La Guardia Civil eleva a 1,3 millones lo desviado por UGT-Asturias

Domingo Goñi, de AVALL, durante la rueda de prensa de ayer en Oviedo, junto con representantes del OCAN y Vecinos de Gillón-Fuentes del Narcea. Foto / Rafa Balbuena.

La acusación particular contra UGT-Asturias por un supuesto fraude de subvenciones en cursos de formación del sindicato hizo público ayer un informe de la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil (UCO), que añade «más gravedad, más dinero desviado y más profundidad a todo este escándalo», según su portavoz, Domingo Goñi, que cifró en 1,3 millones de euros lo desviado por el sindicato en Asturias.

Rafa Balbuena / Periodista.

1.300.000 euros del erario público empleados en actividades sin justificar, eliminación intencionada de documentos comprometedores e información desplazada fuera de Asturias para entorpecer las investigaciones policiales. Ese es el balance que la acusación particular del caso UGT-Asturias hace de un nuevo informe pericial de la Guardia Civil, a raíz del escándalo que estalló en enero de 2017 pero del que ATLÁNTICA XXII llevaba informando desde 2013 (https://www.atlanticaxxii.org/atlantica-xxii-lleva-desde-2013-destapando-la-corrupcion-ugt-asturias/), lo que le costó a esta revista una persecución que acabó en los tribunales (https://www.atlanticaxxii.org/las-lecciones-del-caso-ugt/) y tuvo que ser finalmente zanjada por el Tribunal Supremo (https://www.atlanticaxxii.org/supremo-da-la-razon-atlantica-xxii-caso-donaire/).

«Estamos ante un proceso cuyo origen viene de muy atrás, y se puede deducir que será largo, con profundidad y con complicaciones», tal y como señaló Domingo Goñi, portavoz de Amigos y Vecinos de Llanes (AVALL), que junto con el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) y la Asociación de Vecinos y Amigos de Valles de Gillón-Fuentes del Narcea, ejercen de acusación particular del caso.

Estas declaraciones fueron vertidas en una rueda de prensa celebrada ayer jueves ante la Consejería de Industria, a fin de mostrar algunos datos extraídos del citado informe redactado por la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil. El texto, que ocupa cerca de 200 páginas, detalla la existencia de nuevas irregularidades «como la destrucción de documentos, eliminación de datos, rotura de ordenadores y traslado de información comprometida a la sede de Madrid». Goñi apuntó a unas formas de ocultación similares a las del caso Bárcenas en el PP, aunque con un trasfondo diferente, ya que el portavoz de los tres colectivos observó que «la UGT, si realmente defiende como dice a los trabajadores, debería pedir perdón de inmediato y devolver ahora mismo todo este dinero, que procede de los impuestos de la ciudadanía», indicando además que «debería hacerlo incluso antes de que se celebre juicio».

En cuanto al procedimiento empleado para los supuestos desvíos, la acusación particular considera que «es una trama que se va configurando con tiempo, donde aparecen varias empresas de la UGT destinadas a locales, cursos o materiales y que se han ido utilizando para conseguir más subvenciones». A la luz del informe de la UCO, cuyo trabajo Goñi valoró como «muy importante», las tres entidades de la acusación particular estudian ahora la interposición de más acciones judiciales contra UGT. Mientras se decide esta cuestión, Goñi hizo un llamamiento «para que se reanude la investigación sobre el caso desde la Junta General del Principado», aduciendo que, como atribución propia de la Cámara, «ayudaría a que se conociesen públicamente y ante la ciudadanía más detalles de este proceso tan vergonzoso».

Preguntado por la postura de UGT sobre este particular, Domingo Goñi lamentó no conocer ninguna explicación convincente por parte de la cúpula asturiana del sindicato, aunque señaló que unas recientes declaraciones de Cándido Méndez, alabando los últimos años de gestión de la central sindical, «son significativas» del cariz de este asunto, toda vez que «demuestran que desde Madrid no se ha hecho nada por atajar este escándalo».