La corrupción entra en campaña

Pedro Castillejo se defiende en rueda de prensa. Foto / Iván Martínez.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Sea casualidad o causalidad, el inicio de la campaña electoral del 20-D coincidió con la festividad de Santa Bárbara, de la que solo nos acordamos cuando truena. Todos menos los mineros, que la tienen como patrona. “Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros”, entonaban las masas en Madrid puño en alto con la llegada de la marcha negra.

Será casualidad o causalidad, pero ayer, día de Santa Bárbara, a primera hora de la mañana, cuando los primeros carteles electorales inundaban las calles, Pedro Castillejo convocó una rueda de prensa en el despacho de su abogado en Oviedo para salir al paso de la querella que le puso el SOMA-UGT por su supuesta implicación en el Caso Villa. También ha sido denunciado por el sindicato que dirigió durante tres décadas el propio José Ángel Fernández Villa, investigado por la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá, que lleva más de un año con este asunto.

Castillejo era otro de los estrechos colaboradores de Villa, al que debe todo en su dilatada carrera sindical, en el SOMA, en UGT y los últimos años como secretario de Infide, la fundación cultural del sindicato minero socialista. Tras una auditoría interna encargada a la empresa Ontier, el SOMA reclama a Villa 360.000 euros de gastos sin justificar (comida, ropa y puros entre otros) y a Castillejo 68.600, en este caso por siete años de gestión en Infide.

Castillejo reconoce que son gastos sin justificar y aludió a kilometrajes y comidas, aunque en el desempeño de su cargo. Asegura que nunca tuvo sueldo por sus cargos, porque cobraba como liberado sindical y más tarde como prejubilado de la mina. También admitió gastos en material y comidas durante la marcha minera a Madrid, algo injustificable en una fundación cultural. Pero dice que todo fueron errores contables, no apropiación indebida, administración desleal y/o falsedad en documento mercantil, como sostiene el SOMA en su denuncia.

Y también lanzó sus propios truenos al SOMA y al PSOE, de los que se dio de baja, en este último caso con una carta enviada al secretario general del partido en Asturias y presidente autonómico Javier Fernández. Dice que las cuentas del Infide eran aprobadas por los responsables del sindicato y que algunos de los que ahora se querellan contra él desde la dirección del SOMA se beneficiaron de los gastos no justificados, como el secretario de organización José Luis Roces, invitado junto a su mujer a una cena durante la marcha minera.

Castillejo pide otra auditoría, pero una más amplia que incluya a todas las organizaciones del SOMA, que son varias, porque legalmente pervive la anterior a la fusión de la minería con otros sectores. Y mantiene su fidelidad a Villa, sin entrar en su supuesto enriquecimiento ilícito, algo que le parece imposible de alcanzar sin la colaboración de otros responsables del SOMA.

Si alguien quería obviar la corrupción durante la campaña electoral, ahí está Castillejo para abortarle los planes. Javier Fernández, que comenzó su carrera política a la sombra de Villa, no soporta alusión alguna a los turbios asuntos que salpican a su partido y que están siendo investigados por la justicia, pero la lista no para de crecer.

El juicio del Caso Marea, en el que están implicados el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre y su mano derecha María Jesús Otero, se iniciará a principios del próximo año. En la Audiencia Nacional avanza el Caso El Musel de los 250 millones de euros en sobrecostes en el puerto de Gijón, un supuesto fraude de dinero comunitario que de confirmarse sería la cuarta parte del total registrado en la UE el año pasado. En un juzgado de Avilés se estrecha el cerco sobre Natalio Grueso y sus colaboradores en el Centro Niemeyer, una supuesta malversación de fondos públicos durante el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces.

En la precampaña asturiana la corrupción azotó al PP por el Caso Aquagest, una rama del Caso Pokémon que afecta a dirigentes populares como el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, acusado por un juzgado de Lugo de participar en “putiferios” durante viajes al extranjero pagados por la empresa.

En esos casos hay mordidas, tramas organizadas para sobornar a políticos y funcionarios y transversalidad, porque afectan a las Administraciones y a los dos grandes partidos, siempre con su financiación ilegal bajo sospecha, aunque a veces es incluso evidencia.

Celia Villalobos es un poco cándida, o nos toma por tontos a los ciudadanos, si cree que la corrupción se debe a comportamientos personales de algunos desalmados que padecen los partidos. Y más inocencia demuestra aún si cree que los partidos que entren por primera vez en el Congreso se van a dejar la “demagogia” de la corrupción a la puerta. De momento ya se coló en la campaña el día de su inicio, como un trueno por Santa Bárbara.