Fiscalía investigará a Política Llingüística

De izquierda a derecha: Miguel Rodríguez Monteavaro y Xosé Miguel Suárez, ‘Tapia’, durante la presentación el pasado mes de febrero del Atlas Linguístico del Occidente asturiano. También están el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, la editora Esther Prieto y el filólogo Ramón d’Andrés.

 Redacción.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Oviedo ha condenado al Servicio de Política Llingüística del Principado a pagar un encargo sobre toponimia que acabó rechazando y remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias la sentencia y el expediente administrativo, “para depurar, en su caso, las responsabilidades penales en las que se pudiera haber incurrido”.

El juez Miguel Ángel Carbajo Domingo resolvió así el pasado mes de febrero una denuncia de Miguel Rodríguez Monteavaro, al que el Principado debe abonar los 4.900,50 euros a los que se había comprometido por un informe toponímico de los concejos de Villallón, Coaña e Illano.

Según la sentencia, Rodríguez Monteavaro recibió en 2015 para ello un encargo directo de uno de los funcionarios de Política Llingüística, Xosé Miguel Suárez Fernández, ‘Tapia’. Con la misma fórmula había realizado otros informes toponímicos –los que luego son sometidos a la decisión de los Ayuntamientos para su aprobación– en los años 2010, 2011, 2013 y 2014, que para el juez son “sustancialmente idénticos”.

Inverosímil y esperpéntico

Pero, en esta ocasión, Política Llingüística se desentendió del informe, que acabó siendo adjudicado a la empresa Ideas y Futuro Ingenierías SL, que ganó un concurso a pesar de no tener experiencia alguna en trabajos de toponimia. La sentencia rechaza con contundencia la tesis del Principado, que alega que no hizo el encargo. Indica que es evidente que lo hubo, lo que avalan whatsapp y correos electrónicos que aparecen en el expediente administrativo, dando además por acreditados otros contactos con ‘Tapia’.

En un párrafo de la sentencia el juez indica que “en modo alguno podemos compartir la tesis de la demandada, que resulta ciertamente inverosímil, cuando no quimérica y esperpéntica, y es que pretender querer trasladar la idea de que el señor Rodríguez Monteavaro tuvo la ocurrencia de realizar un trabajo como el que posteriormente presentó a la Administración, sin concierto y encargo alguno por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma, resulta inverosímil en todos sus extremos”.

Miguel Rodríguez Monteavaro indicó a esta revista que tras la entrega de su trabajo en octubre de 2016 en Política Llingüística le indicaron que se celebraría un concurso, pero que lo ganaría, aunque era preciso que consiguiese que se presentasen también otras ofertas de precio superior. Lo que haría, presentándose dos ofertas superiores en cuantía de otros trabajadores autónomos. “Fice lo que me mandaben”, dice. Pero ese concurso finalmente lo ganó Ideas y Futuro Ingenierías SL.

Rodríguez Monteavaro asegura que recibió presiones y amenazas de Política Llingüística para que no denunciase su caso. “Me dixeron que si reclamaba nun me seguirían contratando”, asegura. También dice que fueron amenazadas otras personas con argumentos similares que fueron a declarar al Juzgado en su favor.

Posible infracción penal

En la sentencia el juez Carbajo Domingo indica que los procedimientos irregulares que sanciona son habituales desde hace años en Política Llingüística. “Del conjunto de la prueba documental aportada y de los testimonios vertidos en este recurso, resulta acreditado que la Administración ha venido encargando durante los años precedentes, al recurrente y a otros profesionales, la realización de trabajos de toponimia de manera si se quiere informal o al margen de todo procedimiento, pues es un hecho probado que se realizaban los trabajos sin que tan siquiera existiese una apariencia formal de procedimiento contractual”.

Y por ello, concluye el juez, “amén de lo anterior, y dado que se observa una total y absoluta omisión del procedimiento de contratación de los trabajos del recurrente, tanto en este ejercicio como en los anteriores, lo que podría ser constitutivo de infracción penal, procede remitir testimonio de esta sentencia y copia del expediente administrativo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia”.

“Tomamos la decisión más transparente”

En su día el consejero de Cultura, Genaro Alonso, de quien depende el Servicio de Política Llingüística, negó, preguntado por Podemos en la Junta General del Principado, tener conocimiento alguno de este asunto.

Por su parte el director de Política Llingüística, Fernando Padilla, dijo a esta revista que no tiene constancia del encargo a Rodríguez Monteavaro. Discrepa de “los planteamientos” de la sentencia, pero la acatará y la ejecutará, poniéndose a disposición de la Fiscalía del TSJA “pa pasa-y la información que faiga falta”. Niega que haya en su departamento contrataciones irregulares (“ta too regulao”) y recuerda que Ideas y Futuro Ingeniería SL se presentó a otros tres concursos, aunque solo ganó este.

Padilla no duda de la calidad de los trabajos de Rodríguez Monteavaro, que califica de “buenos”, pero defiende la decisión tomada y sancionada por la Justicia. “Tomamos la decisión más transparente. Ficieron la ufierta más ventaxosa pa la Administración. Nun se discute que Rodríguez Monteavaro tenía el trabayu fechu”.

También dice desconocer el director cualquier tipo de presiones o amenazas al autor del informe rechazado.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 55, MARZO DE 2018