Entra Trevín y sale Supermán

Antonio Trevín y Macario Fernández, durante la visita del todavía diputado socialista a la fábrica de ASLA de Villallana (Lena) en 2016.

Luis Feás Costilla / Periodista.

¿Qué necesidad tiene un maestro de escuela próximo a la jubilación, que en su carrera política llegó a lo más alto que podía soñar (alcalde de Llanes, presidente del Principado, delegado del Gobierno, diputado nacional), de ser contratado por una multinacional que nada tiene que ver con su profesión y cuya expansión se debe a las más que generosas ayudas públicas recibidas? Es lo que todo el mundo se pregunta con respecto al socialista Antonio Trevín Lombán, recién dimitido de su puesto en el Congreso por supuestas discrepancias con la nueva dirección de su partido y fichado a continuación por una empresa que cotiza en bolsa, Asturiana de Laminados (ASLA), a la que se calcula que le han sido otorgados más de 19 millones de euros en subvenciones. Todo un caso de “puertas giratorias”, según denuncian la mayoría de sus oponentes políticos.

Cuando Trevín dimitió, el pasado 8 de agosto, lo hizo sin ocultar su disconformidad con la actual Ejecutiva de su partido: «La nueva dirección del PSOE ha modificado la estrategia parlamentaria y debo confesar que no lo comparto y que, por tanto, lo más honesto, a mi juicio, es dar un paso atrás», afirmó. Al mismo tiempo advertía, a preguntas de los periodistas: «En el partido está despareciendo la fraternidad y cada vez tiene más espacio la confrontación. Hay que recuperar el clima de fraternidad que existía». Durante el proceso de primarias, el entonces diputado socialista se había mostrado públicamente partidario de la candidatura de Susana Díaz y había pedido al entonces ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que abandonase la «radicalidad de algunas de sus manifestaciones», en referencia a su postura contra la abstención favorable a Rajoy, porque, decía, provocaba «división» en el partido y favorecía a Podemos.

El 12 de agosto se reafirmaba en esta crítica en una entrevista publicada a toda página en La Nueva España, en la que opinaba que «el PSOE tiene que evitar que se le contagie el virus de Podemos; hay síntomas que pretenden florecer en algunos ámbitos del partido y hay que erradicarlos». Al mismo tiempo aseguraba que votaría a José María Pérez a la secretaría general de la Federación Socialista Asturiana, porque sería el único que podría traer a la FSA el cambio que «actualice su proyecto político, social y económico». Eso lo decía obviando que el candidato “oficialista” a la secretaría general en Asturias ya había sido duramente cuestionado, cuando optó a la Alcaldía de Gijón, por su vinculación con la ampliación ruinosa de El Musel y recientemente tuvo que comparecer en la Junta General del Principado por haber desoído las denuncias de las supuestas irregularidades cometidas por la empresa GITPA en el tendido de la red de banda ancha en Asturias (véase ATLÁNTICA XXII número 48, enero de 2017).

En el momento de dimitir, Trevín se mostró dispuesto a iniciar «una nueva etapa personal y profesional», sin atreverse a reconocer que ya no se reincorporaría a su puesto de maestro en el Colegio de La Ería de Oviedo. Porque el 13 de agosto se supo que había sido fichado como adjunto a la dirección de Asturiana de Laminados (ASLA), una compañía ubicada en Pola de Lena, dedicada a la fabricación de bobinas de zinc, en pleno proceso de expansión y que ha iniciado la ampliación de sus instalaciones en el polígono de Villallana, cuya solicitud de licencia rechaza el PSOE de Lena, desde la oposición, al considerarla ilegal. Trevín aseguró que se trata de «un reto apasionante para quien lleva 41 años cotizando como funcionario». Según explicó el exdiputado socialista, cuando decidió que iba a dimitir en el Congreso comentó con un grupo de amigos que iba a empezar a articular su reincorporación a Educación, al ser profesor de Primaria. «Fue entonces cuando surgió la oportunidad. Un amigo empresario me comentó que quizás me podría hacer una propuesta laboral. Me gustó y la acepté».

Un caso evidente de “puerta giratoria”, agravada por el hecho de que la empresa en cuestión recibiera ayudas y subvenciones de Gobiernos del PSOE, en opinión de Podemos. El diputado de esta formación política Enrique López habló de «tráfico de influencias» y de «conexión entre intereses políticos y empresariales». Señaló que su incorporación responde a un intento de que actúe como «conseguidor», utilizando la agenda de contactos que ha logrado en sus años en la vida pública. Y, sin poner en duda la legalidad pero sí la ética de la operación, censuró que un diputado socialista salte a una empresa que ha recibido 19,7 millones de euros en ayudas y 2,2 millones en préstamos de Gobiernos del PSOE. Un «pago de favores» sobre el que emplazó a posicionarse a los dos aspirantes a liderar el partido en Asturias, el “sanchista” Adrián Barbón y el ya citado José María Pérez. En propio Trevín reconoce que algunos compañeros socialistas «se dedican con ahínco» a propagar estas «declaraciones y panfletos», que tienen «una clara intencionalidad política» de crítica personal y al partido en el que milita: «Ellos sabrán por qué lo hacen».

Curiosamente, mucho menos beligerante en su análisis fue el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que situó la decisión en la esfera privada y que, aunque admitió que puede ser algo más o menos estético, no apreció ningún indicio de “puerta giratoria”: «No es lo mismo que los expresidentes que dejaron lo público, que tenían sustento público y que se fueron a empresas sobre las que habían decidido», aseguró.

Como Clark Kent

Lo que está claro es que el término político “puerta giratoria” es un anglicismo no del todo acertado, porque una puerta giratoria, al fin y al cabo, te devuelve siempre al mismo sitio. A no ser, claro está, que entres como Clark Kent y salgas convertido en Supermán. O que de maestro de escuela pases a ser alto ejecutivo de una multinacional.

«Resulta algo evidente, que no precisa un gran esfuerzo argumentativo, que, si Asturiana de Laminados ficha ahora como directivo a Antonio Trevín para dirigir su “expansión comercial en Hispanoamérica”, no lo hace por su carrera profesional como maestro, ni por su formación en magisterio, que nada tienen que ver con la rama de actividad de la empresa», señala Javier Álvarez, jurista de la Administración del Principado y portavoz del Conceyu por Otra Función Pública. Para este especialista, los casos de “puertas giratorias” solo merecen realmente ese nombre «cuando comportan un riesgo de conflicto de intereses y/o de tráfico de influencias» y, en este sentido, el fichaje de Trevín por ASLA «debe considerarse como caso de “puerta giratoria”, porque se trata de un político con múltiples y relevantes cargos públicos previos, cuyo ingreso en una empresa privada comporta un apreciable riesgo de “tráfico de influencias” en un sentido amplio, es decir, de utilizar su cartera de contactos e influencias para obtener beneficios para la empresa que lo contrata. Y ello, con independencia de que no incurra en ninguna causa legal de incompatibilidad con el fichaje por ASLA, circunstancia esta que, lejos de despejar las dudas sobre la inconveniencia del fichaje desde el punto de vista de la ética pública, viene a poner de manifiesto con toda crudeza la laxitud del régimen jurídico que actualmente regula estas cuestiones de gran importancia para la higiene y calidad democrática de un país».

Antonio Trevín ejerció como maestro, según la trayectoria profesional que hizo pública tras las críticas recibidas, durante ocho años y medio, en Candás, Hontoria y Purón. Luego lo haría en Vidiago. Se afilió al PSOE el Año de la Victoria, 1982. Después ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Llanes (1983-1985), director provincial de Educación en Asturias (1985-1987), alcalde de Llanes (1987-1993), presidente del Principado de Asturias (1993-1995), diputado y presidente del grupo socialista en la Junta General del Principado (hasta 1999), otra vez alcalde de Llanes (1999-2004), delegado del Gobierno en Asturias (2004-2011) y finalmente diputado por Asturias en el Congreso de los Diputados (2011-2017). Su paso por el Oriente asturiano dejó como rastro una inmensa red clientelar, así como dos planes de ordenación urbana que fueron tumbados por los tribunales, en especial por sus cuestionados convenios con particulares (véase ATLÁNTICA XXII número 16, septiembre de 2011).

En su descargo, Trevín indica que «la cotización que por mí hicieron las diferentes Administraciones fue siempre como maestro y me siento muy honrado por ello. En cuanto a mis salarios fueron los establecidos por la legislación vigente en los casos que así estaba establecido. En la Alcaldía, cobré lo mismo que como maestro me correspondía. Después de estos años la jubilación que pudiera corresponderme sería la de maestro, ya que el derecho a pensión máxima, por haber estado unos años en el Congreso, fue abolido en 2012. Por tanto nada hay que ocultar, ni en el pasado ni en lo que ahora debe venir, por lo que dejo constancia de todo ello», afirmó en un comunicado hecho público en las redes sociales, a cuya sentencia final se mantuvo fiel ante la llamada de esta revista: «Por mi parte es todo lo que tengo que decir. Ahora y en el futuro».

Pago en diferido

Trevín defiende con ahínco que «mi incorporación a ASLA no tiene ninguna incompatibilidad legal, según me indicaron los servicios jurídicos de la Cámara, y la empresa, una sociedad anónima que cotiza en bolsa, no recibió ninguna ayuda que por mí fuera informada o resuelta. Las recibió, como el resto de empresas en sus mismas circunstancias. Y de Administraciones diferentes, unas encabezadas por el PSOE y otras por el PP».

Lo que no cuenta es que, en su condición de diputado, planteó varias preguntas en el Congreso, en los años 2012 y 2013, sobre la financiación pública del polígono industrial de Villallana, en el que se había instalado Asturiana de Laminados sin la preceptiva urbanización de las parcelas, que no tiene el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). O que el 13 de octubre de 2016 hacía como diputado una visita a la fábrica en Villallana que era difundida como publirreportaje, solo con fotos, por La Nueva España. «No estamos diciendo que de las preguntas parlamentarias formuladas por Trevín se derive algún tipo de irregularidad», indican desde el Conceyu por Otra Función Pública. «Lo que señalamos es que el fichaje como directivo por la empresa ASLA puede interpretarse ahora como un pago en diferido en agradecimiento por los servicios prestados como parlamentario». Se da la circunstancia de que la empresa ya había contratado en 2015 a otro político del PSOE, Jaime Rabanal, que había sido consejero de Hacienda, a pesar de que ASLA había tenido participación pública del Principado a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y de la Sociedad Comarcas Mineras (Sodeco). Rabanal dejó su cargo en la compañía asturiana el pasado 22 de junio, tras ser elegido como experto por Castilla y León para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Según Trevín, es cierto que ASLA recibió fondos mineros, pero «es un ejemplo demostrativo de que también hay proyectos exitosos que han logrado diversificar el tejido de las comarcas mineras». Algo que cuestionan los detractores del fundador de la empresa, Macario Fernández, que le consideran un empresario «caza subvenciones», en la línea de otras empresas financiadas con cargo a los fondos mineros como Alas Aluminum, Venturo o Kerkus. Ponen como ejemplo su proyecto anterior, Metazinco, empresa creada con dinero de estos fondos y desaparecida en 2010. La aventura finalizó con el cierre de la empresa y el despido de sus 25 trabajadores, a los que se dejaron a deber 334.000 euros de indemnizaciones. La plantilla inició una serie de movilizaciones cuando, tras un año de espera, no recibieron el dinero debido, pese a que, por aquellas fechas, el Principado avaló a ASLA, la nueva empresa de Fernández, con una cláusula por la que 250.000 euros debían reservarse para abonar las indemnizaciones. Posteriormente el nuevo Gobierno autonómico de Foro Asturias le avaló para un nuevo crédito de 1,5 millones de euros, que se esfumaron misteriosamente en dos semanas, nuevamente sin haber pagado a los despedidos. Podemos ya ha solicitado información al respecto en la Junta General.

Anteriormente, Macario Fernández, que tampoco respondió a la llamada de ATLÁNTICA XXII, había sido presidente del Polígono Industrial de Olloniego. En 2002, el propio PSOE sospechaba de su relación con el entonces alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, al que acusaba de tener una «trama político-económica-caballar que va más lejos» del municipio de Oviedo y llega hasta «la pedanía leonesa de Vega de Viejos». En esa localidad residía entonces Fernández, que realizó junto a una abogada asturiana toda las gestiones de adquisición de terreno, construcción de naves y solicitud de licencias, según confirmó el Ayuntamiento de Cabrillanes al Diario de León. El proyecto «para cebo de ganado vacuno» estaba cofinanciado por el programa de desarrollo alternativo de las comarcas mineras y contó con una subvención concedida en 1999 de 117.197 euros y de 143.519 euros en el 2000. El PSOE consideraba que Gabino de Lorenzo tenía en Cabrillanes «una sucursal de su cuadra, instalada y construida en un espacio protegido, y subvencionada con fondos mineros de Castilla y León». Los socialistas aseguraban que De Lorenzo y Macario Fernández tenían negocios conjuntos a nombre de la sociedad Pico Prieto y creían que las «prisas» del Ayuntamiento de Oviedo para aprobar la exención de impuestos hasta 2007 de las parcelas del polígono de Olloniego que presidía Fernández justificaban otros favores, como la cría de caballos del alcalde de Oviedo, del PP.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 52, SEPTIEMBRE DE 2017