que se quedaría sin empleo si protestaba. Asegura que no lo hizo y, aún así, fue despedido hace unos meses. Prefiere no dar su nombre real porque en Navia «todos nos conocemos» y porque está buscando trabajo en el sector. «No quiero cerrarme puertas».

En Pontevedra a Alejandro le acababan de hacer indefinido y se fue de fiesta con su familia. Lo celebró antes de firmar el contrato. Sorprendentemente le llegó horas después que el despido a su casa vía burofax. Tampoco nadie lo entendió. Desde el Comité creen que esa política de despidos no responde a una situación de recortes, ni de echar a quien no trabaje. Cualquiera puede ser víctima. De hecho, dicen, se despidió «a gente muy capaz y responsable», lo que hace que muchos callen.

Desde ENCE aseguran que las encuestas de clima laboral que la empresa realiza periódicamente demuestran que todas estas afirmaciones «son falsas». «ENCE, siguiendo las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, dispone desde hace años de un canal de denuncias y de un protocolo del acoso laboral, a través del cual cualquier empleado de la compañía puede plantear cualquier tipo de trato inadecuado, discriminación y, en definitiva, todo tipo de práctica que atente contra la responsabilidad y la ética empresarial», dicen desde la compañía. Además aseguran que estas afirmaciones públicas de los sindicatos no se han traducido en denuncia alguna.

Espías en la fábrica

Marcos López, su abogada y algunos compañeros durante su juicio en Avilés, que ganó. Foto / Sergio López.

Marcos López es desde el 19 de mayo el único representante sindical con contrato individual de la planta asturiana de ENCE y de todos sus centros en España. El pasado 13 de octubre se veía las caras con sus jefes en los juzgados de Avilés y la sentencia, pocos días después, le resultó favorable. La empresa contrató a un detective privado para que le espiara. Le abrieron un expediente, por falta de puntualidad, no asistencia al trabajo y pérdida de confianza. 30 días de suspensión de empleo y sueldo que cumplió este verano. Él asegura que lo que sufre es represión sindical, que cree que va a continuar y que se le ha seguido incluso fuera del horario de trabajo.

Su caso, que no es único, ya que cada vez más empresas recurren a este tipo de servicios para espiar a sus trabajadores, ha sentado un precedente que los principales sindicatos dicen que no se debe permitir. El día 6 de mayo comenzó el seguimiento de Marcos. Lo sabe ahora que ha logrado todos los datos del expediente abierto para poder defenderse. Aquel día ni se percató del coche que le siguió a todas partes tomando fotografías de cada uno de sus movimientos, incluidos la entrada a un supermercado, a una oficina de correos o sacar a su perro diez minutos. Llegaron incluso a colocarle un GPS en el coche de empresa, algo que reconocen desde la asociación Profesional de Detectives Privados de España, APDPE «es completamente legal». Sin embargo debe ser comunicada al trabajador. Y, además, la medida tiene que ser siempre “proporcional»: el jefe directo de Marcos no tenía constancia de su seguimiento, tal como confirmó en el juicio, celebrado el pasado mes de octubre, y jamás, en 15 años, ninguno de sus superiores le mostraron queja alguna sobre su trabajo. El profesional contratado para vigilarle aseguró que le instaló un GPS porque él no tenía un todoterreno y el seguimiento de Marcos le era muy complicado, teniendo en cuenta que andaba por caminos forestales y montes.

La empresa ha querido demostrar con ese informe que durante su jornada laboral Marcos hacía «actividades particulares» no propias de su trabajo. Éste en cambio sostiene que su puesto le hace tener total disponibilidad tanto de horarios (jamás tuvo que fichar), como de lugares donde mantener reuniones, por lo que esas actividades se realizan en períodos de descanso.

La sentencia le ha dado la razón, califica de injustificada la sanción y reconoce que se vulneraron los derechos fundamentales al honor, la intimidad y libertad sindical y de expresión del trabajador. A Marcos le duele sobremanera que el resultado de ese trabajo detectivesco se haya enviado por parte de la empresa, con todos sus datos personales y sus fotografías, a cada uno de los miembros de los distintos Comités de Empresa de ENCE en todo el país. Y eso, dice, «es vulnerar muchos derechos». Por ello se reserva una demanda penal por injurias y calumnias contra la empresa. Además ha presentado una denuncia administrativa por vulneración de la protección de datos.

La empresa sostiene que el seguimiento de este trabajador comenzó antes de que anunciase su voluntad de presentarse a las elecciones sindicales y que los medios empleados han sido «plenamente respetuosos con la legalidad vigente y se han ceñido exclusivamente a la jornada laboral del trabajador», con la finalidad de preservar en todo momento su intimidad. Asegura que, de los 19 días observados, 16 días «se le han imputado incumplimientos graves, de los que 4 días son de ausencia total al trabajo».

Los Comités de Empresa de ENCE de todo el país decidieron parar durante tres días el pasado mes de agosto por el expediente a Marcos. En la planta de Huelva no se pudo. El Ministerio de Industria les dijo que, al tratarse de una empresa de naturaleza energética, no se podía interrumpir el suministro, así que obligó al 100% de la plantilla de la planta de procesamiento a trabajar. Siete trabajadores de los 75 de la empresa en Huelva pudieron optar por ir a la huelga. Según los sindicatos de la papelera eso motivó “que hubiera más gente en servicios mínimos que en la plantilla habitual”. El recurso está en los Juzgados por «vulneración de un derecho fundamental».

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 47, NOVIEMBRE DE 2016