Fondos mineros: fracaso, despilfarro y corrupción

Los trabajadores de Alas Aluminium se movilizaron activamente contra el cierre, denunciando la gestión empresarial. En la foto se manifiestan en Oviedo. Imagen de Mario Rojas

Los fondos mineros fueron una lluvia de millones que cayeron sobre
Asturias a costa del cierre de la minería. Iban destinados a la reindustrialización de las cuencas mineras para sustituir con nuevas empresas y sectores a los pozos mineros condenados al cierre por las imposiciones de la Unión Europea y las nuevas políticas energéticas. Pero ahora, dos décadas después, el balance que se puede hacer de los fondos mineros, pactados entre el Ministerio de Industria y los sindicatos, con el apoyo del Principado, es desolador.

No hubo reactivación económica, sino «el coge el dinero y corre» de muchos empresarios que aprovecharon las subvenciones públicas para enriquecerse y montar empresas artificiales que acabaron fracasando y enviando al paro a sus trabajadores. La lista es extensa.Por poner los ejemplos más conocidos,  Venturo XXI recibió 1,36 millones, creó 73 empleos y todos acabaron en el desempleo con su cierre. Laboratorios Diasa recibió 3,4 millones, creó 90 empleos y también cerró. Autotex, 3 millones, 250 empleos y también clausurada. Kerkus Metal, 3,5 millones y lleva despedidos a 56 de sus 78 trabajadores. Otras empresas, como Rioglass, resisten, pero su futuro no parece precisamente clarificado: 9 millones de inversión y su plantilla de 180 trabajadores acumula tres expedientes de regulación de empleo.

Pero el caso más emblemático es probablemente el de Alas Aluminium, porque era el proyecto más ambicioso. Recibió 13,5 millones de euros y acabó enviando al paro a sus más de 250 trabajadores, tras una nefasta gestión llena de motivos para la actuación de la justicia. ATLÁNTICA XXII se ocupó del caso de Alas Aluminium en su número 21, en julio de este año, por ser tan esclarecedor en relación al escándalo de los fondos mineros. Lo reproducimos a continuación.

Denuncian ERES fraudulentos con fondos mineros

Una denuncia por ERES fraudulentos es el último capítulo de la escandalosa historia de Alas Aluminium, el caso más significativo entre las empresas que protagonizaron en Asturias un verdadero saqueo a los millonarios fondos mineros. No es la única, porque fraudes similares supusieron otras como Venturo XXI, Diasa o Rioglass, también financiadas con esos fondos públicos. Pero Alas es la más importante y la más emblemática: un modelo de gestión empresarial corrupta desde su nacimiento, lastrado por contrataciones a dedo dictadas por cuotas políticas o sindicales. La aventura de esta empresa que fabricaba perfiles de aluminio se dejó por el camino casi 100 millones de euros.

Información elaborada por Idoya Rey, Fernando Romero, Luis Feás y Xuan Cándano.

El pasado 7 de mayo se presentó en el Principado, tanto en Presidencia como en la Consejería de Economía, una denuncia de posibles Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) fraudulentos en la empresa langreana Alas Aluminium. En nombre del pequeño partido nacionalista Ensame Socialista Astur, Pachu Llavandera Díaz firmaba la denuncia en la que apuntaba a que el fraude consistía en prejubilaciones ilegales de personas que no trabajaron en la empresa «ligadas a sindicatos y partidos». «Este fraude -especificaba- consiste en la contratación ficticia durante unos meses de un sindicalista, político, familiar o amigo», para después incluirlo en el ERE. La denuncia apuntaba a Alas, aunque no excluía que pudiesen darse otros casos en otras empresas con participación pública, y solicitaba una investigación aclaratoria.

Pero ni el anterior Gobierno asturiano de Foro Asturias ni el actual del PSOE abrieron investigación alguna ni contestaron al escrito. El consejero de Economía, Graciano Torre, que autorizó los ERES denunciados en su primera etapa en el cargo, no quiso atender a esta revista para dar su opinión. Se remitió al director de Trabajo, Antonio González, que también volvió a ocupar el cargo ahora en el equipo de Torre. González descarta cualquier irregularidad administrativa, pero no que «se pueda haber colado alguien que no estuviera en la empresa». «Eso tendría que decirlo el INEM», sostiene.

Cuotas y parientes

Al margen de lo que pudiera aclarar el INEM o una investigación judicial, en las cuencas mineras, y especialmente en el valle del Nalón, es difícil dar con alguien que rechace tajantemente la posibilidad de que la acusación sea fundada. Es un secreto a voces, admitido por muchos de los beneficiados, que gran parte de las contrataciones de la empresa semipública Alas Aluminium (49% estatal) fueron hechas, desde que nació en 2005, a dedo, y favorecidas por partidos y sindicatos. Había incluso cuotas sindicales de contratación, que aparecían en los ordenadores de la empresa: 125 colocados a través de UGT y 70 a través de CCOO.

El listado de familiares de políticos o sindicalistas contratados es largo y significativo. Abundan los socialistas (del PSOE, SOMA o UGT), pero tampoco faltan los relacionados con CCOO, IU e incluso el PP. Entre ellos están las hijas de los entonces alcalde socialista y secretario general del PSOE de Siero, Juan José Corrales y Juan José Corriols, respectivamente, lo que se explica porque la primera ubicación prevista para Alas Aluminium era Lieres. También trabajaron en la empresa un hijo y una hija de Constantino Fernández, secretario general del PSOE en Langreo, y una hija del que fuera diputado autonómico José Amado Mallada, vinculado al SOMA. En algunos casos se trataba de la pareja, como la esposa del secretario de la Federación de Industria de CCOO en el valle del Nalón, Juan Vaisaneque. Tampoco faltaban cargos públicos, como la concejal de IU en San Martín del Rey Aurelio Flor Alonso. Influyente en las contrataciones era al parecer José Antonio Martínez, entonces portavoz del PP en Langreo y ahora diputado autonómico de Foro Asturias. «Todo el mundo metió su cuota», dice en referencia a partidos y sindicatos un importante político, que reconoce haber recomendado a sus familiares al primer director de la empresa, «aunque eso no me obliga a nada: yo no caigo en la indignidad porque no me da la gana». También reconoce que esas prácticas son nefastas social y moralmente, pero están totalmente extendidas en las cuencas.

Un trabajador de Alas, Miguel Fernández, miembro del primer comité de empresa por CCOO, recuerda que «mucha gente tenía un contacto para entrar y entraron, pero a otros no se les arregló». En su caso confiesa que lo intentó «en el PSOE y la UGT y no lo conseguí».

En cambio René Rendal movió más teclas, en partidos y sindicatos, «aunque no tengo claro quién me metió». Como todo el mundo pasó unos cursillos, pero «eran una comedia», confiesa. Opina que «el SOMA es la ETT [Empresa de Trabajo Temporal] de Hunosa y de todas las empresas que viven a su alrededor». En las cuencas estos hábitos están muy asumidos. El concejal del Frente de Izquierdas en Langreo, Xandru Fernández, habla de una «red clientelar» formada por «empresas en las que no entra nadie que no esté ligado al SOMA o al PSOE», aunque admite que CCOO, IU y otras organizaciones no son ajenas a ello.

Héctor Palacio, portavoz de la Asociación de Parados del Valle del Nalón ADEPAVAN, dice que «es algo normal en la cuenca y viene de los años ochenta: pa entrar a trabajar hay que pagar un peaje político o sindical».

Despilfarro e incentivos Las cuotas políticosindicales son una de las causas que explican que Alas estuviese sobredimensionada desde el principio, con una plantilla que llegó a rozar los 400 trabajadores. «Éramos tantos que nos estorbábamos para trabajar y las grúas chocaban entre ellas», recuerda Daniel Martín.

David Castaño asegura que «el jefe de mecanizado era un camarero del bar donde comía el director industrial; entró y al poco era jefe y me consta que en mecanizado había gente con el grado de formación profesional, gente muy preparada».

Este tipo de relatos es habitual entre quienes trabajaron en Alas, «donde todo era un poco surrealista», contaba en un texto publicado en La Nueva España en enero del año pasado Irma María Fernández, que fue despedida de la empresa, lo que provocó movilizaciones de sus compañeros, entre los que gozaba de aprecio personal y profesional. Explicaba que la gestión empresarial era «un despropósito» y aludía a directivos con «sueldos millonarios, lujosos coches de renting con revisiones, cambios de aceite, ruedas, gasoil y demás incluidos, tarjetas de crédito, blackberry’s, portátiles, comidas a la carta diarias…. todo a costa de la empresa», además de viajes internacionales inútiles.

Esta revista pudo conocer, por los propios documentos de la empresa, la retribución que tenía en 2007 el primer director de la empresa, Julio Blanco. Una fija de 55.000 euros más IPC, una variable de 35.000 euros brutos, un seguro de vida, más una parte variable condicionada a la producción y las ventas. También «se establece una prima de hasta un máximo del 20% más para todos los objetivos que sobrepasen las cifras pactadas, sobre el total de la retribución». La liquidación de la retribución variable en 2006 fue de 23.000 euros.

La muerte de Julio Blanco fue un duro golpe para las expectativas de la empresa, según coinciden muchas personas consultadas para la elaboración de este reportaje, que creen que su desaparición precipitó la hecatombe final. Lo de los incentivos salariales a la producción da que pensar en una empresa donde parecía haber mucho más interés en producir que en vender. Los trabajadores asistían asombrados a la continua acumulación de stocks. «Era infinito», recuerda René Rendal. Daniel Martín tiene clara la explicación: «Los perfiles se acumulaban no para la venta, sino para cobrar subvenciones».

No era ésta la única muestra de despilfarro. Daniel recuerda la compra de una máquina en Italia por 600.000 euros que no se utilizaba y «a los cuatro días estaba oxidada». Ese «pozo sin fondo, crónica de una muerte anunciada y elogio a la mala praxis en la gestión empresarial», en palabras de Irma María Fernández, acabó con el cierre de la empresa y con unas deudas descomunales, no precisamente para los seis socios privados de Alas, para los que esta aventura empresarial fue un buen negocio. De este desastre ya alertaba hacía tiempo una parte de la cúpula directiva, donde el enfrentamiento interno era evidente, según actas de reuniones a las que tuvo acceso esta revista.

Tres ERES

La empresa tuvo tres ERES, el primero en 2008 y el último en 2011. Este último ya afectó a la totalidad de la plantilla, de 273 trabajadores. Entonces las deudas de la empresa ya ascendían a 58,5 millones de euros y Alas entró en concurso de acreedores. En junio de 2011 fueron despedidos 174 empleados, quedando el resto regulados un máximo de seis meses, que no llegaron a cumplirse. En septiembre echaron a otros 55 y el 20 de noviembre a los 25 restantes.

La empresa está en manos de un Juzgado de lo Mercantil de Oviedo y se espera que decida la liquidación definitiva este mes de julio.

Se calcula que la deuda final supera los 70 millones de euros. El Principado, en contra de las recomendaciones de la Dirección General de Presupuestos, firmó un aval para la empresa que ahora, ante la liquidación final, tendrá que pagar: la cuantía asciende a 7.693.333 euros.

Todo muy aleccionador en la empresa puntera entre las surgidas de la iniciativa pública para la reindustrialización de las cuencas, lo que supuso una aportación de más de 16 millones de euros de fondos mineros.

A pesar de este escándalo tampoco ha habido investigación alguna en ámbitos institucionales. Una comisión de investigación que se planteó en el Ayuntamiento de Langreo fue vetada por el PSOE a última hora. Dicen que la alcaldesa recibió para ello una convincente llamada.

Beneficios privados

El 49% del accionariado de Alas Aluminium es público, a través de Hunosa y su filial Sadim y las sociedades públicas Sodeco y Sociedad Regional de Promoción. El resto (51%) está en manos de seis empresarios del sector del aluminio de Asturias: Grupo TAS, Fadasa, Alfer, Aluminios de Teverga, Edinain y Alucris. Todo les salió gratis, incluido el suelo, 103.140 metros cuadrados en la antigua escombrera del pozo María Luisa, en Ciañu. Según los trabajadores sus beneficios fueron cuantiosos. Irma María Fernández dejó escrito que nutrían «sus empresas particulares con los perfiles de Alas», con privilegios continuos en «precios y plazos». Miguel Fernández dice que «se subcontrataba innecesariamente para llenar los bolsillos de los socios». También sostiene que para ellos «salían pedidos sin registrar». Daniel Martín tiene visto comercializar material salido de Alas «con otro logotipo».