La herencia del PP: “Que paguen ellos”

Unas monjas firman en Oviedo para que el pago por Villa Magdalena lo asuman los políticos que lo provocaron.

Lucía Naveros / Periodista.

La sentencia de Villa Magdalena, que obliga a pagar en total más de 60 millones de euros, encendió la indignación entre muchos ciudadanos, un cabreo que subió de temperatura a las pocas semanas, cuando otro fallo judicial dictaminó que el Ayuntamiento de Oviedo tendría que pagar 25 millones de euros a Jovellanos XXI por el Palacio de Congresos de Calatrava. “Son cantidades que asustan”, reconoció la propia presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, que pidió a Gabino de Lorenzo y a Agustín Iglesias Caunedo que dieran explicaciones a los ovetenses.

La reacción de Mercedes Fernández muestra abiertamente la profunda división interna del PP, pero también pone voz al sentir de muchos ovetenses: las cifras asustan, y los vericuetos jurídicos que las podrían explicar parecen irrelevantes. “La gente no se mete en si consignaron, en si retasaron, en cómo lo hicieron. Ven que esa biblioteca nos va a costar 60 millones, y que eso es un disparate, una barbaridad. Cuesta tanto como el nuevo Hospital Álvarez Buylla. Por eso muchos se animan a firmar, de todos los colores políticos”, asegura Daniel Latorre, un vecino de La Corredoria que forma parte del movimiento que ha iniciado una recogida de apoyos y que ya han presentado un millar de firmas. “Queremos que nos reciba Mercedes Fernández, porque nos parece muy importante que los responsables de todo esto asuman consecuencias políticas. No han dado ni una sola explicación, y han tenido la desfachatez de decir que habían preparado económicamente al Ayuntamiento para encajar estos pufos. Es indignante por partida doble”, asegura Latorre.

Los vecinos piden al Gobierno ovetense que actúe para conseguir “que paguen ellos”. “Queremos que se haga todo lo posible para que asuman responsabilidades patrimoniales por su gestión. Deben asumir también responsabilidades políticas”, añade el dirigente vecinal.

El PP de Oviedo, por su parte, insiste en que fueron decisiones judiciales difíciles de prever. En el caso de Villa Magdalena, comparan su evolución con la adquisición del palacete de La Lila, que no costó dinero (al margen de la obra de rehabilitación) ya que se hizo a través de un convenio urbanístico. Y culpan a los partidos que entonces estaban en la oposición, PSOE e IU, de forzar la vía expropiatoria para el palacete de avenida de Galicia.

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, socialista de viejo cuño que durante todos esos años siguió activamente la evolución de la política local, ha anunciado una auditoría externa de todo el proceso, para evaluar si es posible pedir judicialmente responsabilidades patrimoniales, ya que se incumplió un acuerdo adoptado en Comisión de Gobierno en 1998, que obligaba a consignar, lo que hubiera dejado el “palo” en 11,2 millones de euros. La vicealcaldesa ovetense, Ana Taboada, de Somos Oviedo, ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del exalcalde y actual portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, una petición que comparten los terceros socios del Gobierno tripartito local, IU.

El exalcalde y exeurodiputado del PSOE Antonio Masip, a quien Gabino de Lorenzo culpó de la expropiación por haber previsto este mecanismo para el chalé en el PGOU que aprobó durante su mandato, ha dado un paso más y ha puesto el caso en manos de la Fiscalía del Principado de Asturias, que ha abierto diligencias de investigación. Masip pide en su denuncia ante la Fiscalía si la “reconocida mala gestión” del proceso expropiatorio, sobre todo la no consignación de la tasación inicial, puede ser constitutiva de delito.

Muchos de los que piden responsabilidades patrimoniales a Gabino de Lorenzo y su equipo por la gestión de la expropiación tienen la vista puesta en Vitoria, donde recientemente el Tribunal de Cuentas ha condenado a dos exalcaldes (el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto) a pagar 393.862 euros por “negligencia grave” al firmar un alquiler gravoso para las arcas municipales.

Entre tanto, el Gobierno municipal está buscando la manera de financiar el pago de la nueva tasación del palacete, que es lo más urgente, ya que se trata de un fallo firme, mientras que la sentencia del Calatrava ha sido recurrida, lo que puede dilatar el pago años.

El PP insiste en que Oviedo tiene capacidad para hacer frente a las sentencias judiciales, porque el anterior Equipo de Gobierno preparó para posibles contingencias de este tipo las arcas locales, mientras que el Gobierno aún no ha aclarado qué método utilizará (recortes de inversión, endeudamiento) para afrontar la deuda. El justiprecio aún no está oficialmente fijado, ya que la sentencia del Supremo se limita a reconocer el derecho a aplicar una fórmula de cálculo favorable a los intereses de la empresa de Del Fueyo, Comansa. Será cuando se aclare el incidente judicial de valoración, que ya está en marcha, cuando se defina la cantidad definitiva que habrá que pagar, y cómo. El Gobierno ovetense insiste en que en ningún caso acometerá recortes que afecten a las políticas sociales y a la calidad de los servicios públicos.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016