Funcionarios corruptos

Francisco González en el TSJA. Fue condenado por incrementar fuera de nómina las retribuciones de policías locales cuando era alcalde de Cudillero. Foto / Mario Rojas.

Javier Álvarez Villa / Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y miembro del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN).

Aunque hay numerosos casos pendientes de sentencia judicial (Villa, Marea, El Musel, Aquagest…) llama la atención que en Asturias apenas haya políticos condenados por corrupción, frente a un buen número de funcionarios depurados por la Justicia. La corrupción funcionarial tiene una gran relevancia, aunque pasa más desapercibida que la política.

La exposición mediática de los escándalos de corrupción como un espectáculo en el que los protagonistas estelares son siempre los políticos, ha resultado muy útil para el poder corruptor integrado en el accionariado de los mass media. El show de la corrupción deja siempre en la sombra, fuera de los focos, a todos los grupos de presión con sus estrategias legalizadas para conseguir en beneficio propio desde leyes a la carta, hasta grandes obras públicas totalmente superfluas, y alimenta el infantilismo de la sociedad, que ha encontrado en la casta política corrupta de la telerrealidad al malvado culpable de todos los sufrimientos padecidos con la crisis económica.

Pero el enfoque reduccionista que identifica a los políticos con los corruptos también ha permitido pasar por alto el papel de otros colectivos con especial relevancia en la génesis y en el control, investigación y conocimiento de la corrupción pública, como los funcionarios, los jueces o los propios periodistas.

En lo que se refiere a los empleados públicos, algunos conocedores de la materia han venido advirtiendo, sin excesivo éxito, sobre la extensión del enchufismo, las recomendaciones o las influencias (políticas, sindicales, corporativas, etc.) en el acceso y promoción dentro del sector público, en sí misma una grave manifestación de corrupción, y su efecto corrosivo de los controles de la gestión administrativa al comprometer la imparcialidad de los trabajadores agraciados, propiciando comportamientos y prácticas corruptas. También se ha dicho que la corrupción política, en cuanto implica la utilización ilícita de bienes públicos, solo puede fraguarse con la connivencia, por acción u omisión, de los funcionarios que informan, inspeccionan o elaboran las propuestas de resolución de los expedientes administrativos en los que se deciden los beneficiarios de los recursos, aunque esta tesis no ha gozado tampoco de gran predicamento. Quien quiera conocer en profundidad el alcance de estos planteamientos puede consultar mi libro El botín de la Función Pública. Una aproximación al clientelismo laboral en la Administración asturiana, de descarga gratuita en la red.

Once casos nacionales

En los últimos años han salido a la luz algunas redes delictivas organizadas de empleados públicos, si bien con un tratamiento mediático mucho más discreto que el de los grandes escándalos políticos. Citaremos, sin pretensión de exhaustividad, once casos significativos que pueden servir para contextualizar el alcance del problema y poner en cuarentena algunos análisis apresurados que restan importancia a la corrupción funcionarial.

En noviembre de 2007 estalló el llamado “Caso Guateque” en el Ayuntamiento de Madrid, en el que la Fiscalía llegó a describir siete tramas de “tráfico ilícito de sobornos y favores” con 19 funcionarios municipales implicados que utilizaban sus cargos públicos para lucrarse; en marzo de 2011 se descubrió una trama integrada por 6 funcionarios de la Dirección Provincial de Industria de Zaragoza que exigía a empresarios del sector contraprestaciones a cambio de otorgar permisos para explotar canteras en zonas de esa provincia; en julio de 2013 un juez imputó a 6 altos funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid por la manipulación consciente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer a un determinado grupo de empresas constructoras; en noviembre del año 2014, en la denominada “Operación Enredadera”, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, se desmanteló una red de funcionarios que actuaban en trece provincias, recibiendo presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos, con 32 detenidos; en septiembre de 2015 una jueza de Vigo imputó a varios funcionarios de ese Ayuntamiento en la llamada “Operación Pato”, por irregularidades en la contratación pública, dentro de una trama que afectó a más funcionarios de otros Ayuntamientos de Galicia; en octubre de 2015 se hizo pública la imputación de 25 policías locales de Palma de Mallorca, integrados en una trama corrupta dedicada a tratos de favor y a la extorsión a empresarios del ocio nocturno; en ese mismo mes fueron detenidos 8 funcionarios del Ayuntamiento de Murcia por la comisión de presuntos delitos de cohecho y prevaricación en la compra de esculturas para las rotondas municipales; en el mes de marzo de este año 2016 la Policía detuvo a 4 funcionarios vinculados al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe en relación con presuntas adjudicaciones ilegales de obras; en el mes de mayo varios funcionarios de la Diputación de Lugo declaraban como imputados en la llamada “Operación Pulpo”, relativa a una presunta trama para manipular concursos y otorgar fraudulentamente subvenciones; en junio se conocieron los supuestos sobornos y malversación de fondos públicos en las obras de la estación del AVE en La Sagrera, Barcelona, con una presunta trama de pagos por parte de una importante constructora a funcionarios públicos de diferentes organismos, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento; también en el mes de junio la Audiencia de Barcelona condenaba a un red de funcionarios de prisiones y de policías corruptos a las órdenes de un narcotraficante.

Se trata de luces rojas de alerta que obligarían a tratar con mayor rigor la problemática de la corrupción funcionarial, si el combate de la corrupción pública fuera una preocupación real para la clase política institucionalizada. Pero ello pasaría obligatoriamente, aunque resulte muy improbable, por que los partidos políticos abandonaran su condición de agencias de colocación de militantes y simpatizantes en el sector público, por suprimir los nombramientos de funcionarios basados exclusivamente en razones de confianza personal o política, por eliminar el control político de la cúpula del Poder Judicial y de la Fiscalía o por descolonizar los organismos teóricamente independientes copados por cargos de confianza partidaria, aunque todas estas medidas servirían de bien poco sin cortar las conexiones que permiten que el poder económico imponga sus intereses particulares a los poderes públicos.

En Asturias

Centrándonos en Asturias, el chequeo que hemos podido realizar sobre lo que llamaremos la “verdad judicial” de la corrupción –la punta del iceberg de la corrupción realmente existente–, es decir, los hechos corruptos que se han declarados probados en una resolución judicial en los últimos 15 años, ofrece unos resultados que exigirían una reflexión más pausada.

Si reducimos los delitos de corrupción a aquellos en los que un cargo político o un funcionario se prevale de su posición para obtener un beneficio económico ilícito para el mismo o para terceros –malversación, cohecho, tráfico de influencias, estafa, fraude y exacciones ilegales, excluyendo sin embargo la prevaricación, al tratarse de un tipo delictivo con unas características distintas, que no comportan necesariamente la obtención de un beneficio económico ilícito–, encontramos en ese periodo, salvo error, nueve sentencias condenatorias de empleados públicos por una sola de cargos políticos. Todo ello sin perjuicio de lo que pueda resultar en un futuro en procedimientos penales en curso como el Caso Marea, su secuela conocida como la Mareína, sobre presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la Agencia de Consumo del Principado, la ampliación del puerto de El Musel, la trama del agua o Caso Aquagest, con sus diferentes ramificaciones, la “trama del cable” en la empresa pública del Principado GITPA, asuntos todo ellos pendientes de resolución judicial definitiva, o la investigación por la Fiscalía de la adjudicación a dedo de un contrato para la formación del personal en la empresa pública SOGEPSA, que, de momento, ya se ha cobrado el cese del gerente en el pasado mes de agosto.

En abril de 2001 la Audiencia Provincial de Oviedo condenaba por la comisión de varios delitos de cohecho a dos funcionarios. Uno del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en la Comisaría de Gijón, al que se impone una pena de cuatro años de prisión por haber recibido 11 millones de pesetas a cambio de entregar datos de personas privadas obrantes en la base de datos de la Policía a dos empresas dedicadas a la tramitación de reclamaciones; y otra del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con destino en Oviedo, que recibió al menos 192.000 pesetas a cambio de la entrega a las referidas empresas de datos reservados y a la que se impone una pena de un año de prisión.

En marzo de 2005 el Tribunal Supremo confirmaba la condena de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Oviedo en el año 2003 a la jefa de Contabilidad de la empresa pública Cogersa SA, por la comisión de sendos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos. Entre los años 1997 a 2001 simuló en 181 cheques la firma del gerente de dicha empresa pública, que luego cobraba por ventanilla en una entidad bancaria para su propio beneficio, obteniendo la suma de 535.506 euros (89 millones de pesetas).

En octubre de 2006 la Audiencia Provincial de Oviedo condenaba al secretario-interventor de Grandas de Salime entre los años 1998 a 2002 a dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al haberse apropiado de fondos municipales por importe de, al menos, 90.000 euros.

Por el mismo delito también fue condenado a dos años de prisión por la Audiencia Provincial el tesorero de Muros entre los años 1997 a 2004, periodo en el cual se apropió de más de 96.000 euros, que habría utilizado, según su declaración, para hacer frente a una hipoteca. Hoy sigue siendo empleado municipal pero en otro servicio, el de la basura.

En febrero de 2007 la Audiencia Provincial de Oviedo condenaba a un año y seis meses de prisión al jefe del Servicio de Personal del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea entre 1994 y 2005 por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos consistente en ordenar a su favor durante en ese periodo pagos en nómina no justificados por importe de 51.048,88 euros.

De julio de 2007 data la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo condenatoria de un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, con destino en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Mieres, a un año y seis meses de prisión. Este funcionario, entre los años 2005 y 2006, destinó para uso propio distintas sumas de dinero procedentes del pago de multas y cuantías por responsabilidad civil. La sentencia declara responsable a dicho funcionario de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

También cometió malversación de caudales públicos el tesorero del Ayuntamiento de Pravia entre los años 1991 y 2003, por desviar 8.333,45 euros de las arcas municipales en su propio beneficio, siendo condenado por la comisión de este delito en sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de mayo de 2009 a dos años de prisión.

En marzo del 2010 la Audiencia Provincial de Oviedo condenaba a dos años de prisión a un funcionario del Cuerpo Auxiliar de Calificación y Reparto de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, con destino en calidad de director en la oficina de Correos de Infiesto, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, por apropiarse entre los años 2007 y 2008 de más de 35.000 euros de dinero público al que tenía acceso en ejercicio de su profesión.

Por último, en noviembre de 2015 la Audiencia Provincial de Gijón condenó a cinco años de prisión como autor de un delito de estafa en concurso medial, con un delito continuado de falsedad en documento oficial, al jefe del Departamento del Conocimiento de la Autoridad Portuaria de Gijón, empleado laboral fijo de este Organismo Público estatal, por confeccionar entre los años 2005 al 2011, de manera mendaz, 37 facturas por importe de 260.000 euros por supuestos servicios prestados a ese organismo. De acuerdo con la información publicada en la prensa con posterioridad a dicho fallo, el condenado habría recurrido la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la misma aún no sería firme. En este caso concurre la jocosa circunstancia de que este empleado público había sido premiado en el año 2009 por la Autoridad Portuaria de Gijón por sus aportaciones profesionales a ese organismo.

Por lo que se refiere a cargos políticos, en marzo de 2016 el Tribunal Supremo confirmó la condena de multa y suspensión de empleo o cargo público impuesta por el TSJA en 2015 al alcalde de Cudillero Francisco González ‘Quico’ y a una concejala, por un delito de exacciones ilegales consistente en cobros ilegales a propietarios de “chiringuitos” para poder instalarse en la zona del puerto, que luego se destinaban a incrementar las retribuciones fuera de nómina de la Policía Local.

Si en Asturias apenas ha habido, hasta ahora, políticos condenados por obtener beneficios económicos ilícitos para sí o para terceros aprovechándose de su cargo, ¿puede decirse que los políticos asturianos están libres de esa lacra que azotaría a la clase política española, o acaso las mecanismos existentes aquí para la detección, investigación y control de la corrupción delictiva son un auténtico coladero por el que se escapan impunemente las prácticas corruptas?

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 46, SEPTIEMBRE DE 2016